Las políticas que Mañueco pide para España y no aplica en Castilla y León: de la memoria histórica a la inmigración

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vincula al ex número tres del partido Santos Cerdán con el supuesto cobro de comisiones ilegales en el marco de la trama Koldo ha generado un auténtico terremoto político en España y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve cada vez más cerca su llegada a la Moncloa.

Feijóo: "La auditoría que se comprometió a hacer Sánchez ya se la está haciendo la Guardia Civil en la sede de Ferraz"

Como ya hiciera su amigo y mentor Mariano Rajoy hace 14 años, sabe que le sería suficiente con esperar a que el Ejecutivo terminase de desgastarse para acceder casi por inercia a la Presidencia, pero el líder popular ha optado por rearmar ideológicamente al partido en el cónclave de julio, en el que jugará un papel fundamental el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León ha sido uno de los encargados de elaborar la ponencia política que marcará el rumbo ideológico de la formación durante los próximos años, con la vista puesta en unas elecciones generales que tendrán lugar, como tarde, en julio de 2027, pero que, a tenor de los cada vez mayores escándalos que acorralan al Gobierno, podrían adelantarse.

Mañueco acusa a Sánchez de perjudicar a las empresas con sus "escándalos": "Tiene que convocar elecciones ya"

Pero se da la circunstancia de que Mañueco −que presentó el pasado martes el documento junto con el resto de redactores del mismo: el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la eurodiputada madrileña Alma Ezcurra− ha enarbolado en la ponencia política algunas banderas que no ondean en Castilla y León.

El documento, que marcará el rumbo ideológico de los populares durante los próximos años, rechaza la memoria democrática, aboga por luchar contra la inmigración ilegal, propone una renovación del Diálogo Social, defiende la vida, rechaza las "subvenciones selectivas" a los medios y propone retirar el subsidio de desempleo a los parados que rechacen ofertas de empleo "adecuadas".

Una serie de postulados que Mañueco no ha defendido en la Comunidad y que, en cambio, sí que están presentes en una ponencia que se encuentra enmarcada en el actual contexto nacional de polarización, en el que Feijóo trata de neutralizar a Vox como la principal oposición a un desgastado Sánchez. Una estrategia que requiere, por tanto, de una mayor batalla ideológica.

En Castilla y León, en cambio, el presidente de la Junta ha llevado a cabo una gestión moderada y centrista desde que Vox salió del Gobierno, en julio de 2024, y su estrategia pasa por recuperar las mayorías transversales con las que contó históricamente el PP de Castilla y León en uno de sus principales feudos, alejándose de los de Santiago Abascal y tratando de de captar votos del PSOE.

El documento que marcará la línea ideológica de los populares a nivel nacional en los próximos años se contradice, por tanto, con muchas de las políticas que ha llevado a cabo como presidente autonómico uno de sus principales impulsores.

La memoria histórica

La ponencia política redactada por Mañueco para el XXI Congreso Nacional del PP aboga por derogar la Ley de Memoria Democrática, asegurando que "muestra una voluntad de poner fin al consenso de la Transición" y "recupera la retórica del enfrentamiento".

En Castilla y León, en cambio, el presidente de la Junta ha defendido la continuidad del Decreto de Memoria Histórica, impulsado por los propios populares en abril de 2018, y tumbó la Ley de Concordia que había impulsado con Vox cuando compartieron Gobierno y que iba dirigida a derogar y sustituir aquel Decreto.

La aprobación de la Ley de Concordia fue uno de los objetivos prioritarios de Vox desde que entró a formar parte del Gobierno de coalición en marzo de 2022 y el PP nunca ocultó su voluntad de demorarla al máximo.

