Jose Luis Acosta. Foto: Carlos Barajas

El pasado viernes 14 de febrero el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual y, en los pocos días transcurridos desde entonces, las críticas al texto han sido frecuentes desde la mayoría de agentes de la cultura implicados. Autores, entidades de gestión y usuarios de contenidos han mostrado su disconformidad con la propuesta del ejecutivo, que pretende poner en funcionamiento la norma como muy tarde en septiembre de este mismo año.

Según el gobierno han sido tres las ideas que han cimentado esta nueva ley: en primer lugar, dotar de una mayor transparencia a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual; en segundo lugar, mejorar la vulneración de dichos derechos en el entorno digital y, por último, acotar los límites del concepto de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información.

Según las entidades de gestión, a través de su patronal ADEPI, lo que va a generar la norma no es más que una barrera que alejará a España en materia de derechos de propiedad intelectual del entorno europeo, además de introducir confusión en el mercado y desconcierto entre los usuarios que derivará en el aumento de los litigios.

"La nueva Ley de Propiedad Intelectual se ha hecho a espaldas del sector", explica Rafael Sánchez, director general de IBAU, asociación que agrupa a tres entidades de gestión: AISGE, DAMA y EGEDA. "No ha habido un dialogo previo. El resultado es que incorpora elementos contradictorios. El sistema resultante es malo para los ciudadanos, para los titulares de derechos y unicamente bueno para las empresas tecnológicas".

"Todas las medidas sobre transparencia no son solo asumibles, sino que nosotros hemos empezado a implementarlas en este último año", comenta José Luis Acosta, presidente de la SGAE. "Son muy problemáticas sin embargo la devaluación de la copia privada, la creación de una ventanilla única difusamente regulada y la merma de capacidades de las sociedades gestores en algunos aspectos de los precios sobre las obras de nuestros socios, que debe estar sometido a las reglas del mercado".

Quizá el aspecto de la ley que más revuelo a su alrededor ha generado sea la denominada 'Tasa Google', un mecanismo para que los agregadores de contenidos como Google News paguen una compensación a los medios de comunicación por unos contenidos que están sujetos a derechos de autor. "Un paso inicial positivo", explica Acosta. "Pero abre un espacio por regular adecuadamente y que se someterá todavía a mucha interpretación. Confiamos en que, de esta forma, los medios entenderán mejor el trabajo que llevamos realizando durante años. La defensa del autor debe ir mucho más lejos".

Las interpretaciones a la Tasa Google vienen del hecho de que el gobierno haya incluido un baremo respecto a aquellos contenidos por los que puede recaudar de los motores de búsqueda al hablar de "fragmentos no significativos". Además no queda claro como quedan regulados al respecto los blogs y redes sociales y a cuanto ascenderá el montante por el que un agregador deberá compensar por contenido. "La tasa google esconde un principio", explica Sánchez. "El titular del derecho cuyo trabajo es explotado por un tercero debe ser remunerado. Choca que este principio sea contradictorio a como se ha enfocado el tema de las copias privadas".

Este es otro de los aspectos que más revuelo ha causado pues se ha reducido el limite de copia privada al máximo amparando unicamente las reproducciones de CD y DVD compradas y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. De esta manera, la drástica reducción de lo recaudado por este concepto por las entidades de gestión (pasaron de ingresar 115 millones en 2011 a ocho millones en 2012 tras la supresión del canon digital) queda definitivamente implantada. "Es una gran pérdida de valor para el mundo de la cultura y el espectáculo", explica Acosta. "SGAE utiliza, tal y como establecía la Ley de Propiedad Intelectual en vigor, lo recaudado en concepto de compensación por copia privada, a tareas de formación y promoción de valores emergentes, así como a prestar ayudas sociales a los autores que atravesaban una mala racha. Desde la práctica desaparición de la compensación, estos servicios continúan prestándose, aunque ha sido necesario reajustar las partidas".

"Toda ley debe ir acompañada o encaminada a elevar el nivel de protección de derechos y es difícil que esta ley vaya a generar más empleo o generar industria cultural o beneficios para titulares de derechos", puntualiza Rafael Sánchez.

Por su parte, Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas ha calificado de "aberrante" la criminalización del enlace. "Esta ley en vez de resolver un problema genera una inseguridad jurídica para los usuarios de Internet." Así, ha alertado de que cualquier internauta que suba un enlace a una red social podría ser sancionado o recibir un aviso con la puesta en marcha de la nueva legislación y que además "no sería sancionado a través de un juez, sino por una comisión".

La famosa Comisión Sinde-Wert que si defienden las entidades de gestión pero que consideran que deben potenciarse pues, como explica Acosta, "de los millones de canciones, música o libros que se descargan al año, sólo ha conseguido que cesaran en su actividad 21 webs".