El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, saluda a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al inicio de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, saluda a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al inicio de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes Juan Lázaro ICAL

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Castilla y León exige al Gobierno que retire el "cupo separatista": "Perjudica la igualdad y la unidad"

La Junta ha reclamado al Ejecutivo que negocie la financiación de forma igualitaria "con todas las comunidades autónomas" y no solo "con unos partidos separatistas" para luego "intentar extender y aplicar ese modelo al resto de España".

Más información: Castilla y León pedirá este lunes a Montero "igualdad" en la financiación y el fin de cualquier trato singular para Cataluña

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El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, exigirá al Gobierno central que "renuncie a su objetivo de establecer un cupo separatista y a la fragmentación de la agencia tributaria a nivel estatal" en la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid.

Una cita en la que el Gobierno se reúne con las comunidades para presentar su propuesta de senda de estabilidad para el período 2026-2028, lo que está considerado como el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Para Carriedo el "cupo separatista" es un precio político que tiene que pagar el Ejecutivo a los partidos independentistas por su respaldo parlamentario, por lo que considera que ahora es "un buen momento" para retirar esta iniciativa ya que el Gobierno "ha perdido el apoyo de los partidos separatistas".

El portavoz de la Junta ha asegurado que este "cupo" es "perjudicial para la unidad, para la igualdad y para la solidaridad entre todos los españoles". "Debemos empezar a negociar entre todos de forma multilateral porque lo que es y afecta a todos tiene que negociarse a nuestro juicio entre todas las comunidades autónomas de España", ha afirmado.

Precisamente esta iniciativa llevó a los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP a levantarse de la mesa y abandonar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su convocatoria de febrero.

En este sentido, Carriedo ha insistido en que el objetivo es que "el Gobierno cambie de opinión y se dé cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas". "Y esa otra forma pasa por tratar a todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad, no negociar solo con unos partidos separatistas y luego intentar extender y aplicar ese modelo al resto de España", ha añadido.

Reforma de la financiación

A pesar de la oposición del Gobierno regional a este proyecto de Hacienda, Carriedo ha recordado la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica "que terminó su vigencia en el año 2014 y lleva once años ya caducado". Sin embargo, ha vuelto a hacer hincapié en que la negociación "se produzca entre todos y no solo con alguno y luego aplicar ese modelo al resto de territorios".

Asimismo, el consejero ha señalado que en este Consejo se pondrán sobre la mesa otros puntos "de cierto interés".

"La posición de Castilla y León es muy concreta en lo que tiene que ver con la deuda y la condonación de la deuda para las comunidades autónomas. Nuestra posición es claramente contraria", ha avanzado Carriedo, que considera que la iniciativa del Gobierno "crea un precedente perjudicial para el conjunto de las comunidades autónomas".

En este sentido, ha explicado que "tampoco es como tal una condonación porque lo que se hace es que lo que se debía por las comunidades autónomas ahora lo pasa a deber el Gobierno". "Por tanto, el conjunto de los ciudadanos siguen asumiendo esta deuda, incluso en el caso de Castilla y León es más endeudamiento del que teníamos antes", ha afirmado.

En lo referente al reparto de algunos impuestos, que también ha creado polémica entre las comunidades, Carriedo ha indicado que en la anterior reunión "se aplicó un criterio en donde el Gobierno solo obtuvo el apoyo de una única comunidad autónoma", algo que en su opinión "debe quedar reflejado claramente en el acta".

"El modelo de voto permite al Gobierno sacar adelante algo con una única comunidad autónoma porque el Gobierno tiene la mitad de los votos, pero nos parece oportuno que en el acta quede claramente reflejado que en ese acuerdo solo una comunidad autónoma estaba a favor y el resto de las comunidades autónomas no lo apoyamos", ha señalado.

Presupuestos autonómicos

Carriedo ha asegurado que "ya es tarde" para que el techo de gasto y la senda de estabilidad que presenta este lunes el Gobierno tenga consecuencias en los presupuestos autonómicos.

"El Consejo de Política Fiscal y Financiera se viene celebrando en el mes de julio, lo que es previo a que presentemos los presupuestos pero en esta ocasión se ha decidido que se haga ahora, cuando la mayor parte de las comunidades autónomas ya hemos entregado el presupuesto y lo estamos tramitando en nuestros respectivos parlamentos. En el caso concreto de Castilla y León, esta semana tenemos el debate de totalidad del presupuesto y, por tanto, ya es tarde para que lo que aquí se decida nos pueda afectar a nosotros", ha afirmado.

Precisamente, en lo referente al plazo dado por Vox para que la Junta acepte sus exigencias a cambio de apoyar las cuentas públicas en las Cortes, Carriedo ha recordado que el Gobierno autonómico "ya ha hecho todos los esfuerzos".

"Hemos tenido 45 horas de debate parlamentario explicando el Presupuesto con los consejeros, intentando acercar posturas, resolver y aclarar dudas. Yo mismo me he reunido durante nueve horas con todos los partidos políticos sin ningún tipo de exclusión", ha afirmado el consejero, insistiendo en que "ahora son ellos los que tienen que decidir". "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo: un buen presupuesto que creemos que atiende a los problemas reales de la gente de Castilla y de León", ha zanjado.

"El alquiler de Moncloa"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, charla con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, charla con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Tras el encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta ha trasladado su descontento sobre el modelo de financiación autonómica que, a su juicio, beneficia a Cataluña de manera injusta.

La ministra ha anunciado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que presentará una propuesta del Gobierno sobre el sistema de financiación autonómica en enero, o como muy tarde en febrero de 2026.

Sobre esto, Carriedo ha señalado que, ante la falta de detalles compartidos por Montero durante la reunión, la Junta ha pedido "alguna información adicional, alguna aclaración" sobre esta financiación singular para garantizar "la igualdad entre todas las comunidades autónomas, la suficiencia de los recursos, la solidaridad y la multilateralidad".

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo

El consejero de Economía y Hacienda ha advertido en dicho encuentro que Castilla y León no podría respaldar un modelo que incluyera un "cupo separatista" ni que disminuyera la presencia de la Agencia Tributaria en territorios como Cataluña, "que es de carácter general para toda España".

Carriedo ha asegurado que "aquí tiene que primar el interés de todos los españoles" y ha dejado claro su negativa a que se negocie un sistema con "partidos separatistas" para luego aplicarlo al resto de comunidades.

Carriedo también ha criticado la denominada condonación de la deuda, calificándola de "modelo perjudicial para Castilla y León" y de "grave precedente" que se hace "exclusivamente para contentar a una serie de socios separatistas que mantienen la actual legislatura mientras dure".

En su opinión, ambos asuntos no son otra cosa que "el pago de un precio político, el pago del alquiler del Palacio de la Moncloa".