Hace 30 años, el 22 de enero de 1993, el funcionario de prisiones burgalés José Ramón Domínguez Burillo fue asesinado cuando se dirigía desde su casa al trabajo, en la cárcel donostiarra de Martutene. El trabajador, de tan solo 35 años, salió a las 7:45 horas de la mañana de su domicilio sin saber que dos miembros de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), le esperaban en la calle. Se trataba de Juan Antonio Olarra Guridi y José María Iguerategui Gillisagasti.

Los dos pistoleros siguieron durante unos breves pasos al funcionario de prisiones burgalés y le descerrajaron dos tiros en la cabeza y en el cuello, quedando tendido en el suelo desangrándose durante 20 minutos, hasta que un niño de tan solo 10 años encontró su cuerpo. Los vecinos trataron de auxiliar a Domínguez Burillo pero no pudieron hacer nada por salvar su vida y terminó falleciendo. 

Se trataba del segundo atentado de ETA en tan solo tres días en San Sebastián, tras la muerte de un tiro en la nuca, el 19 de enero de 1993, del exfutbolista de la Real Sociedad José Antonio Santamaría, por lo que la noticia del asesinato de Domínguez Burillo solo hizo que aumentar la conmoción en la capital donostiarra en aquel frío mes de enero. 

Al llegar al lugar de los hechos, la policía recogió dos casquillos 9 milímetros SBP, la misma marca que había sido utilizada en el asesinato de Santamaría tres días antes y en otros atentados que habían sido perpetrados en Barcelona.

En abril de 2007, la Audiencia Nacional sentenció que los etarras Juan Antonio Olarra Guridi y José María Iguerategui Gillisagasti, miembros del 'Comando Donosti', habían sido los asesinos de Domínguez, aunque el segundo no pudo ser juzgado ya que falleció en marzo de 1994 en Vitoria, después de explotarle una bomba que portaba en la mochila. Olarra Guridi fue condenado a 28 años de prisión y cumple condena en la actualidad en la prisión de Logroño, después de ser acercado desde la de Granada en marzo de 2021.

Un hombre "bonachón"

Domínguez Burillo, nacido en Burgos, soltero y licenciado en Psicología, fue descrito por el director de la prisión de Martutene, Jaime Hernández, como un hombre de temperamento "bonachón" y, tras su asesinato, se destacó de él su compromiso en la mejora de las condiciones de vida de los reclusos. Además, era representante sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) en la prisión.

Trabajador en la prisión de Martutene desde el año 1985, en 1990 había entrado a formar parte del equipo de educadores de la prisión, realizando tareas de animador cultural y de asistencia a los reclusos con problemas. De hecho, su asesinato fue interpretado como un aviso de ETA contra la posible reinserción de sus militantes.

Los funcionarios de prisiones: en la diana de ETA

Los funcionarios de prisiones fueron objetivo de ETA prácticamente desde el inicio de su actividad armada, aunque su obsesión se incrementó tras el inicio de las políticas de dispersión de los presos de la banda. En octubre de 1983 había sido asesinado Alfredo Jorge Suar, funcionario en El Puerto de Santa María, y en agosto de 1989 fue asesinada Conrada Muñoz después de que le explotase un paquete bomba que iba dirigido a su hijo, Dionisio Bolívar, en su casa de Granada.

Pero fue la década de los 90 en la que ETA segó la vida de un mayor número de funcionarios de prisiones, en consonancia con la conocida como estrategia de la 'socialización del sufrimiento' aprobada por ETA y por su brazo político, Herri Batasuna (HB), tras el desmantelamiento de la conocida como cúpula de Bidart de la banda en marzo de 1992. 

La situación de cada vez mayor vulnerabilidad de la organización, después de la detención de su cúpula combinada con distintas operaciones policiales en el sur de Francia y de la desarticulación de diferentes comandos de la organización, convenció a los nuevos dirigentes de que debían optar por atentados que lograsen un mayor impacto en la opinión pública, aunque no llegasen a provocar un número de víctimas tan elevado como los de la década de los 80, ya que la capacidad logística de la banda estaba cada vez más limitada.

Entre los nuevos objetivos destacaron políticos, jueces, periodistas, fiscales y también funcionarios de prisiones. Ángel Jesús Mota, también funcionario en Martutene, fue asesinado a tiros el 13 de marzo de 1990, Manuel Pérez, trabajador en la cárcel de Sevilla, fue asesinado por un paquete bomba el 28 de junio de 1991 que también segó la vida de dos internos de la cárcel y del hermano de un preso que había acudido a visitarle.

Después, llegó el 22 de enero de 1993 el asesinato de Domínguez Burillo y el 17 de enero de 1996 el secuestro del también burgalés José Antonio Ortega Lara, que permaneció en un zulo insalubre durante 532 días hasta que fue liberado por la Guardia Civil, el 1 de julio de 1997. Ese año 1997 fue especialmente sangriento ya que Francisco Javier Gómez Elósegi fue asesinado el 11 de marzo en San Sebastián y Juan José Baeza, también trabajador de Martutene, fue tiroteado en Rentería aunque salvó la vida milagrosamente después de que un disparo le afectase al cuello.

El último funcionario de prisiones asesinado por la banda fue Máximo Casado, el 22 de octubre de 2000, por una bomba lapa colocada en su vehículo cuando se dirigía al centro penitenciario de Nanclares de Oca. Una triste lista de asesinados por la barbarie. 30 años después aún se recuerda a ese burgalés "bonachón" que se desvivía por mejorar las condiciones de vida de los presos.