Concentración convocada por CSIF ante la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León

Concentración convocada por CSIF ante la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León Ical

Región

CSIF anuncia movilizaciones y no descarta una huelga por la elevada interinidad y el bloqueo de las mejoras del profesorado

El sindicato denuncia que el próximo curso arrancará con una tasa de temporalidad cercana al 30 %, que en Castilla y León alcanzará el 35 %, mientras siguen aplazadas la reducción de ratios, la rebaja de horarios y otras reivindicaciones laborales.

Más información: CSIF exige a la Junta una reclasificación "justa" y refuerzos del personal laboral de la educación pública

Publicada

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado un calendario de movilizaciones para el inicio del curso escolar 2026-2027 ante lo que considera el mantenimiento de unas condiciones laborales "insostenibles" para el profesorado.

El sindicato denuncia que las aulas volverán a abrir con una elevada tasa de interinidad, cercana al 30 % en el conjunto del país, y sin que se hayan materializado las principales mejoras comprometidas para los docentes, como la reducción de ratios, la disminución de la carga horaria o el desarrollo del Estatuto Docente.

Como primera medida de presión, CSIF ha convocado una concentración el próximo 16 de septiembre frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en Madrid.

La organización sindical advierte de que este calendario de protestas podría ampliarse y asegura que no descarta la convocatoria de una huelga si no se producen avances en las negociaciones.

Según explica la organización, estas medidas se toman para defender la escuela pública y reclamar unas condiciones laborales "dignas" para el profesorado.

Uno de los principales motivos de preocupación para el sindicato continúa siendo la elevada temporalidad del personal docente.

CSIF sostiene que la interinidad se ha convertido en uno de los problemas estructurales del sistema educativo y considera que las ofertas de empleo público actualmente previstas resultan insuficientes para revertir la situación.

De acuerdo con los datos que maneja la organización, obtenidos de fuentes oficiales, aunque llegaran a cubrirse la totalidad de las plazas convocadas en 2025, un total de 20.278, y las previstas para 2026, que ascienden a 19.060, además de producirse todas las jubilaciones previstas, la tasa de interinidad seguiría situándose en el 28 % al inicio del curso 2026-2027.

CSIF también pone el foco en las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

Según sus previsiones, Galicia registrará una tasa de interinidad del 16,2 %, mientras que Navarra alcanzará el 48,9 %. Aragón y el País Vasco superarán igualmente el 44 %. En el caso de Castilla y León, el sindicato estima que la temporalidad llegará al 35 % en septiembre de 2026.

La organización lamenta además que la legislatura finalice sin que el profesorado haya visto avances "reales" en sus condiciones laborales.

Entre las reivindicaciones pendientes menciona la aprobación del Estatuto Docente, la equiparación salarial entre territorios y una reducción efectiva tanto de las ratios de alumnado por aula como de la carga lectiva.

En este sentido, CSIF critica especialmente el retraso en la aplicación de la ley destinada a reducir las ratios y los horarios docentes.

Recuerda el sindicato que se trata de la única iniciativa que ha prosperado, aunque su entrada en vigor no comenzará hasta el curso 2027-2028, un año después de lo acordado con las organizaciones sindicales. Además, señala que su implantación será progresiva y no concluirá hasta el curso 2031-2032.

El sindicato considera que esta falta de avances ya está generando un creciente malestar entre el profesorado, reflejado en las movilizaciones desarrolladas en distintas comunidades autónomas.

A ello añade la incertidumbre derivada del próximo ciclo electoral, con elecciones nacionales y autonómicas en el horizonte, una situación que, a su juicio, puede dificultar todavía más la adopción de medidas estructurales para mejorar el sistema educativo y las condiciones de trabajo de los docentes.

CSIF advierte igualmente de que la realidad de las aulas ha cambiado de forma significativa durante la última década, mientras que los recursos disponibles no han evolucionado al mismo ritmo.

La organización sostiene que el incremento del alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE) está aumentando la complejidad de la labor docente y exige una respuesta estructural por parte de las administraciones.

Según los datos recopilados por el sindicato, el número de estudiantes con ACNEAE se ha triplicado desde el curso 2011-2012.

En la actualidad representan el 17 % del alumnado matriculado en centros públicos y el 15 % del conjunto del sistema educativo no universitario.

Dentro de este colectivo, CSIF destaca el crecimiento registrado entre el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La organización indica que esta categoría se ha multiplicado por seis en los últimos catorce años, al pasar de 19.023 alumnos durante el curso 2011-2012 a 107.977 en el curso 2024-2025.

Ante esta evolución, el sindicato reclama un incremento estable de profesionales especializados en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación Educativa.

A su juicio, la diferencia entre el número de estudiantes que requieren atención específica y los recursos actualmente disponibles constituye uno de los déficits "más graves" y "menos visibles" del sistema educativo.

Por ello, defiende que el futuro Estatuto Docente establezca ratios máximas de atención especializada.

Como respuesta a esta situación, CSIF reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas un conjunto de medidas urgentes para reducir la temporalidad hasta el 8 % mediante convocatorias anuales de oposiciones.

Además, exigen la creación de plazas estructurales, implantar una reducción efectiva de las ratios de alumnado con nuevas plazas permanentes.

Así como desarrollar un Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y aumentar progresivamente la inversión en educación pública hasta alcanzar el 7 % del Producto Interior Bruto.