El PP respalda a los autónomos en las Cortes tras la frustrada embestida del PSOE, que quería subirles un 35% las cotizaciones

El Grupo Popular ha sacado adelante con una amplia mayoría, 51 votos a favor, y con el único rechazo de los 26 procuradores del PSOE presentes en la Cámara, una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento autonómico instando a la Junta a dirigirse al Gobierno para que retire la propuesta de incremento de cuotas de autónomos, a que reconsidere un nuevo esquema de tramos "adaptado al contexto actual", a que implante una bonificación total de las cuotas para nuevos autónomos el primer año de actividad.

Además, a establecer una bonificación total de las cuotas para todos aquellos autónomos que ingresen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin límite temporal mientras se mantengan en esta situación, a implantar bonificaciones parciales en las cuotas de los autónomos que asuman el traspaso de un negocio por jubilación en comunidades especialmente envejecidas, a aplicar la exención de abono del IVA trimestral para los que facturen menos de 85.000 euros al año y a recuperar la cuota reducida para autónomos de Soria.

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El popular Emilio José Berzosa ha asegurado que el PP da voz a los autónomos "ante un nuevo golpe del Gobierno de Sánchez". "Una gran parte sobrevive con ingresos modestos, para ellos una subida no es una estadística, es la diferencia entre seguir abiertos o cerrar para siempre. Esta medida es un castigo a quienes levantan cada mañana sus persianas y generan empleo, por eso Mañueco ha incluido en presupuestos una ayuda de 300 euros para compensar las injustificables subidas de Sánchez", ha señalado.

Berzosa ha señalado que un país sin emprendimiento es "un país muerto y sin futuro". "Sánchez sube las cuotas a quienes crean empleo mientras no escucha a las asociaciones y a los profesionales, solo tiene afán recaudatorio porque el agujero que está dejando en este país es demasiado grande. Más que un erial parece un huerto en el que merendaban todos con lechugas y chistorras, con ustedes prosperan los Ábalos, Koldos y Cerdán, y su reacción es otra subida más a los autónomos", ha asegurado.

El representante popular ha denunciado que los socialistas "están convirtiendo este país en caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza". "Da rabia sentir que se castiga al honrado y se premia al indecente. En los gobiernos del PSOE si trabajas, pagas, si robas cobras, ser autónomo tiene que ser una oportunidad de futuro en nuestra tierra, hay que apoyar al autónomo y no convertirlo en un mero recaudador del Estado", ha zanjado.

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El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha tildado de "hipócrita" al PP por no traer la Ley de Medidas y el representante de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho que el Gobierno de la Junta es "una máquina de triturar autónomos". El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, por su parte, ha recordado que el PP "votó en contra" de una iniciativa similar presentada por su partido. "Maltratan a los autónomos de Castilla y León y de Soria y ahora por misterios de la agenda política nos traen esto", ha afirmado.

La procuradora de Vox Isabel Pérez ha recordado que el PP "votó a favor de la reforma sablazo del Gobierno" y ha asegurado que su iniciativa es "oportunismo en estado puro". El socialista Javier Campos de la Fuente ha asegurado que la actualidad "ha dejado desfasada" la PNL del PP, tras la rectificación del Ejecutivo. "Retiren esta oportunista PNL y dedíquense a sus competencias, presentando de forma adecuada sus presupuestos con medidas y dinero para los autónomos. Deriven sus esfuerzos políticos ahí y no a pedir siempre a papá Estado", ha zanjado.

"Desproteger" el aborto

El PP ha rechazado este miércoles en el pleno de las Cortes de Castilla y León el blindaje del derecho al aborto en la Constitución propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez asegurando que, realmente, lo "desprotegería". La popular Beatriz Coehlo ha recordado que la interrupción voluntaria del embarazo pasaría "de ser un derecho fundamental a un principio rector" si se consagra en el artículo 43 ya que, actualmente, "ya es considerado un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional".

Los populares han justificado así su voto en contra a una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista que pedía que la Junta manifestase su apoyo a la iniciativa de Sánchez. La socialista Nuria Rubio ha denunciado que el PP ha quedado "retratado" con su rechazo a la iniciativa, que ha sido tumbada con el voto en contra de los populares y Vox, aunque los de Santiago Abascal han justificado su rechazo por su defensa del "derecho a la vida desde la concepción", una justificación diferente a la de los populares.

La iniciativa del PSOE pedía a la Junta que se dirigiese al Gobierno para manifestar su apoyo a la consagración en la Constitución del derecho al aborto, que se incorpore el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo "en todos los centros hospitalarios públicos de Sacyl" y garantizar que desde la Consejería de Sanidad y a través de Atención Primaria y Hospitalaria pública se proporcione la información, asesoramiento y atención adecuados ante embarazos no deseados o inesperados.

