El cambio de una palabra en el texto de la Ley General de Comunicación Audiovisual que el gobierno espera aprobar en el Congreso de los Diputados este jueves ha provocado el rechazo unánime de todas las asociaciones españolas de productores de cine y audiovisual. Mañana, bajo el lema “Salvemos la democracia, salvemos la producción independiente”, estas asociaciones escenificarán su unión en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, donde se defenderá que la enmienda técnica que cambia la definición de productor independiente "puede acabar con la industria audiovisual de nuestro país tal y como la conocemos".

La liebre saltó ayer en el Festival de Cannes, cuando AECINE, DIBOSS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes, leyeron un comunicado conjunto en el que alertaban de que la ley, tal y como está redactada, puede suponer "el final de una industria floreciente y estratégica para el país y que pone en peligro nuestra diversidad cultural". El comunicado recibió en pocas horas la adhesión de las principales asociaciones de productores europeos, así como de la Academia de Cine y otras entidades del sector como Acción (Asociación que representa a un gran colectivo de directores), CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales) y APPA (Asociación de profesionales del Audiovisual).

En principio, el objetivo de la ley era precisamente proteger los intereses de los productores independientes. Por ello, obligaba a las grandes compañías de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO Max a destinar el 5 % de sus ingresos generados en España a financiar obras audiovisuales europeas. De ese 5 %, el 70 % iría a producciones independientes nacionales en español o en alguna de las lenguas cooficiales.

El problema viene por cómo ha acabado por definirse al productor independiente en el artículo 110 de la ley. En la actualidad, está redactado de la siguiente manera: ”Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”.

Donde ahora aparece el adjetivo “dicho” antes estaba el artículo indefinido “un”, lo que para los productores implica “un cambio de enorme calado con consecuencias muy graves, tanto para la producción independiente, como para el sector en su conjunto y la diversidad y creatividad de producción europea”, reza el comunicado leído en Cannes. “A pesar de que literalmente pueda parecer mínimo el cambio introducido, lo cierto es que modifica la obligación general de no vinculación con un prestador, al limitar dicha obligación de no vinculación, exclusivamente, respecto del prestador con el que se contrata, lo que permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual”.

De manera que si Netflix o cualquier otra plataforma llegara a un acuerdo de distribución con una cadena de televisión como Atresmedia podría ser considerado como un productor independiente. “La supuesta enmienda técnica a la Ley Audiovisual supone un cambio de fondo en el sector y entrega la producción audiovisual al duopolio televisivo”, ha manifestado hoy en rueda de prensa Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Sin el apoyo de su socio de gobierno es difícil pensar que el PSOE pueda sacar adelante el jueves esta ley, por lo que en estos momentos trabajan para sacar adelante modificaciones de última hora.

Para las asociaciones de productores, la modificación en la ley pone en riesgo “25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes”. “Además, deja indefensos al talento y a los creadores frente a grandes conglomerados corporativos”, explica el comunicado. Desde Cima también se han lanzado críticas a una ley que consideran que corre el peligro de menospreciar y olvidar “la situación y el futuro de las mujeres profesionales, la igualdad en los medios audiovisuales y la creación de contenidos que sean referentes para la igualdad”, expresaban en un comunicado.