Esta semana Anton Reixa ha superado una moción de confianza en la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). A tan solo un año como presidente de la institución, ya hay quien le ha querido mover del sillón. El director se ha enfrentado directamente a un grupo de autores musicales de televisión y a otro sector no le ha gustado cómo ha llevado ese enfrentamiento. A los pocos días de que se iniciara este follón, El País publicó que la productora de Reixa había sido beneficiada por la Xunta de Galicia con una subvención que fue firmada por Juan Carlos Fernández Fasero 23 dias antes de que éste fuera nombrado delegado de Sgae en Galicia. Y todo esto ocurría mientras el Gobierno aprobaba un anteproyecto que quiere modificar tres artículos importantes de la Ley de Propiedad Intelectual que afectan mucho a las sociedades de gestión.

En contra de lo que muchos puedan pensar, los músicos que más ingresan en la Sgae por derechos de autor no son los populares Pablo Alborán, Sabina, Melendi o Serrat, sino que hay 200 músicos mucho menos populares por delante de ellos y, entre estos, once que en los últimos cinco años han ingresado 26 millones de euros de euros. Esto se explica porque la mitad de lo recaudado por la SGAE procede de las televisiones y estos once, llamados en el argot de la institución “la rueda”, se han organizado para llevarse gran parte del pastel.

Operan de la siguiente manera: Las televisiones han creado editoriales musicales a las que se han afiliado una serie de compositores que aceptan ciertas condiciones, por ejemplo, ceder el 50% de sus derechos como autor a la editorial y, a veces más de forma encubierta, ya que la ley solo permite esa cantidad. Las músicas que emplean estas televisiones son las que les proporcionan sus editoriales en una gran proporción, editoriales que son socios de Sgae.

Para entender el procedimiento hay que conocer cómo funciona el complejo sistema de cobro de las sociedades de gestión: Para calcular el pago por derechos de autor, la Sgae pide a las televisiones periódicamente que les presenten un listado de las músicas que han usado en sus programas. Las televisiones pagan a la Sgae y ésta liquida con los autores a través de las editoriales que les representan. De esta manera, el 50% de lo que Sgae paga a los autores de estas editoriales retorna otra vez a la televisión.

Los músicos atacados han puesto el grito en el cielo alegando que lo que hacen es legal. Se han organizado en la plataforma www.vivodelamusica.com, en la que puede leerse lo siguiente: “La locura de este presidente está intentado acabar con el trabajo de una serie de autores de televisión y de su repertorio. Esperamos que su viaje suicida a ninguna parte, que puede llevarse por delante nuestra Sgae, acabe cuanto antes. Para dar una oportunidad a que la Sgae resuelva sus problemas, que son los nuestros, cesamos temporalmente nuestra actividad. (Creemos que una nueva renovación del presidente y su mano derecha es más que necesaria).”

Por el momento, la situación es que hay once expedientes, de once músicos, que la Sgae va a investigar a fondo, por si hubieran incurrido en irregularidades.

Este asunto saltó por los aires hace tres semanas, cuando Anton Reixa envió una carta a los cien mil afiliados informándoles del asunto. A muchos miembros de la Junta Directiva no les ha gustado la forma de proceder del presidente, hubieran preferido negociar con las editoriales y los músicos y buscar un arreglo. Pero finalmente, en la reunión que mantuvieron el pasado martes, le apoyaron 27 de los 37 que acudieron. La consigna es que hay que centrarse en oponerse a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y buscar apoyos dentro y fuera de España.

Todas las entidades de gestión están que trinan con la reforma, dicen que “convertirá en ilegales las copias privadas”. Pero si uno lee el larguísimo artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, objeto de reforma, se dará cuenta que a pesar de que la Ley dice que la copia privada es legal, ya establece “una compensación” por reproducción para uso privado. ¿Quién debe pagar esta compensación?

Antes de enero de 2012 esa compensación la pagaban los fabricantes e intermediarios de equipos y aparatos tecnológicos y de soportes de reproducción, aplicando un sistema de tasas complejo que se traducía en un canon en concepto de copia privada. Un sentencia, que la Sgae ha recurrido, tiró por tierra este sistema. Era como recaudar un impuesto que gravaba directamente a un sector económico, los fabricantes, para dárselo a otro sector de la sociedad, los autores. El criterio del actual Gobierno es que los presuntos delitos que se comentan por copia privada no los paguen sólo los fabricantes, sino el Estado, los ciudadanos en su conjunto. De esta forma, se pagará a las sociedades de gestión a través de los Presupuestos Generales. Y, lógicamente, la cantidad que van a percibir es menor.

La reforma es más profunda y establece también un control mayor de las sociedades de gestión. Punto importante es perseguir más eficazmente la piratería en internet, pero este apartado merece otro post. Ya veremos cómo acaba, porque ahora tiene que discutirse en el Parlamento.