También instaba a garantizar que desde la Consejería de Sanidad y a través de la Atención Hospitalaria de urgencia se proporcionara información protocolizada, acciones de prevención y asistencia y se facilitara el acceso a la píldora postcoital gratuita, proceder, una vez que la mujer "libremente haya decidido interrumpir el embarazo, con la máxima diligencia e informarla de la técnica más adecuada en su caso y priorizando siempre su realización en los hospitales públicos de referencia".

Y, por último, a garantizar la financiación pública de la interrupción voluntaria del embarazo "independientemente de la nacionalidad y situación de residencia de la mujer" y que "de manera inmediata se retire de la página de comunicación de la Junta el protocolo antiaborto de enero de 2023".

La viceportavoz socialista, Nuria Rubio, ha asegurado, en la presentación de la iniciativa, que "estamos en un momento crucial para los derechos de las mujeres, la igualdad real y la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo".

"Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos internacionalmente como derechos humanos. En España, gracias siempre a gobiernos socialistas, hemos ido avanzando, en 1985 los primeros supuestos, después con la Ley 2/2010 se garantizó que toda mujer pudiera interrumpir su embarazo en condiciones de igualdad y dignidad y nuestro Gobierno reformó dicha Ley para sentar un marco más moderno y garantista", ha afirmado.

Rubio ha asegurado que "necesitamos ir más allá" y que "por eso el presidente ha anunciado una reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitución y que la derecha más reaccionaria no nos pueda llevar al pasado". "Los derechos de las mujeres se protegen, se blindan y garantizan. Mientras el Estado avanza, en Castilla y León aún nos encontramos con obstáculos que nos impiden decidir. Mañueco fue pionero en introducir a la extrema derecha, a aquellos que niegan la violencia de género, aceptó todos sus chantajes para mantenerse en el poder a toda costa", ha afirmado.

Y ha recordado que en enero de 2023 "anunció un protocolo antiabortista, un claro intento para recortar la interrupción voluntaria del embarazo". "Lo paramos los socialistas de la mano de todas las feministas, pero sigue colgado en la web de la Junta. Muchas mujeres deben desplazarse fuera de su provincia y de la Comunidad, un derecho no es real si depende de nuestro código postal o de nuestro bolsillo", ha afirmado, denunciando a los activistas antiaborto "que les increpaban en las clínicas".

"Esto es violencia y por eso el Gobierno tipificó penalmente ese acoso. Ninguna democracia es completa si las mujeres no pueden ejercer el control sobre su cuerpo, salud y proyecto de vida. Que los grupos se posicionen y decidan si están del lado de la igualdad o de la regresión", ha señalado.

Una "grave amenaza"

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha denunciado que en la Comunidad se ha incrementado en un 22% el número de abortos "con el protocolo antiaborto de mierda". "Tiene que dejar de ser un suculento negocio y hay que garantizar el derecho al aborto", ha afirmado.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha denunciado que el PP "está incumpliendo sistemática y flagrantemente la Ley". "Están impidiendo a las mujeres que así lo deseen interrumpir voluntariamente su embarazo y convierten un derecho fundamental en un negocio porque la mayoría de abortos en Castilla y León se realizan en clínicas privadas", ha señalado.

La representante de Soria ¡Ya! Vanesa García ha recordado que es una competencia del Estado y ha señalado que "debatir un asunto cuya competencia recae en el Gobierno nacional hace que se debatan otras cuestiones". La procuradora de Vox Fátima Pinacho ha defendido "la vida desde el momento de la concepción". "Constantemente olvidan que el derecho a la vida constituye un derecho fundamental y troncal. Es el deber de cualquier sociedad civilizada, fomentar la vida y dar alternativas ante la cultura de la muerte", ha señalado.

"Hay que exigir a las administraciones que blinden el derecho a la vida y no consagrar como derecho fundamental acabar con la vida con el único fin de ocultar la corrupción que afecta a su familia y a su partido. No se puede seguir vendiendo este drama como una medida anticonceptiva, están trivializando un tema que es trágico para cualquier mujer. Se gasta 12 veces más en abortos que en ayudar a las mujeres que quieren ser madres. El PP ha renunciado a defender el derecho a la vida ya que para ustedes todo lo de la izquierda está superado", ha asegurado.

La popular Beatriz Coehlo ha defendido que en Castilla y León "se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo" y que "las mujeres pueden ejercer todos sus derechos con total garantía". "En la página de la Junta no existe ningún protocolo antiaborto, solo una nota de prensa con medidas de natalidad y apoyo a las familias, así lo reconoció el Gobierno de Sánchez. Dejen de intentar manipular a los ciudadanos con cortinas de humo para tapar la podredumbre de su partido", ha afirmado.

