Los concejales Fernando Rodríguez y Juan José Sánchez, en representación de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos, han presentado hoy una moción que se debatirá en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca del próximo viernes, 4 de marzo, para instar al Gobierno de España a la creación de un fondo extraordinario que compense a los ayuntamientos la pérdida económica sufrida hasta la adaptación de la regulación legal del Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional realizada en noviembre de 2021, fondo ya reivindicado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La moción también solicita la supresión del Impuesto Local sobre la Plusvalía o, en su defecto, la exención del pago del mismo a las personas físicas, así como a las empresas o autónomos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros, modelo seguido en el caso del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Todo ello con la consiguiente articulación, en cualquiera de los casos (y al igual que se hizo también en el caso del IAE), de un mecanismo que compense a los ayuntamientos por la reducción de ingresos que ello suponga, única manera de compatibilizar lo anterior con la suficiencia financiera a la que tienen derecho las entidades locales.

Según explicaron Fernando Rodríguez y Juan José Sánchez, no es viable ninguna de las medidas anteriores sin esa compensación, dado el enorme quebranto económico que sufrirían los ayuntamientos. De no atenderse ninguna de las dos medidas anteriores, la supresión del Impuesto o la exención a la mayoría de los contribuyentes, los Grupos Popular y Ciudadanos reclaman la articulación de un mecanismo que compense a los ayuntamientos la reducción de ingresos que va a suponer para ellos la nueva regulación legal de la Plusvalía, atendiendo así también la solicitud realizada por la FEMP en ese mismo sentido.

Fernando Rodríguez y Juan José Sánchez justificaron la presentación de la moción en que en noviembre del pasado año el Gobierno de España aprobó un Real Decreto-Ley para adaptar la regulación legal de la Plusvalía a las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional (la última ellas de 26 de octubre de 2021) que habían declarado la inconstitucionalidad parcial de tal regulación.

Impuesto objeto de varias controversias

Este Impuesto ha sido objeto de variadas y constantes controversias, tanto en lo que afecta a la oportunidad de su existencia, como en lo relativo a su configuración jurídica.

Respecto de la oportunidad de su existencia, el Grupo Municipal Popular y Ciudadanos recuerdan que ya en el año 2013 un Informe del Consejo General de Economistas concluía que este impuesto “grava un incremento del valor del suelo cuando se transmite un inmueble que ya tributa como ganancia patrimonial en el IRPF y con mayor perfección, por lo que debería desaparecer”; misma conclusión a la que llegaba en 2017 la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, al proponer la supresión del impuesto por manifestarse en él claramente una pluriimposición, especialmente en relación con los impuestos sobre la renta que gravan las plusvalías, así como aquellos que gravan las trasmisiones inmobiliarias…”.

En lo que se refiere al cuestionamiento de su configuración normativa, constituyen un buen ejemplo de ello las citadas Sentencias del Tribunal Constitucional que han venido declarando, desde 2017 (la primera) a 2021 (la última), la inconstitucionalidad de parte de su regulación legal, provocando un impacto negativo muy importante en las cuentas de los ayuntamientos (que, en el caso de Salamanca, se sitúa en torno a los 6 millones de euros).

Tal impacto negativo se verá además notablemente incrementado con la pérdida de ingresos que supondrá en general para los Ayuntamientos la nueva configuración legal del Impuesto, realizada por el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno. En el caso de Salamanca, esta pérdida está cifrada, proyectando anualmente los datos reales del mes de enero, en un 32% (2.500.000 euros) respecto de la recaudación de 2021, cantidad que los contribuyentes de Salamanca pagarán de menos tras dictaminarse en Comisión la aprobación definitiva de la adaptación de la Ordenanza Fiscal de la Plusvalía al Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno.