“Por desgracia, ir al juzgado es la única solución que nos queda y que un juez decida. Habrá un río de denuncias que se judicializarán, porque hay gente que no puede ni andar y les están dando el alta con síntomas de covid persistente”. La presidenta de Long Covid Castilla y León, Chus Fresno, vaticina una cascada ante los tribunales por despidos laborales achacables a casos de esta dolencia, ya definida desde esta semana por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con su código sanitario. Un paso que da luz y taquígrafo a un escenario que sufrían miles de personas en España, que una vez superada la COVID mantienen las secuelas durante meses. Además de reconocer las bajas por esta nueva condición, los facultativos pueden agilizar el diagnóstico, según informa Ical.

Fresno criticó que entre un 10 y un 20 por ciento de las personas afectadas por covid-19 persistente han tenido que regresar a su trabajo a pesar de su situación. Y en algunos casos se enfrentan al despido. Fresno lamenta que ese fue su caso, pues sufrió un despido estando de baja. “Lo impugné, me lo denegaron y ahora tengo en enero el juicio”, avanzó. En su caso alegaron “bajo rendimiento laboral”, algo que es “inexistente” porque lleva en incapacidad laboral 14 meses. Un capítulo que también denunció y, en conciliación, la empresa reconoció que era improcedente.

Ahora, la OMS lo reconoce como enfermedad laboral, algo positivo para el personal sanitario, “porque a día de hoy aún hay médicos que no saben qué es el COVID persistente y otros dicen que no es para tanto”. “Pedimos más empatía. Si a esta gente les dan el alta así, ¿qué haces? algunos no tienen paro ni ayudas y encima se tienen que gastar dinero en juicios. Nos sentimos totalmente desamparados por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Somos los supervivientes del covid”, explica.

“Cajón desastre”

Hasta ahora se califica en algunos casos como enfermedad sobrevenida, lo que Fresno calificó como “cajón desastre que han hecho los empresarios para despedir”. Long Covid cuenta con la contratación de un despacho de abogados para tramitar las denuncias, pero es un “número muy elevado”. Desde octubre el INSS ha concedido solo dos prórrogas, porque a los 12 meses tienen que pasar al tribunal para que te den una prórroga de otro medio año o el alta. “A ver si hay suerte y con esta decisión se reconoce con carácter retroactivo”, confió.

Fresno recordó que desde marzo de 2021 llegan procesos de baja relacionados con COVID-19 y se están realizando los controles médicos pertinentes por parte de la inspección médica del INSS. Se emite el correspondiente informe médico para su calificación por parte de los Equipos de Valoración de Incapacidades y la emisión de la resolución por parte del director provincial de las mismas. En estos pacientes, como en cualquier otro con cualquier otra patología, se hace un estudio clínico-laboral. En base a ello se decide, o bien el alta al llegar a esos 12 meses si su situación clínica es compatible con su actividad laboral, o bien una prórroga de hasta seis meses más en el supuesto de prever mejoría para poder incorporarse a su trabajo. O ya una incapacidad permanente si son lesiones definitivas incompatibles con su o toda actividad laboral.

En los casos en que se hubiera decidido prórroga, antes de agotar los 18 meses se vuelve a hacer un control médico y una nueva evaluación que determinará o bien alta, o bien inicio de un expediente de incapacidad permanente. En este último caso, se le declararía con un grado de incapacidad o, en supuestos de una posible reincorporación laboral, puede decidirse “demorar calificación” hasta un máximo de otros seis meses más, que en total sumaría dos años.

Altas forzadas

En cuanto a las situaciones de altas forzadas, según una encuesta de Long Covid, casi seis de cada diez de los pacientes con COVID persistente regresaron a sus trabajos tras 18 meses de baja. Un 8,1 por ciento recurrió para conseguir una prórroga. Igualmente, casi la mitad de las personas que han cumplido los 18 meses de baja alegan que no les abrieron un expediente de incapacidad permanente, frente al 14 por ciento que sí, pero que finalmente resolvieron darles de alta.

Un 62,6 por ciento de personas que han tenido que volver a sus puestos de trabajo enfermas, a pesar de disponer de informes de distintas especialidades y la valoración positiva del inspector del INSS que les atendió. Por último, el 82,2 por ciento de los que se han incorporado a su trabajo reconoce que no se siente realmente capacitado para realizarlo.