El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, y el ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, en un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para planificar el Mundial 2030.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, y el ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, en un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para planificar el Mundial 2030. La Moncloa

Fútbol

El rechazo del PP a organizar el Mundial 2030 si la final no se disputa en España deja fuera de juego al Gobierno

La oposición añadida de Sumar, de Podemos y de Vox a que Marruecos participe en el proyecto tras el asalto a Ceuta complica los planes del Ejecutivo.

Más información: La extrema debilidad de Sánchez permite a Infantino negociar la entrega a Marruecos de la final del Mundial 2030

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El Mundial 2030 ha entrado de lleno en el terreno político. La crisis migratoria sufrida en Ceuta y la larga pugna entre España y Marruecos por albergar la final del torneo han provocado que se cuestione una organización conjunta que hasta hace unas semanas parecía intocable.

Ahora, el rechazo del PP a organizar el evento si la final no se disputa en España deja fuera de juego a un Gobierno ya dividido por el desmarque de Sumar.

Los populares han solicitado una reunión con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, para abordar directamente el asunto.

Por su parte, Sumar y Vox han registrado iniciativas en el Congreso para revisar la presencia marroquí tras los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, cuando más de 72.000 personas cruzaron hacia Ceuta.

Podemos también ha reclamado que España organice el campeonato únicamente junto a Portugal.

Todo se revolvió tras las informaciones que apuntan a un ofrecimiento de Gianni Infantino a Marruecos para llevar el partido decisivo a Casablanca, extremo que FIFA niega.

El Gobierno mantiene por ahora el proyecto compartido. Tolón ya había señalado en abril que el Ejecutivo trabajaría para conseguir la final, aunque reconoció que la decisión no corresponde al Consejo de Ministros, sino a la FIFA.

La discusión, sin embargo, resulta mucho más complicada que decidir entre seguir o romper con Rabat.

España, Portugal y Marruecos fueron designados formalmente anfitriones por el Congreso extraordinario de la FIFA el 11 de diciembre de 2024.

Las 211 federaciones miembro participaron en una decisión unánime que culminó más de un año de proceso.

España ha adquirido además compromisos públicos y privados que afectan a estadios, seguridad, fronteras, transportes, fiscalidad o infraestructuras. El Gobierno creó incluso una estructura administrativa específica para ejecutarlos.

Estas son las seis preguntas que permiten comprender qué margen existe realmente para cambiar el Mundial 2030.

Encuentro de Pedro Sánchez con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los organizadores del Mundial 2030

1. ¿Puede caer Marruecos?

España no puede expulsar unilateralmente a Marruecos de la organización del Mundial 2030.

La designación no constituye un simple acuerdo entre los tres gobiernos. FIFA nombró como anfitrionas a las federaciones de España, Portugal y Marruecos después de evaluar una candidatura conjunta y someterla al Congreso del organismo internacional.

Por tanto, ni el Gobierno español ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) disponen de una cláusula pública que les permita eliminar unilateralmente a otro de los organizadores.

Una salida marroquí tendría que pasar por la FIFA. España podría intentar demostrar que el país incumple compromisos esenciales de la candidatura o que han aparecido circunstancias que hacen inviable mantener allí parte de la competición.

El margen de análisis es amplio. FIFA evaluó el proyecto teniendo en cuenta infraestructuras, servicios, aspectos comerciales, sostenibilidad y derechos humanos. Los tres candidatos superaron los requisitos antes de recibir definitivamente el campeonato.

Una disputa diplomática entre Madrid y Rabat no supone por sí misma la pérdida de la condición de anfitrión. Tendría que trasladarse al terreno de los compromisos adquiridos con FIFA.

La seguridad podría convertirse en uno de los argumentos. También un eventual incumplimiento relacionado con infraestructuras, garantías gubernamentales u otras obligaciones esenciales. Pero correspondería a FIFA determinar sus consecuencias.