De hecho, no sería hasta pasados dos años desde la conformación del Ejecutivo, en abril de 2024, cuando por fin fue presentada y registrada por ambos grupos en mitad de una gran polémica y de tensiones con la oposición, con el Gobierno de España e incluso con tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A pesar de la polémica, los miembros del PP en el Gobierno alabaron siempre la norma, aseguraron que mejoraba el Decreto de Memoria Histórica impulsado por ellos mismos en abril de 2018 y subrayaron en todo momento que se ajustaba plenamente a la Ley y a la Constitución. Pero la ruptura con Vox cambió las tornas.

Desde que se conformó el nuevo Gobierno en solitario de los populares, las dudas acerca del futuro de la norma se acrecentaron, el PP rectificó su apoyo a la norma y la terminó tumbando en el pleno de las Cortes de Castilla y León en septiembre, solo seis meses después de haberla presentado conjuntamente con los de Santiago Abascal.

Por tanto, el Decreto de Memoria Histórica, finalmente, ha continuado en vigor en la Comunidad y no es discutido por el Gobierno en solitario del PP. En cambio, en la ponencia política del cónclave popular de julio se hace referencia a que las primeras políticas de "la mal llamada memoria democrática ya mostraron una voluntad de poner fin al consenso de la Transición".

"Pronto recuperaron la retórica del enfrentamiento. El nosotros se hizo cada vez más difícil de conjugar, y finalmente el PSOE decidió asumir por completo una dinámica política que no se asienta sobre la idea de nación común, sino sobre la exclusión del discrepante", señalan los populares en el documento del que Mañueco ha sido uno de los redactores.

Y añaden. "Derogaremos la mal llamada Ley de Memoria Democrática, corredactada por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia, con los victimarios, desde la manipulación y el enfrentamiento", zanjan en la ponencia política.

El control de fronteras

La problemática de la inmigración ha sido uno de los temas más polémicos en la política de Castilla y León durante los últimos años y, de hecho, fue la causa última de la ruptura del Ejecutivo de coalición entre PP y Vox, en julio de 2024, después de que el Gobierno autonómico aceptase el reparto de menores extranjeros no acompañados propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mañueco ha insistido en varias ocasiones en que la Comunidad es "una tierra solidaria y de acogida" y ha defendido la acogida de 'menas'. Además, el PP ha defendido en las Cortes la política de acogida de la Junta y rechazó una Proposición No de Ley (PNL) de Vox que solicitaba devolverlos a sus países de origen. "Roza la ilegalidad", afirmaron.

Los populares aseguraron que la Junta cumplía con "su obligación" y denunciaron que la "cerrazón" de los de Abascal les hacía defender posiciones que rozaban "el disparate". Con todo, el Gobierno de la Junta ha mostrado su rechazo al último reparto de 'menas' del Ejecutivo, que obliga a la Comunidad a acoger a más de 300 menores, y lo ha recurrido al Tribunal Constitucional.

Las políticas "solidarias y de acogida" del Gobierno de Mañueco se contradicen con lo que plantea en materia migratoria en la ponencia política, en la que se aboga por el control de fronteras y la repatriación "inmediata" de los inmigrantes ilegales.

"España carece de cauces legales realmente efectivos para la gente que quiere venir a trabajar. Llevamos años sin ejercer un control efectivo sobre la inmigración ilegal, con fronteras desprotegidas y un sistema de regularización caótico que incentiva a las mafias que trafican con personas y a miles de migrantes a incumplir la ley", denuncia el PP en el documento.

Y asegura que "es urgente establecer vías efectivas de entrada legal y ordenar la entrada de personas, primando la llegada de aquellos culturalmente cercanos, que cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes de nuestro sistema de valores".

"Porque el inmigrante no es por defecto ni víctima ni verdugo, sino un sujeto digno y libre, titular de derechos y también responsable de obligaciones como cualquier ciudadano. Es la administración competente en esta materia, es decir, el Gobierno central, quien debe asumir las consecuencias del descontrol migratorio", añaden en la ponencia redactada, entre otros, por Mañueco.

Además, los populares hacen hincapié en que "el control de fronteras no es ni un capricho ni una amenaza sino la garantía de la convivencia en libertad" y en que "es imperativo trabajar directamente en los países de origen, luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito".

