Es posible, aunque han sido tantos los retrasos que nunca se sabe, que en cuestión de semanas el Gobierno anuncie ¡por fin! su nueva ley del cine, cosa que no es cierta, porque no será una nueva ley, será una modificación de la que hay. El tan cacareado "nuevo modelo" del cine español no será muy distinto al que había y, además, se parece bastante al viejo, lo cual no está tan mal, pero muchos se preguntarán para qué tanto ajetreo (comisión va, comisión viene) si al final lo más importante que pasa es que vuelven las subvenciones anticipadas (los productores prefieren llamarlo ayudas y es verdad, queda más simpático) y se marchan las famosas "amortizaciones" de Aznar. Para los no iniciados, las "amortizaciones" fue un mecanismo inventado en la primera época del PP para acabar con la arbitrariedad de lo que ahora vuelve, las anticipadas, y potenciar un cine español de perfil más comercial, manera fea de decir un cine más enfocado al público.

Del mismo modo que las amortizaciones tuvieron un sentido en su momento, allá en los felices finales de los 90, lo tiene ahora un regreso al sistema antiguo del cual sus responsables juran y perjuran que sus vicios se corregirán. Ya veremos. Las "amortizaciones" tuvieron una virtud inapelable y es terminar con un sistema en el que lo de las subvenciones se había convertido en algo bastante parecido a un chiringuito de amigos en el que siempre se las llevaban los mismos y donde sucedía el extraño fenómeno de que directores que acumulaban fracasos como quien acumula deudas que jamás tiene intención de pagar, o sea, que seguían rodando alegremente gracias a unas ayudas del Estado que se habían quedado viejas. Casualidad, o no, ese cambio coincidió con un momento de renovación y cierto esplendor en nuestro cine con el éxito de Amenábar, Medem o de la Iglesia en la que el cine español volvió a ser cool durante un tiempo. Luego llegó la guerra de Irak y la cosa se torció un tanto.

Este es el titular, vuelven, por tanto, las anticipadas. ¿Y por qué? Las amortizaciones fueron durante bastante tiempo un buen negocio y en los buenos tiempos las productoras recibieron cantidades bastante razonables de dinero. Digámoslo de forma diplomática, hubo algún exceso, como esas 200 películas al año que se llegaron a hacer. Las amortizaciones, hecha la ley, hecha la trampa, fueron una bendición entre otras cosas porque el sistema de autocompra de entradas funcionó con cierta normalidad durante años. Explicado de forma sencilla, como la idea era premiar el éxito de las películas se establecían unos montos que el Estado devolvía a las productoras en función de sus resultados. La consecuencia era que muchas veces salía rentable autocomprarse entradas para cumplir los límites marcados por la ley y recibir la amortización. Todos felices, todos contentos. ¿Esto significa que la corrupción en el cine ha sido masiva y generalizada? No. La ley era generosa y la mayoría de las veces no había que forzar tanto la máquina pero pasar, pasaba. Y en muchos casos por una falta de una política bien definida para el cine de autor.

Las amortizaciones, sin embargo, han terminado por ser la cruz de las productoras. Se cobraban uno y dos años más tarde del estreno y durante mucho tiempo el Estado cumplió rigurosamente sus plazos. Pero llegó la crisis, y con la crisis y la no especial concordia entre el sector y el PP la catástrofe fue fulminante: el Gobierno dejó de pagar sus deudas (aun debe bastantes millones) y muchas productoras (o todas), habiendo hecho sus números contando con ese dinero se quedaron, literalmente, en la estacada. Y esto no es bonito. Las leyes serán mejores o peores y se pueden cambiar, pero los gobiernos tienen la obligación de cumplirlas. Además, cabe decir, que fue el PP quien se la inventó. A partir de aquí, el Estado emprendió una fiscalización brutal de las productoras, la autocompra de entradas (que se había tolerado de facto) comenzó a ser un problema y fueron muchos quienes se vieron directamente en la ruina.

Cuando ganó el PP se dijo que se quería cambiar todo esto. En este caso, hubiera sido crucial hacerlo de forma rápida. No porque el cine sea más importante que otras cosas sino por la inseguridad jurídica creada. Para los productores ha sido misión casi imposible convencer a los bancos cuando de entrada no han podido ni garantizar un marco legal que de una forma más o menos clara regule su inversión. Lo peor que le puede pasar a cualquier empresario es la incertidumbre, y esa incertidumbre es lo que ha terminado de rematar a un cine español que de manera heroica y sorprendente, casi como si fuera una cuestión de justicia poética, ha demostrado este año un músculo en taquilla imprevisible para los más optimistas. Ha habido muchas comisiones, reuniones y escandalera pero al final ese modelo basado en los incentivos fiscales no será tal porque entre un 18 y un 20% no da ni de cerca para sustituir a las ayudas de toda la vida y porque el cine, sencillamente, no puede sobrevivir sin ellas ni en España ni en ninguna parte del mundo, como les gusta repetir a sus gentes cada vez tienen ocasión. Pero es cierto.

Las anticipadas vuelven y vuelven para acabar con esa inseguridad jurídica y no dudo del deseo de todos porque se corrijan los vicios del pasado. Ya Guardans insistía mucho en su sistema de puntos para que amiguismos y colegueos de noches en festivales remotos no se conviertan en películas absurdas. No cabe duda de que estos son otros tiempos, la industria de hoy es mucho más profesional, internacional y mejor que la de entonces pero será nuestra obligación, la de los periodistas, vigilar que se cumplen las reglas. Pilar Miró se debe de remover en su tumba.