La buena relación entre el presidente Gianni Infantino y el país africano hace difícil imaginar que FIFA apoye cualquier idea de excluir a Marruecos de la organización del Mundial 2030.

Existe además un segundo problema: sustituir todo lo que aporta Marruecos.

El dosier presentado distribuyó los estadios entre 11 sedes españolas, seis marroquíes y tres portuguesas. La FIFA todavía debe determinar definitivamente qué recintos integrarán el campeonato, pero la planificación actual descansa sobre ese reparto.

Eliminar seis posibles sedes exigiría redistribuir encuentros y demostrar que los otros anfitriones pueden asumirlos.

No se trata únicamente de estadios. Cada ciudad necesita campos de entrenamiento, hoteles para las selecciones, conexiones de transporte, dispositivos policiales, instalaciones para FIFA y espacios destinados a aficionados, patrocinadores y medios de comunicación.

España y Portugal tendrían capacidad deportiva para presentar alternativas. Otra cuestión sería que FIFA aceptara modificar de esa forma una candidatura ya aprobada.

2. ¿Puede renunciar España?

La documentación publicada por el Gobierno permite responder con mayor precisión a esta pregunta.

El Consejo de Ministros aprobó el 30 de julio de 2024 respaldar la solicitud de la RFEF y asumir las garantías específicas requeridas por FIFA. Es decir, el Gobierno no se limitó a expresar apoyo político: comprometió formalmente la colaboración estatal necesaria para celebrar el torneo.

Después llegó un segundo paso. El Real Decreto 99/2025, de 18 de febrero, creó la Comisión Interministerial para la preparación y organización del Mundial.

El organismo coordina a 15 ministerios, además del Consejo Superior de Deportes. Entre ellos aparecen Exteriores, Hacienda, Interior, Transportes, Industria y Turismo, Sanidad, Migraciones y Transformación Digital.

Sus funciones permiten entender la dimensión del compromiso adquirido. La comisión debe coordinar las medidas estatales, proponer modificaciones legislativas, vigilar el cumplimiento de actuaciones y facilitar la relación con los gobiernos de Portugal y Marruecos.

Por eso una retirada española tendría varias fases.

El Gobierno tendría primero que adoptar una decisión política en sentido contrario a la tomada por el Consejo de Ministros en julio de 2024 y dejar de sostener las garantías aportadas ante FIFA.

También tendría que modificar el entramado administrativo creado posteriormente.

El decreto vigente prevé que la comisión desaparezca una vez cumplidos sus fines y, en todo caso, después de celebrarse el Mundial y liquidarse los compromisos económicos. Una salida anticipada obligaría previsiblemente a adaptar esa normativa.

Pero quedaría todavía la parte deportiva. FIFA no designó formalmente al Gobierno como anfitrión, sino a la Real Federación Española de Fútbol junto a las federaciones portuguesa y marroquí.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo de la Copa del Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo de la Copa del Mundo Reuters

La RFEF tendría que abordar con FIFA las consecuencias contractuales de la retirada del apoyo estatal. En la práctica, retirar las garantías gubernamentales convertiría en inviable la organización española.

Sin Interior no existiría el dispositivo de seguridad comprometido. Sin Exteriores, Transportes o Migraciones tampoco podrían cumplirse todas las obligaciones asociadas al campeonato.

La incógnita está en las penalizaciones económicas y contractuales. No existen datos que permitan afirmar cuánto tendría que pagar España por abandonar el proyecto.

Sí podrían aparecer gastos ya comprometidos, contratos que resolver e inversiones ejecutadas que no podrían recuperarse. También, FIFA tendría que buscar cómo redistribuir las 11 sedes españolas.

3. ¿La sede de la final?

No existe una referencia temporal en la que FIFA tenga que anunciar el estadio de la final de la Copa del Mundo.

El Mundial de 2026 constituye el precedente más cercano. FIFA dio a conocer sus 16 ciudades anfitrionas el 16 de junio de 2022.

