CSIF exige al Gobierno la inmediata implantación de la jornada de 37,5 horas y reducir la edad de jubilación: "Es justo"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha reclamado al Gobierno la inminente implantación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Una medida que, según han confirmado desde el sindicato, afectará al 88,8% de los asalariados del sector privado en Castilla y León, lo que equivale a unos 465.000 trabajadores.

También ha pedido al Ejecutivo Cerntral adelantar la edad de jubilación ante el "fracaso" de todas sus modalidades, "tanto la flexible, como la activa y la demorada".

En cuanto a la jornada laboral, el secretario del sector nacional de Empresa Privada de CSIF, Pedro Poves, ha afirmado que las 37 horas y media "tienen que tener una implicación y un reflejo en el estado de los trabajadores de manera inmediata".

Esto, al tiempo que ha asegurado que esta se puede implementar "sin ningún problema", dado que "hay margen de mejora y de productividad". "Es una reivindicación social justa", ha señalado.

CSIF pide que se tramite con urgencia la proposición de ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales

Sí ha reconocido que "lógicamente" esta puede llegar a afectar a la productividad. Sin embargo, ha defendido que su mejora, una labor de la que "los sindicatos tenemos que ser ayudantes, redundará en mayor riqueza y mayor beneficio para todos".

No obstante, ha apuntado que, para poder impulsar la reforma de la jornada laboral, es necesario "potenciar y reforzar" antes la Inspección de Trabajo. "Tenemos que evitar la economía sumergida y las horas extraordinarias fraudulentas", ha añadido.

En este sentido, el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha recordado que a día de hoy los trabajadores de Castilla y León "hacen más de 190.000 horas semanales no retribuidas", según los datos de los organismos nacionales.

Asimismo, ha incidido en que el actual Gobierno de España ha sido el que ha sufrido "la única huelga que ha habido de inspectores de trabajo en España". "Y por algo es", ha apuntado, dejando entrever que este departamento público no funciona como debería.

"Hay que reforzarlo porque si no, al final, serán cantos de sirena y la reducción de la jornada nunca se podrá llevar a cabo", ha expresado.

Además, ha criticado que el Gobierno quiera impulsar esta medida, algo que valora positivamente, cuando este "ni siquiera cumple la jornada de 35 horas dentro de la Administración General del Estado". "Primero tienen que empezar por su casa cumpliendo algo que está pactado y aprobado", ha apuntado.

Poves y Castro también se han referido al tema que ocupa a la jubilación en España. Y es que, según ha denunciado el secretario del sector nacional de Empresa Privada de CSIF, "las líneas que está marcando el Gobierno van en contra del parecer social".

VÍDEO | CSIF exige al Gobierno en Valladolid mejoras salariales y una nueva clasificación profesional para los sanitarios

Este también ha opinado que estas plantean "una desincronía" con respecto a la reducción de la jornada laboral, pues pretenden que los trabajadores hagan menos horas, cuando, al mismo tiempo, les están haciendo trabajar más años.

Por ello, desde el sindicato reclaman adelantar la edad de jubilación y también que se revise la reforma realizada en relación a la jubilación parcial anticipada, "sobre todo respecto al sector público", a cuyos trabajadores, asegura, les ha puesto "en una situación en la que les resulta imposible alcanzar dicha jubilación".

Así, exigen proporcionar a sanitarios, conductores de autobuses, vigilantes de seguridad, químicos y trabajadores de recogida de residuos sólidos urbanos "un coeficiente reductor para acceder a la jubilación ordinaria con una edad anticipada, sin merma".

"El problema es que para que un trabajador de la pública se pueda jubilar parcialmente de manera anticipada, tiene que tener un contrato indefinido, que solo se pueden conseguir a través de oposición", ha explicado Poves.

"Y si eso no se coordina, se está boicoteando el acceso del personal laboral de la Administración a la jubilación parcial anticipada", ha advertido.

En este sentido, ha opinado que el Gobierno está en contra de esta medida "por un problema de financiación", al tiempo que ha explicado que su interés en ampliar la edad de activo a los trabajadores se debe a una intención de "eliminar costes". "Y eso va en contra de la demanda social", ha afirmado.

"Parece que la sociedad tira hacia un lado y el Gobierno hacia otro, cuando, en realidad, nuestros representantes, los políticos, lo que tienen que hacer es dar soluciones a las demandas sociales", ha espetado.