En el centro de la imagen, Rafael durante una de sus audiciones el Conservatorio de Almendralejo
Fiscalía pide que el profesor de música acusado de abusos en Zamora sea suspendido de ejercer actividades con menores
La Audiencia de Zamora estudia imponer nuevas medidas cautelares y concede dos días a las partes para pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía.
Más información: Rafael, el profesor de música en busca y captura acusado de abusar de cinco alumnos en Zamora, da clase en Badajoz
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El caso del profesor de música acusado de abusos sexuales a cinco menores cuando trabajaba en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora entre 2008 y 2012 suma un nuevo episodio judicial, después de ser adelantado por este medio.
La Audiencia Provincial de Zamora ha dado un plazo de dos días a las partes personadas en el proceso para que se pronuncien sobre la solicitud de la Fiscalía, que ha pedido la adopción de nuevas medidas cautelares contra el acusado.
En concreto, el Ministerio Público reclama la “suspensión inmediata de empleo en cualquier centro educativo donde desarrolle una actividad como profesor y tenga relación con menores o personas de especial vulnerabilidad”.
Tras recibir el escrito, el tribunal ha abierto una pieza separada para estudiar las medidas cautelares solicitadas y escuchar alegaciones o propuestas adicionales por parte de las partes implicadas.
Esta solicitud se produce después de que se conociera que el docente, detenido el pasado jueves en la localidad extremeña de Almendralejo por orden de busca y captura emitida por la Audiencia zamorana, podría estar actualmente ejerciendo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El profesor no se presentó a la vista oral del juicio prevista la semana anterior, lo que motivó la orden judicial de detención.
![Montaje con Rafael y la Policía Nacional](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/06\/03\/actualidad\/1003743787294_256138000_320x180.jpg"])
Ante esta nueva información, la Audiencia ha trasladado a la Junta de Extremadura la existencia del procedimiento penal en curso, remitiendo un oficio a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional con los escritos de acusación formulados tanto por la Fiscalía como por la Junta de Castilla y León, que también está personada como acusación particular en el caso.
El objetivo es que el gobierno autonómico extremeño valore si corresponde adoptar alguna medida administrativa en el ámbito de sus competencias.
El acusado ya está sometido a una medida cautelar previa que le obliga a comparecer semanalmente en los juzgados hasta la celebración del juicio, previsto para el próximo 25 de junio.
Por su parte, la Junta de Castilla y León ya había adoptado anteriormente medidas administrativas en su contra.
