CSIF exige a la Junta de una financiación universitaria “adecuada” y mejoras laborales: “No es admisible”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alzado la voz este lunes en León durante un encuentro con 25 delegados del área de Universidades públicas de Castilla y León.

El sindicato ha exigido a la Junta una financiación autonómica “adecuada y suficiente” para las universidades públicas, reclamando que se acerque al 1% del PIB autonómico y se articule mediante un programa plurianual que permita una planificación eficaz de los recursos.

Durante la reunión, CSIF denunció la “total inacción” del Gobierno autonómico en el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en vigor desde hace dos años.

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“No se ha hecho nada”, afirmó Roberto Fernández, vicepresidente del sector autonómico de Educación y responsable de Universidades.

Entre las demandas urgentes destacó la regulación del profesorado permanente laboral, el acceso de nuevos empleados públicos a plazas de sustitución, la mejora de condiciones laborales del profesorado sustituto, y el pago de complementos autonómicos, quinquenios y sexenios al personal investigador temporal.

El sindicato también solicitó la actualización del Decreto 132/2002 sobre retribuciones del profesorado y la creación de un complemento específico para quienes participan en programas de doctorado y dirigen tesis, con el objetivo de “potenciar la excelencia investigadora”.

CSIF instó a la Junta a desbloquear la negociación de los III convenios colectivos del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral y del Personal de Administración y Servicios (PAS) laboral, paralizados desde hace más de diez años.

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“No es admisible que sigan prorrogándose indefinidamente condiciones laborales desfasadas”, denunció el sindicato, que ha definido una hoja de ruta reivindicativa para trasladar al Ejecutivo autonómico.

Entre las prioridades figura también la negociación de un acuerdo autonómico de premios de jubilación para todo el PDI y el PTGAS (Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios), “un derecho laboral que no puede seguir siendo ignorado”, subrayaron.

Otra demanda clave es la autorización de nuevas ofertas públicas de empleo que permitan rejuvenecer las plantillas y avanzar en la estabilización del personal técnico y administrativo.

 CSIF exige además una carrera profesional homogénea en todas las universidades públicas de Castilla y León, respaldada por financiación específica.

Precariedad y futuro incierto

Desde el ámbito nacional, el vicepresidente de Educación de CSIF y responsable de Universidad, Ramón Caballero, alertó de un futuro “complejo” para la universidad pública española.

Denunció que el gasto por estudiante en España es un 21% inferior al de la media europea y que la precariedad afecta ya al 49% del PDI, con más de 2.300 docentes permanentes perdidos en la última década. “La estabilización llega demasiado tarde, entre los 40 y los 50 años”, lamentó.

Caballero también advirtió del “invierno demográfico” que comenzará en 2027 y de la creciente competencia del sector privado. Actualmente, las universidades privadas acogen ya al 22% del alumnado (frente al 3% en 1995-96) y al 50% del alumnado de máster.

 En comunidades como La Rioja, el 80% de las matriculaciones son en universidades privadas; en Navarra, el 53%; en Cataluña, el 36%; y en Madrid, el 32%.

Por su parte, el presidente autonómico de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, reiteró el compromiso del sindicato con la implantación de la carrera profesional para el profesorado universitario, “un derecho ya reconocido para el resto de empleados públicos de la Junta”.

Castro anunció también que la Mesa de las Cortes ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada por CSIF para la inclusión de personal de enfermería en todos los centros educativos públicos.

Ahora será la Junta Electoral de la Comunidad la encargada de gestionar la recogida de firmas para llevar esta iniciativa al debate parlamentario.