"No podemos permitir que terceros países traten de utilizar la inmigración como arma para desestabilizar nuestra economía y nuestra sociedad. La inmigración es, también, una cuestión de Seguridad Nacional. La cooperación al desarrollo debe ser un instrumento para contribuir a una inmigración ordenada", zanjan en el documento.

La prestación por desempleo

Una de las medidas más polémicas propuestas por el presidente del PPCyL y de la Junta en la ponencia política ha sido la retirada del subsidio por desempleo a los parados que "rechacen de forma reiterada e injustificada de ofertas de trabajo adecuadas".

Se trata de una medida que propuso Vox en las Cortes de Castilla y León en junio de 2024, como propuesta de resolución de cara al debate del Estado de la Comunidad de ese año, asegurando que quería emular a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El procurador de Vox Iñaki Sicilia defendía que estas ayudas tenían que cumplir "una serie de requisitos integrados en los principios de equidad, justicia, solidaridad y proporcionalidad" y denunciaba que en Castilla y León se habían rechazado de forma "injustificada" en el último año 9.244 ofertas o acciones de inserción, orientación y formación.

Ahora, Mañueco ha incluido esta medida en la ponencia política del PP para el XXI Congreso Nacional del partido.

"El país con mayor paro de Europa no puede permitirse la pervivencia de un modelo tan ineficiente. El sistema público de empleo debe dejar de ser visto como una montaña de burocracia lenta para quienes necesitan con urgencia un trabajo", se afirma en el documento.

Y se añade que "necesitamos políticas activas adaptadas a las necesidades de las personas y empresas; y ayudas potentes a aquellos que realmente lo necesitan". "El subsidio por desempleo ha de estar condicionado a la no renuncia reiterada e injustificada de ofertas de trabajo adecuadas", afirman los populares en su ponencia política.

El derecho a la vida

El derecho a la vida ha sido otra de las cuestiones más polémicas de la vida política autonómica durante los últimos años. El PP ya mostró sus contradicciones cuando compartía el Gobierno con Vox con el conocido como protocolo antiaborto, que ofrecía a las madres una ecografía en 4D del feto y escuchar el latido fetal con el objetivo de desincentivar las prácticas abortivas.

Una medida que fue anunciada por el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y que, en un inicio, la parte del PP en la Junta no discutió, aunque terminó no aplicándose tras un requerimiento del Gobierno central.

Además, Vox se quedó solo defendiendo la aplicación de esta medida en un pleno de las Cortes del pasado mes de febrero mientras el PP negaba que hubiese acordado el protocolo antiaborto con Vox en ningún momento cuando gobernaban juntos y criticaba la "visión monotema" de los de David Hierro.

En la ponencia, en cambio, los populares aseguran que defienden "la dignidad de toda vida humana y la necesidad de garantizar los cuidados que sean necesarios a quienes más lo necesitan hasta el último suspiro". "Escogemos la cultura de la vida digna siempre y, para ello, nos comprometemos con un sistema de cuidados paliativos mejor dotado y humanizado", afirman.

Las subvenciones "selectivas"

Otra cuestión que ha generado tensiones políticas de primer nivel en la Comunidad, y que se encuentra de máxima actualidad, es la de la publicidad institucional. En el pleno de las Cortes de la próxima semana se aprobará, previsiblemente, con el voto en contra del PP, la nueva Ley de Publicidad Institucional, que propone que esta se limite al 33% del negocio anual de cada medio.

La oposición en bloque ha impulsado la norma, que podría ser la primera en aprobarse en Castilla y León con el voto en contra del PP en más de 35 años, denunciando que los populares "compran" a los medios con la publicidad institucional, mientras que estos la han calificado de "Ley de censura" y han asegurado que "atenta contra la libertad de prensa".

