Una mujer es obligada a trabajar más de 70 horas semanales en dos bares de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres personas por su implicación en un caso de trata de seres humanos y explotación laboral, donde explotaron a una mujer para que trabajara más de 70 horas semanales en dos bares de la capital vallisoletana.

Dos de los arrestados, un matrimonio residente en la ciudad, están acusados de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, mientras que el tercero está investigado únicamente por este último delito.

La investigación comenzó tras detectarse el caso de una mujer de nacionalidad paraguaya que había sido víctima de un engaño para explotarla laboralmente.

Según informa la Policía, la mujer fue captada en su país por el matrimonio, que le prometió un "trabajo digno en hostelería" en España.

Aprovechando su "extrema necesidad económica", ocultaron las verdaderas condiciones laborales y la obligaron a desplazarse a Valladolid.

Una vez en Valladolid, la víctima fue sometida a condiciones de semiesclavitud. Le exigieron el pago de una supuesta deuda de 3.000 euros por el viaje, a pesar de que inicialmente le habían asegurado que ellos se harían cargo del coste del billete. Esa deuda fue aumentando progresivamente hasta superar los 12.000 euros.

En un primer momento, la mujer trabajó en un bar de Valladolid gestionado por un compatriota del matrimonio, donde realizaba jornadas de hasta 50 horas semanales por solo 300 euros al mes.

De esa cantidad, debía entregar 250 euros por una habitación que le proporcionaban los propios tratantes, quedándose con apenas 50 euros mensuales para sus gastos básicos.

Más adelante, el matrimonio abrió su propio bar y trasladó a la víctima allí, prometiéndole mejores condiciones.

Sin embargo, trabajaba 73 horas a la semana por un salario de 1.000 euros mensuales, de los que debía devolver 600 euros a la mujer del matrimonio en concepto de deuda, y 250 más por el alojamiento, con lo que solo le quedaban 150 euros mensuales para subsistir.

El informe policial detalla que la situación de dependencia económica y aislamiento fue utilizada por el varón para someter también a la víctima a explotación sexual.

Le prometió un contrato de trabajo si accedía a mantener relaciones sexuales con él, lo que habría permitido a la mujer regularizar su situación administrativa y acceder a otro empleo.

Esa promesa "nunca se cumplió", pero fue suficiente para que la víctima accediera durante más de un año.

Uno de los detenidos fue puesto en libertad tras declarar ante la Policía. El matrimonio, principal responsable de la captación y explotación, pasó a disposición judicial y quedó también en libertad tras su comparecencia.

La operación, denominada “TRASGU”, ha sido desarrollada por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valladolid.