Sin embargo, no comunicó hasta el 4 de febrero de 2024 que el Estadio MetLife Stadium recibiría el partido decisivo. Transcurrieron casi 20 meses entre las dos decisiones.

Algo parecido puede ocurrir con 2030. España, Portugal y Marruecos conocen la estructura general de su candidatura, pero FIFA todavía no ha hecho pública la asignación completa de sedes y partidos.

España, campeona del Mundial 2026.

España, campeona del Mundial 2026. Europa Press / RFEF

La decisión resulta especialmente sensible porque España y Marruecos aspiran al encuentro más importante.

Madrid cuenta con el Santiago Bernabéu como su gran baza. Barcelona dispone del remodelado Camp Nou. Marruecos prepara, por su parte, el nuevo gran estadio situado en el área de Casablanca.

Las informaciones sobre un supuesto acuerdo entre Infantino y Marruecos han disparado la presión política en España. Sin embargo, no existe todavía una comunicación oficial de FIFA que otorgue la final a Casablanca.

Tampoco existe una votación entre los tres países miembros de la FIFA o cualquier otro organismo que determine su sede. La distribución definitiva pertenece al Consejo de la FIFA, presidido por Gianni Infantino.

El precedente de 2026 demuestra además que el país con mayor número de estadios puede obtener una parte muy elevada de las rondas decisivas.

Estados Unidos terminó acogiendo todos los encuentros desde cuartos de final, incluida la final, dentro del campeonato organizado también con México y Canadá.

4. ¿Cuál sería el impacto económico?

La salida española tendría una consecuencia económica importante, aunque resulta imposible traducirla hoy en una cifra exacta.

Existe una estimación oficial, pero contiene una limitación esencial. Fue publicada en diciembre de 2022, cuando la candidatura todavía tenía una composición diferente y Marruecos no formaba parte del proyecto finalmente elegido.

El Real Decreto 1034/2022 calculaba que la celebración podía generar en España 5.120 millones de euros de PIB y 82.513 empleos equivalentes a tiempo completo.

También estimaba que por cada euro invertido en organización se producirían 4,28 euros de PIB y 1,32 euros de ingresos fiscales.

El documento manejaba, además, una inversión global de 750 millones de euros en infraestructuras deportivas y otros 683,2 millones en gastos de organización.

El turismo representaba otra de las grandes partidas. La previsión situaba por encima de 5.500 millones de euros el gasto de los visitantes específicos vinculados al campeonato.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Pedro Sánchez

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Pedro Sánchez EFE

Estas cifras no pueden trasladarse automáticamente al Mundial actual. La competición ha cambiado de formato y de socios desde 2022.

Una retirada tampoco significaría perder todo ese dinero y mantener todos los costes.

España se ahorraría parte de los gastos todavía no ejecutados. Algunas inversiones previstas podrían cancelarse y otras continuarían porque afectan a estadios, transportes o instalaciones que tienen utilidad con independencia del Mundial.

Al mismo tiempo, desaparecerían los ingresos asociados a cientos de miles de visitantes, consumo hotelero, restauración, transporte, empleo temporal, patrocinio y actividad comercial.

También quedaría fuera otro elemento difícil de medir: el escaparate internacional.

El propio Gobierno destaca en el decreto de 2025 que un Mundial proyecta al país anfitrión desde el punto de vista económico, turístico y cultural y considera que su celebración tiene un efecto multiplicador sobre la inversión y el empleo.

5. ¿Jugaría la Selección el Mundial?

España tiene actualmente garantizada su participación en 2030.

FIFA concede a España, Portugal y Marruecos la clasificación automática al ser anfitriones. Estas plazas se descuentan de los cupos de sus respectivas confederaciones.

El problema aparecería si España dejara de ser organizadora. La clasificación automática española deriva de su condición de organizadora, por lo que perder esa condición eliminaría el motivo que garantiza actualmente su billete.

