El pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó esta mañana, con el voto favorable de todos los grupos salvo Vox, una moción municipal propuesta por el equipo de gobierno de PSOE y Valladolid Toma la Palabra para adherirse a la Declaración de Mérida para la cooperación internacional en materia de derechos LGTBI, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dicha moción fue propuesta al equipo de gobierno por Fundación Triángulo Castilla y León y pretende sumar el apoyo del consistorio vallisoletano a una declaración clave en materia de cooperación internacional y derechos humanos de las personas LGBTI, según informó en un comunicado, remitido a Ical, la propia Fundación Triángulo.  

Las representantes de las organizaciones LGBTI de la ciudad destacaron el "importante paso" que supone la aprobación de esta moción puesto que, en palabras de presidenta de FT Castilla y León, Yolanda Rodríguez, "hoy sigue siendo imprescindible pedir el compromiso de las administraciones públicas con la defensa de los derechos LGBTI en todo el mundo". 

"La realidad de las personas LGBTI en otros países aún es cruel y tremendamente injusta. Esta realidad puede parecer ajena a nuestro día a día, pero sólo defendiendo los derechos de manera global podremos también lograr que los derechos conquistados se consoliden en el ámbito local. La implicación de las administraciones locales es una señal clara hacia la ciudadanía. El compromiso y la implicación social tiene que proyectarse más allá de nuestras fronteras”, concluyó la presidenta de la Fundación Triángulo en Castilla y León.

La Declaración de Mérida fue promovida en su origen por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), el Ayuntamiento de Mérida y la propia Fundación Triángulo, pero ha sido suscrita también por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otras agencias de cooperación, así como por otras administraciones públicas de ámbito autonómico. 

Su objetivo es que las administraciones públicas se comprometan con la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en los ámbitos de la Cooperación Internacional. En esencia, se trata de una propuesta para transversalizar el enfoque de diversidad sexual y diversidad de género en las prioridades, programas y estrategias de los principales agentes de la cooperación española y europea.