El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro ICAL
CSIF exige a la Junta elevar el kilometraje a 0,31 euros: "Los procuradores de las Cortes reciben ayudas de 1.000 euros”
Miles de profesionales, como los de sanidad y educación, deben desplazarse diariamente entre municipios o por amplias zonas rurales para garantizar la prestación de los servicios públicos.
Más información: CSIF no se conforma con 0,23 euros por kilómetro para los docentes en Castilla y León y exige 0,31
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pasado a la ofensiva para poner fin a lo que consideran una situación "insostenible" para miles de empleados públicos en Castilla y León.
El sindicato ha reclamado a la Junta de Castilla y León el incremento inmediato de la compensación por kilometraje, solicitando pasar de los actuales 0,26 € a 0,31 € por kilómetro.
Para CSIF, la actual cuantía es "completamente insuficiente". El sindicato argumenta que la inestabilidad internacional y el encarecimiento de los carburantes han dejado obsoleto el Decreto 252/1993, que regula estas indemnizaciones.
"Los empleados públicos no pueden seguir financiando de su bolsillo la prestación de los servicios públicos en la Comunidad. Es inaceptable", afirma Benjamín Castro, presidente de la Unión Autonómica de CSIF Castilla y León.
El sindicato recuerda que, en el pasado, la Administración tardó 16 años en actualizar estas cuantías, un retraso que "no se puede volver a repetir" ante una crisis energética que amenaza con cronificarse.
Uno de los puntos más críticos de la reclamación es la comparativa con los procuradores de las Cortes de Castilla y León. CSIF califica de "indecente" e "intolerable" que, mientras los sanitarios o docentes asumen íntegramente el seguro de sus vehículos para trabajar, los procuradores reciban ayudas de 1.000 euros para aquellos con dedicación exclusiva.
500 euros para el resto (según el acuerdo de la Mesa de las Cortes de julio de 2023).
CSIF exige que se establezcan compensaciones similares para los trabajadores que garantizan servicios en municipios y amplias zonas rurales, donde el desgaste y la amortización del vehículo son constantes.
La respuesta de la Junta: "No se puede descartar"
Por su parte, la Administración autonómica ha confirmado que mantiene contactos con diversos sectores afectados (agrarios, transportistas, cámaras de comercio y sindicatos) para evaluar el impacto de la crisis energética.
Desde la Junta recuerdan que ya se implementaron medidas extraordinarias a raíz de la guerra de Ucrania y que la actualización del kilometraje realizada el año pasado es un precedente que podría repetirse.
"Es algo que no podemos descartar en función de cuál sea la evolución de los precios en el inmediato futuro", señaló Carlos Fernández Carriedo, vinculando cualquier decisión a la duración y gravedad del contexto internacional.
