El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 91 dictámenes más en 2021 que durante el año anterior, pasando de los 458 de 2020 a los 549 del último año. Así se desprende de la Memoria de la institución de 2021, entregada este miércoles por el presidente del Consejo, Agustín S. de Vega, al presidente de las Cortes, Carlos Pollán. El número de recursos resueltos por la institución, por otro lado, ha sido el mismo en 2020 y en 2021, 207 en total. 

En cuanto a la función consultiva, de los 549 dictámenes aprobados en 2021, más del 55%, es decir 302, se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales -Diputaciones, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y otras entidades locales-, 245 (44,63%) de la Junta de Castilla y León – de los que un centenar corresponde a la Consejería de Sanidad en expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria- y 2 de universidades.

Valladolid en cabeza en número de dictámenes

Valladolid, con 90 dictámenes, Burgos, con 82, León, con 77, y Salamanca, con 69, son las provincias de las que proceden más consultas. A ellas las siguen Zamora, con 43, Palencia, con 40, Segovia, con 30, Ávila, con 27 y Soria con 12. Además, hay otros 79 expedientes no provincializados por ser proyectos normativos de la Junta de Castilla y León o por afectar a varias provincias o a toda la Comunidad.

Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 549 dictámenes, el 68,49%, es decir 376, son de responsabilidad patrimonial, estando relacionados la mayor parte con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario.

De las comunicaciones oficiales recibidas relativas a dictámenes emitidos el pasado año sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, el 95% ha seguido el criterio recogido en el dictamen, lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2021 se resolvieron 207 recursos. El 66,51% (145) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguidos de contratos de suministros. El principal acto recurrido ha sido el de adjudicación (49,08%)