UGT acusó hoy al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de “modificar” la convocatoria de ayuda a trabajadores en ERTE, cuyas bases reguladores se publican hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), y de “saltarse” “los acuerdos firmados en noviembre” con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, así como lo firmado por la patronal y sindicatos y “todo el órgano entero de negociación”. “Ha ninguneado una firma del Consejo del Diálogo Social”, sentenció en declaraciones a Ical el secretario de Acción Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia.

Esta publicación se produce a tan solo cuatro días de la celebración del Consejo y con el debate abierto por la presencia en el mismo del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, invitado por el presidente al no ser miembro nato del mismo.

Así, en las bases publicadas hoy, “muy tardías”, aunque existe una “mejora” en relación a lo inicialmente acordado, UGT critica que la Consejería “no ha comunicado esta modificación”, que “a buen seguro se hubiera mejorado más todavía, porque las circunstancias económicas han cambiado” ante una situación de inflación al alza y la crisis energética y de materias primas. “El acuerdo alcanzado hace un año debería haberse consensuado para mejorar la inversión y adaptarse a la coyuntura actual”, sostiene Santa Eufemia, quien además recuerda que el consenso está reflejado en la legislación.

A partir de ahora, la convocatoria saldrá publicada aproximadamente en un mes y medio, pero los perceptores lo empezarán “a cobrar en un año”.

También cargó contra Veganzones por “no haber convocado ninguna reunión”, ni sobre la ayuda a los ERTES ni las mesas para la ejecución de los 150 millones del Plan de Empleo (Paecyl) que debe aportar la Junta (el Gobierno central la misma cantidad).

En la misma línea se posicionó también el secretario general del sindicato en la Comunidad, Faustino Temprano, quien apuntó contra el consejero por “hacer convocatorias del Diálogo Social por la puerta de atrás”, modificados por el “artículo 33 y sin haber celebrado ninguna reunión de seguimiento”. “Mucho nos tememos que lo sigan haciendo”, vaticinó Temprano.

Las bases reguladoras de la línea de ayuda destinada a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contrato de trabajo o reducción de la jornada que salen hoy en el Bocyl establecen una cuantía económica en función de los intervalos del número de jornadas completas de suspensión. Así, según el criterio, se otorgarán 300 euros para el interno de entre 30 y 49 jornadas completas de suspensión; 500 para los que han estado parados entre 50 y 69 jornadas; y 700 euros para los de más de 70 jornadas completas de suspensión: 500 euros.

Podrán ser beneficiarios los trabajadores afectados por uno o varios expedientes de regulación de empleo de suspensión de contrato de trabajo o de reducción de la jornada y siempre que la afectación tenga lugar durante el periodo subvencionable que recoja la convocatoria.

También aquellos con contrato indefinido fijo discontinuo para los que la actividad haya finalizado antes de lo previsto en su contrato; se haya interrumpido o se encuentren en periodo de inactividad productiva.

También, que la empresa en la que el solicitante desempeñó su actividad laboral durante el periodo subvencionable no supere los 1.000 trabajadores. Y que la base de cotización de contingencias comunes, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, no supere los 2.000 euros al mes por contrato a tiempo completo.