La salida más previsible sería regresar al sistema de clasificación de la UEFA. Pero la última palabra volvería a corresponder a FIFA, el organismo podría vetar la participación española como castigo por abandonar la organización igual que hace, por otros motivos, con Rusia.

España tampoco conserva una plaza por ser la vigente campeona del mundo, este beneficio fue retirado por FIFA en el Mundial 2006.

De no jugar el torneo de 2030, la Selección se uniría a la Uruguay de 1934 como los únicos campeones que no pudieron defender su título.

El conjunto uruguayo, pese a haber ganado el Mundial de 1930, no disputó ese campeonato como protesta y boicot ante la negativa de la mayoría de países europeos a desplazarse a Sudamérica para disputar el torneo de 1930.

La Selección no falta a un Mundial desde el organizado por la Alemania Federal en 1974. Se clasificó para Argentina 1978 y disputó directamente España 1982 debido a su condición de anfitriona. Desde entonces siempre ha conseguido el billete por la vía deportiva.

Renunciar al Mundial 2030 le devolvería a una fase previa que hoy no necesita disputar.

Encuentro de Pedro Sánchez con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los organizadores del Mundial 2030

Encuentro de Pedro Sánchez con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los organizadores del Mundial 2030 La Moncloa

6. ¿Hay precedentes?

Existe uno y ayuda además a entender la importancia del apoyo gubernamental.

Colombia recibió en 1974 los derechos para organizar el Mundial de 1986. Ocho años después, el presidente Belisario Betancur anunció que su Gobierno no respaldaría económicamente la organización.

La decisión provocó que la Federación Colombiana tuviera que renunciar al campeonato. Las dificultades económicas, políticas y sociales en ese momento y la imposibilidad de satisfacer las exigencias de FIFA estaban detrás de la retirada.

El caso guarda una similitud con el escenario que ahora se plantea en España: una federación puede disponer formalmente de los derechos de organización, pero resulta prácticamente imposible celebrar un Mundial si el Estado retira su respaldo.

FIFA tuvo que buscar un sustituto. México terminó obteniendo la organización en 1983 y se convirtió tres años después en el primer país que celebraba dos Mundiales. Este verano participó por tercera vez en la organización de una Copa Mundial de la FIFA.

Las diferencias con 2030 resultan, sin embargo, enormes. Colombia debía organizar por sí sola un torneo de 24 selecciones.

El campeonato de 2030 tendrá 48 equipos (salvo que Infantino decida un nuevo incremento de países) y una estructura repartida principalmente entre España, Portugal y Marruecos, además de los tres partidos inaugurales en Sudamérica.

La salida de uno de los tres anfitriones obligaría a reconstruir una parte sustancial del proyecto, más aún siendo España quien más sedes ostenta.

Ese es el gran límite del debate abierto ahora en España. Políticamente resulta posible reclamar la exclusión de Marruecos o defender la retirada española. Convertir cualquiera de las dos opciones en realidad exige mucho más.

España no tiene capacidad unilateral para echar a Marruecos y provocaría una crisis internacional intentarlo. Puede presionar a FIFA y tratar de acreditar que existen razones suficientes para revisar su condición de anfitrión, pero la decisión tendría que pasar por el organismo internacional.

El Gobierno sí dispone de instrumentos para hacer inviable su propia participación. Fue el Consejo de Ministros quien asumió las garantías exigidas y es el Estado quien moviliza los recursos necesarios para cumplirlas.

Pero romper esos compromisos supondría activar una cadena de consecuencias todavía desconocida: renegociar con FIFA, modificar la planificación, revisar contratos, calcular inversiones perdidas y resolver incluso la clasificación de la selección española.

A menos de cuatro años del torneo, la candidatura que nació como un proyecto de cooperación entre las dos orillas del Mediterráneo afronta así su mayor crisis política.

La batalla por la final y las consecuencias de la crisis en Ceuta han abierto un escenario que parecía cerrado desde diciembre de 2024: plantearse cuánto costaría cambiar un Mundial que ya está oficialmente adjudicado.