Este mismo jueves, además, la Junta ha aprobado en Consejo de Gobierno una subvención de 48 millones de euros para la privada Televisión Castilla y León a solo una semana del posible cambio legislativo. La nueva norma, precisamente, plantea la convocatoria de un nuevo concurso para la concesión de la televisión autonómica en el plazo de tres meses tras su entrada en vigor.

La ponencia política del XXI Congreso Nacional del PP señala que "la información debe regirse por las reglas de la libre competencia, sin interferencias que favorezcan a unos medios sobre otros".

"Cuando el Estado interviene para influir en el flujo informativo, ya sea mediante subvenciones selectivas, regulaciones arbitrarias o mecanismos de control sobre lo que se considera verdad o mentira, no sólo excede sus atribuciones, sino que erosiona el pluralismo y la libertad de prensa", se afirma en el documento redactado, entre otros por Mañueco.

Además, se asegura que "en una sociedad libre, la verdad no se impone desde el poder, sino que emerge del debate libre y abierto y el juicio crítico".

"La desinformación no se combate con censura ni con mecanismos de control estatales, sino con más información y transparencia. Tratar a los ciudadanos como una audiencia pasiva a la que hay que proteger de determinadas ideas es una forma de menospreciar su capacidad de juicio. Rechazamos cualquier intento de manipulación informativa", afirman.

Un Diálogo Social "renovado"

También es diferente la visión sobre el Diálogo Social de la Junta de Castilla y León de la que marca el PP en su ponencia política. El Gobierno monocolor de los populares en la Comunidad ha defendido en más de una ocasión que el actual modelo es intocable mientras que en el documento del Congreso Nacional se aboga por su "renovación y adaptación".

El Diálogo Social ha sido otra de las grandes materias en las que el Gobierno del PP en solitario ha dado un giro de 180 grados con respecto a la etapa en la que compartió el Ejecutivo de coalición con Vox.

El exconsejero de Industria, Comercio y Empleo Mariano Veganzones, de Vox, se caracterizó siempre por su beligerancia con sindicatos y patronal, redujo las subvenciones a UGT, CCOO y la CEOE, trató de desmantelar el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) y quiso reformar el Servicio Público de Empleo (Ecyl).

Con su salida del Ejecutivo, fue sustituido en el cargo por la popular Leticia García que anunció desde un inició su intención de impulsar el Diálogo Social y de mantener el modelo. Además, abonó las deudas del Serla y se reunió con sindicatos y patronal para reencauzar las relaciones.

Un cambio que fue ratificado por el propio Mañueco, en una reunión con los representantes de UGT, CCOO y CEOE, donde se comprometió a mantener el modelo en el que se reconoce la representatividad de esas organizaciones y aseguró que el Diálogo Social "está más vivo que nunca".

Un cambio de políticas que no gustó a Vox, que acusó a los populares de haber "vuelto al redil" y de "plegarse a los sindicatos" haciendo que recuperen los "privilegios" que, a su juicio, habían perdido en la etapa en la que Veganzones estuvo al frente de la Consejería.

Frente a esa defensa del "incuestionable" modelo del Diálogo Social en la Comunidad, y la negativa de la Junta a abrirlo a otras organizaciones sindicales y patronales aparte de UGT, CCOO y CEOE, como ha solicitado Vox, en la ponencia política redactada, entre otros, por Mañueco, los populares piden "adaptarlo a la realidad del mercado laboral".

"Reconocemos el Diálogo Social como un pilar de nuestro modelo democrático que debe ser renovado y adaptado en sus procesos y estructuras a fin de ser más ágil y representativo de la realidad del mercado laboral", aseguran en el documento.

Una serie de medidas que marcarán el rumbo ideológico del Partido Popular en los próximos años y, especialmente, de cara a las próximas elecciones generales, en virtud de una ponencia política en la que ha jugado un papel crucial el presidente de la Junta, y que no se aplican en una Castilla y León en la que la apuesta firme de Mañueco sigue siendo la moderación.