Coehlo ha denunciado que los socialistas son "una grave amenaza para los derechos de las mujeres". "Nos han dejado totalmente desamparadas con campañas publicitarias fallidas, aplicaciones inservibles y despilfarro de más de 2.000 millones de euros. Más víctimas por violencia de género, se han multiplicado por más de cuatro las violaciones y se ha producido una caída de 13 puntos en el ranking de bienestar para la mujer", ha afirmado.

Además, ha recordado que aprobaron la Ley del 'solo sí es sí' "a sabiendas de que provocarían las rebajas para agresores sexuales" y que se han producido "problemas en las pulseras y no han hecho absolutamente nada". Y ha justificado su rechazo a la iniciativa asegurando que, ahora, con esta iniciativa, "pretenden desproteger el aborto".

"Su Gobierno ya ha manifestado que la inclusión no se va a hacer en el artículo 15 sino en el 43, que no goza de la categoría de derecho fundamental. Lo que es considerado por el Tribunal Constitucional un derecho fundamental, gracias a su reforma será considerado un principio rector y todo para seguir tapando las miserias del PSOE. Anteponen los intereses de su partido a los derechos de las mujeres que son manoseados hasta hacerlos un auténtico guiñapo. La reforma que pretenden desproteger el aborto", ha zanjado.

Defensa de la salud mental

Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una PNL del Grupo Popular en materia de salud mental. La iniciativa instaba a la Junta a promover campañas de concienciación, sensibilización y lucha contra el estigma, especialmente en entornos educativos laborales y sanitarios, así como reforzar los programas de prevención del suicidio.

También a acercar la atención a la salud mental al medio rural, proporcionando consultas de salud mental presenciales en los centros de salud e impulsar la digitalización de los servicios de salud mental, para mejorar la coordinación intersectorial y el acceso remoto a la atención psicológica, y a establecer consultas de psicogeriatría en todas las áreas de salud de la COmunidad, con el objetivo de proporcionar una atención especializada y multidisciplinar a las personas mayores con trastornos mentales.

Por último, la iniciativa impulsada por el PP insta a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para que, en cumplimiento de sus competencias, garantice la dotación de profesionales especializados, como psiquiatras, psicólogos clínicos o enfermeras de salud mental, así como la financiación suficiente para llevar a cabo el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y las acciones recogidas en la Estrategia de Asistencia en Salud Mental de Castilla y León 2024-2030.

Vox se queda solo

Vox se ha quedado solo defendiendo una PNL en la que exigía a la Junta que instase al Gobierno a modificar el IVA con el objetivo de considerar la vivienda habitual de los españoles dentro de los productos y servicios gravados con el tipo superreducido y a instar a la Comisión Europea a la modificación de la Directiva relativa al sistema común del IVA para dotar a los estados miembros de la posibilidad de aplicar a la compra de vivienda habitual el tipo reducido inferior al 5% o la exención del IVA.

También a establecer la bonificación del 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer una bonificación del 100% de la cuota tributaria, a la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio, a recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF, a extender a toda la nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF y a aumentar los supuestos de bonificación del IBI.

Además, instaban a la Junta a reducir el tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al mínimo permitido por ley y bonificar en cuota el 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compra de vivienda habitual y a establecer deducciones por compra, alquiler o rehabilitación de vivienda habitual en el tramo autonómico del IRPF. La iniciativa solo ha sido apoyada por los 11 procuradores del partido de Santiago Abascal y ha sido rechazada por el resto de la Cámara.

El procurador de Vox Miguel Suárez, que ha sido el encargado de presentar la iniciativa, ha asegurado que la crisis de la vivienda "saca a flote los problemas de las políticas de los últimos 40 años".

"Las políticas ecologistas, la competencia desleal en el campo, los problemas surgidos de las políticas industrial, energética y laboral, volando por los aires las centrales térmicas y cerrando nuestras minas y propiciando que no haya prosperidad en nuestras cabeceras de comarca ni capitales de provincia, que la gente tenga que irse a grandes ciudades y el mercado se siga tensionando. Los ataques a la propiedad privada, la okupación, la inmigración masiva y descontrolada o el turismo de masas", ha detallado.

Suárez ha recordado que la vivienda "es la causa de la mayor crisis generacional de nuestro tiempo junto con el engorde mórbido del Estado asistencial". "Esto se produce porque se ha producido una ruptura del contrato social de que los hijos deben poder vivir mejor que los padres y esto probablemente haga saltar por los aires el modelo de Estado que ustedes dos construyeron en la Transición", ha añadido, dirigiéndose a PP y PSOE.

