El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca exige al Gobierno municipal del PP que proceda a la devolución de oficio del importe de todas las sanciones por ruidos en viviendas particulares y espacios privados tramitadas y cobradas a través de la ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana, cuya aplicación ha sido recientemente declarada “no conforme a derecho” por la jurisdicción contencioso-administrativa.

El portavoz del PSOE en el Consistorio salmantino, José Luis Mateos, ha explicado en rueda de prensa que el PP ha estado sancionando ilegalmente a miles de salmantinos y salmantinas en los últimos años, en concreto, desde 2004, cuando entró en vigor dicha ordenanza y, por tanto, con anterioridad al estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de la COVID-19, periodo en el que se incrementó notablemente el número de sanciones de este tipo debido al confinamiento domiciliario decretado en marzo de 2020.

“Esta normativa sanciona la emisión de ruidos desde la vía pública y lo que se estaban tramitando eran sanciones por ruidos procedentes de reuniones o fiestas en pisos, situaciones que perjudicaban la convivencia vecinal y sobre las que se levantaba acta pero sin realizar mediciones acústicas y sin las mínimas garantías jurídicas para iniciar el proceso de sanción correspondiente por parte del Ayuntamiento”, ha detallado.

Ante este tipo de circunstancias, ha indicado que los poderes públicos cuentan con instrumentos precisos para sancionar a quienes perturban la convivencia. Así, el Consistorio salmantino cuenta con una ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, “ordenanza desde la que se deberían haber canalizado este tipo de sanciones en pisos”, que contempla una medición de los niveles de ruido clara y objetiva, con todas las garantías exigidas por la legislación vigente.

La aplicación en estos casos de la ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana suscitó dudas jurídicas al Grupo Municipal Socialista, dudas que trasladó al equipo de Gobierno de García Carbayo en abril de 2021 desde la máxima lealtad institucional y con el objetivo de salvaguardar los intereses municipales y garantizar los derechos de los vecinos. Sin embargo, “el PP hizo oídos sordos cuando avisamos de que lo que estaba haciendo no tenía encaje legal y atentaba directamente contra dos principios claves del derecho administrativo: el de legalidad y el de tipicidad”.

Con el paso del tiempo, ciudadanos sancionados recurrieron tales decisiones y los tribunales les han dado la razón recientemente. Así, sentencias firmes del pasado mes de diciembre de 2021 de los Juzgados números 1 y 2 de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca han confirmado que la normativa aplicada no se corresponde con su finalidad y que la causa del inicio del procedimiento sancionador, es decir, los ruidos emitidos, no están acreditados en las sanciones porque no se realizaron medidas objetivas de su dimensión.

Como consecuencia de estas sentencias que han declarado nulas las sanciones interpuestas por ser “no conformes a derecho”, se ha paralizado la tramitación de las sanciones en curso por la vía de la ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana y se han estimado los recursos presentados en vía administrativa, pero no se ha procedido a la devolución de oficio de aquellas sanciones ya tramitadas, no recurridas y, por tanto, cobradas, produciéndose una desigualdad entre ciudadanos sancionados por los mismos hechos y por la misma normativa.

“Es un escándalo que durante casi veinte años el Ayuntamiento de Salamanca haya estado sancionando a ciudadanos por la normativa incorrecta. Las sentencias son durísimas, porque dicen que han estado sancionando a gente ilegalmente, y la vergüenza ha sido tan mayúscula que han tenido que parar las sanciones”. Además, “que el PP tenga esas sentencias guardadas en un cajón también es significativo, porque las hemos conocido por otra vía. ¿Por qué ocultan lo que ha pasado durante tanto tiempo? Llama poderosamente la atención y tienen que dar muchas explicaciones”, ha señalado Mateos.

Reclamarán la devolución en el próximo pleno

En esta línea, los socialistas van a reclamar en el próximo Pleno municipal la devolución de oficio de todas estas sanciones para evitar el trato desigual a los ciudadanos “porque no hay excusas”, ya que “se ha actuado de manera negligente y se han puesto miles de sanciones ilegalmente”. En cambio, “vemos a los responsables del PP defender ante todo el Estado de Derecho, pero si el Estado de Derecho se respeta, es porque se cumplen las normas y el PP en la ciudad de Salamanca lleva mucho tiempo sin cumplirlas”.

Además, exigen al Gobierno municipal que asuma su responsabilidad política en este asunto porque no puede alegar desconocimiento, al estar advertido por el propio Grupo Municipal Socialista desde abril de 2021. “¿Por qué cuando supo que existían dudas jurídicas no paralizó toda la tramitación de las sanciones? Las sentencias dan la razón a los argumentos que trasladamos desde el PSOE y si la Administración no respeta a los ciudadanos, malamente los ciudadanos van a creer en la Administración”, ha lamentado.

Para finalizar, el portavoz socialista ha insistido en que “no se trata de salvar a quienes han molestado a vecinos, al contrario, se trata de que si se hubieran hecho las cosas bien, hoy las sanciones serían correctas y no habría miles de personas sancionadas ilegalmente” y ha garantizado que el PSOE seguirá trabajando “para garantizar que la ciudadanía pueda creer en la Administración porque le trata justamente y no como hace el PP, que olvida que un Ayuntamiento no puede hacer cosas ilegales”.