El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. ICAL
La Junta reclama al Gobierno 315 millones por la liquidación de la financiación en 2023: “Hacen el ‘yo invito, tú pagas'”
Prepara un requerimiento para no llegar a los tribunales para cuantificar la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica de 2023.
Más información: Castilla y León reclama al Gobierno 210 millones más por la liquidación de 2022
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a formalizar un requerimiento previo en relación con la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica correspondiente al ejercicio 2023.
Según ha informado la Junta, esta actuación se realiza en cumplimiento del principio de lealtad institucional, y tiene como objetivo garantizar que el cálculo de la liquidación refleje con exactitud los fondos que corresponden a la Comunidad.
El requerimiento, que se enviará al Gobierno central, busca defender el interés general de Castilla y León, asegurar la adecuada financiación de los servicios públicos esenciales y promover una coordinación justa entre administraciones.
“Se trata de garantizar los fondos que nos corresponden y de que cada administración asuma sus responsabilidades”, explicó Fernández Carriedo tras el Consejo de Gobierno.
El consejero subrayó que el principio que guía esta actuación es claro: “Quien regula, paga”, rechazando lo que definió como la práctica del “yo invito, tú pagas”.
Según indicó, la reclamación de la Junta alcanza unos 315 millones de euros, cantidad que la Comunidad considera pendiente de reconocimiento en la liquidación del sistema, en temas como el IVA, material de personal, etc.
Unos 315 millones de euros que no ha sabido cuantificar de dónde vienen. “Ahora es el momento de sentarse con el Gobierno, quizás puede ser que estemos confundidos en la cantidad, pero lo que hay que hacer es hablarlo”.
“El Gobierno sube impuestos y si es a la baja son los que toca a las Comunidades, y luego somos nosotros los que tenemos que responder”, ha afirmado.
“Nosotros cumplimos las leyes, pero esta ley nacional nos imputa un gasto que tiene que afrontar él”, ha apuntado.
Fernández Carriedo ha insistido en que este paso constituye un requerimiento previo a la vía judicial, con la intención de evitar un conflicto contencioso y alcanzar un acuerdo satisfactorio entre ambas administraciones.
“No buscamos la confrontación, sino una solución justa y conforme al principio de lealtad institucional”, ha finalizado.
