El PP denuncia que la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno es "el mayor ataque" al mundo rural y a Castilla y León

"La Ley de Movilidad Sostenible es una Ley Mentira, porque empeora la movilidad y de sostenible no tiene nada". Así de tajante se ha mostrado el senador del Partido Popular por Segovia Juan José Sanz Vitorio que, junto con su compañera, María Ángeles García, ha explicado este lunes los pormenores de esta normativa que el Gobierno de Pedro Sánchez está intentando sacar adelante "realizando concesiones a sus socios como la supresión de la ampliación del aeropuerto del Prat o del Puerto de Valencia".

Después de tres años de tramitación en el Congreso, pasó a su aprobación en el Senado cuya tramitación duró apenas 11 días, y en la que el PP sacó adelante sus 86 enmiendas con las que se pretendía "recuperar los servicios de calidad" en materia de movilidad, entre ellos, por ejemplo, que Renfe vuelva a la normativa de devolver el 50% de los billetes en los viajes que lleguen con 15 minutos de retraso, y el 100% en retrasos de más de 30 minutos.

Sanz Vitorio ha pedido "que se prioricen las personas y no la rentabilidad" en el mapa concesional de transporte "que es lo que pretende el Gobierno de Sánchez", suponiendo "el mayor ataque el mundo rural, a Castilla y León y a Segovia", puesto que en el conjunto autonómico "se suprimen 474 paradas en 346 municipios, lo que supone el 71% de las paradas actuales". "En Segovia serán 21 los municipios afectados, con 33 paradas y más de 7.400 personas y casi 15.000 demandantes", ha detallado.

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El senador popular ha pedido al líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, que diga si los diputados de Castilla y León votarán a favor del mantenimiento por Ley de las paradas existente o si "ya ha cambiado de opinión en relación a lo que decía como alcalde".

"No es sostenible"

Sanz Vitorio ha señalado que, además de ser "desacertada" en materia de movilidad, esta Ley lo es también en lo que se refiere a la sostenibilidad, ya que, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el año 2023 debía haber entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga de energía eléctrica en toda España, pero en 2025 hay "entre 40.000 y 42.000, solamente el 40% de los previstos".

"Estamos a menos de la mitad de lo que eran los objetivos y con dos años de retraso, por ello hemos presentado una enmienda que busca la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares y paliar así la situación energética en la que nos encontramos", ha lamentado.

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El senador popular ha afirmado que "la saturación de la red hace imposible alcanzar los objetivos de transición energética como ha manifestado la Patronal UNO, de plataforma logísticas y de transportes, y compromete la viabilidad de las nuevas conexiones eléctricas para plataformas logísticas y paraliza los proyectos de electrificación de flota".

Además, ha subrayado que el Banco de España apunta a que existen 10.333 puntos de recarga instalados no conectados por "falta de capacidad" en la red. "La única razón de aprobación de la Ley es la urgencia por la pérdida de fondos de recuperación, fondos en los que el Ministerio de Transporte ha demostrado ser unos perfectos ineptos: a 31 de agosto, de 1.796 millones de euros de estos fondos sólo habían ejecutado 386, un 21,5%", ha explicado.

Actualmente, la ley ha sido aprobada en el Congreso inicialmente y en el Senado con las enmiendas del PP, por lo que ha vuelto al Congreso para que la Cámara Baja decida si acepta o rechaza las modificaciones introducidas por el Senado.