Y ha hecho hincapié en la "pérdida de prosperidad en el mundo rural, ese mercado global y la falta de prosperidad en las pequeñas y medianas ciudades y la pérdida de posibilidades reales de crear una familia". "Esa falta de garantías hipotecarias, seguridad jurídica en caída libre y proliferación de alquileres turísticos e imposibilidad de acceder a la propiedad que causa una tensión en el mercado del alquiler. Todo esto hace que probablemente estemos asistiendo al principio del fin del modelo de Estado que nos fuimos a dar en 1978", ha afirmado.

El procurador de Vox ha recordado que en los años 90 "con tres años y medio de salario bruto una persona podía comprarse una casa" mientras que "hoy en Madrid, Málaga o Barcelona hacen falta 10 años de salario bruto".

"Para una hipoteca de 200.000 euros una familia debe desembolsar aproximadamente unos 60.000 euros de ahorro. Han expulsado a los pequeños propietarios que son incapaces de acceder al ahorro necesario para acumular los 60.000 euros necesarios y han convertido el mercado de la vivienda atractivo de narices para los grandes tenedores que quieren hacer negocio con la vivienda", ha lamentado.

"La vivienda es un derecho"

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha asegurado que la ausencia de impuestos "no es la receta adecuada" para solucionar el problema de la vivienda. "Desde que explotó la burbuja inmobiliaria no nos hemos recuperado y no ha habido construcción de vivienda pública y por eso los precios están como están", ha afirmado.

Y se ha negado a secundar la política "demagógica" de Vox. "Ustedes tienen ganado ese mercado de los jóvenes con el mensaje de que la culpa de lo que les pasa es de sus mayores, porque ellos tienen casa y pensión y los jóvenes no. Está siendo rompedor pero es altamente peligroso. No estoy dispuesto a sentirme culpable por haber estado 30 y tantos años de mi vida trabajando sin descanso", ha señalado.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a Vox de seguir "con su matraca, bulos y mentiras". "El problema no es la okupación, el problema es la imposibilidad absoluta de buena parte de la población de acceder a una vivienda y ustedes quieren arreglar este problema dando incentivos a los ricos, suprimiendo el impuesto de patrimonio y de sucesiones y donaciones. Sus soluciones son las mismas que las del PP y la conclusión será la misma, incrementar la burbuja y disparar los precios", ha señalado.

Fernández ha asegurado que el problema de la vivienda es la especulación. "Las casas tienen que servir para vivir porque la vivienda es un derecho, hay que bajar por ley el precio de los alquileres y prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir e intervenir el mercado de la vivienda. Su solución pasa por dar incentivos fiscales a los más ricos y así no se soluciona el problema de la vivienda, así seguirán incrementando la burbuja e impidiendo que la gente pueda acceder a una vivienda", ha insistido.

La procuradora de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) Alicia Gallego ha señalado que Vox, cuando gobernaba con el PP, "era favorable a subir impuestos" y ha criticado que su iniciativa se base en "reducir impuestos sin justificación" cuando "hacen falta recursos públicos" para solucionar el problema de la vivienda.

La representante del Grupo Socialista Laura Pelegrina ha asegurado que la iniciativa de Vox es "un plan racista, xenófobo y populista". Sus recetas son discriminatorias, establecer una prioridad nacional en el acceso a la vivienda es anticonstitucional. Señalar y culpar a la población migrante es racista y xenófobo, algo habitual en ustedes ya que forma parte de sus discursos de odio", ha denunciado.

Pelegrina ha señalado que "construir masivamente, liberalizar el suelo y eliminar impuestos va en contra de proteger el derecho a la vivienda, provocaría una nueva burbuja y volver al ladrillo". "Los precios subirían y beneficiarían a los de siempre, a los que ustedes defienden, a los especuladores y a los que más tienen. El PSOE defiende el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda asequible, Mañueco y Quiñones no ejercen sus competencias y se niegan a aplicar la Ley de Vivienda", ha afirmado.

El procurador del Grupo Popular David Beltrán, por su parte, ha defendido que la política de vivienda en Castilla y León "funciona porque esta guiada por la responsabilidad, el rigor y la defensa del trabajo, la propiedad y la libertad".

"Es un modelo basado en la seguridad jurídica, incentivos fiscales, más oferta y proteger a los propietarios frente a la okupación ilegal. Vox abandonó el Gobierno y está más preocupado en atacar al PP que en echar a Sánchez cuando Sánchez es el verdadero artífice del desastre en materia de vivienda, que es un verdadero desastre social", ha afirmado.

Beltrán ha asegurado que Vox "se ha instalado en lo fácil" y que "no están en el Gobierno y es fácil predicar". Además, ha asegurado que son propuestas "con buena intención pero difíciles de aplicar y alguna medida ilegal". "Castilla y León es la comunidad con los impuestos más bajos y eso favorece a todos", ha zanjado el procurador popular.