La Audiencia de Valladolid celebra juicio este jueves contra una mujer, María del Carmen M.G, acusada de haber utilizado los datos personales de una amiga para, sin conocimiento de ésta, contratar distintos servicios, entre ellos de telefonía, electricidad y gas, que generaron una deuda superior a los 2.300 euros.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal solicita para la encausada una condena de dos años de cárcel por delito continuado de estafa y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de distintas cantidades en favor de la víctima, Yolanda del B.G, en concepto de las cantidades defraudadas y reclamadas por las entidades mercantiles con las que se contrataron los servicios de forma fraudulenta, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se enmarcan en la relación de amistad que existía entre la acusada y la víctima, contexto en el que la primera, aprovechando que había estado en el domicilio de la segunda y conocía todos sus datos personales, utilizó su nombre, apellidos para, sin su conocimiento, contratar diversos servicios.

Así, contrató con Ono-Vodafone servicios de telefonía, en concreto un teléfono fijo, internet, televisión y dos móviles, lo que generó una deuda de 1.125 euros, a la que se suman otros 203 derivados del contrato de suministro de electricidad y gas con la empresa EDP y otros 757 producto de otros suministros de las mismas fuentes energéticas concertados con Iberdrola.

La deuda global se eleva a los casi 2.300 euros pues la acusada también contrató a nombre de la afectada servicios de telefonía con Jazztel, que reclama 302 euros en penalizaciones por baja anticipada de teléfonos móviles, la no devolución de un equipo de acceso ONT y del router wifi fibra.

En los contratos, la acusada facilitó, supuestamente, como cuenta de pago una de CaixaBank a nombre de su hijo, donde sabía que los cargos no podían cobrarse por falta de fondos.

La víctima desconocía las contrataciones realizadas a su nombre ya que la correspondencia relativa a los contratos realizados llegaba al por entonces domicilio postal de la acusada, de modo que la primera se enteró de los hechos cuando las compañías le reclamaron las deudas generadas.

A la denunciante le fueron realizados cargos de 844 euros en concepto de telecomunicaciones y en febrero de 2016 dos facturas por importes de 2012 y 115 euros.

La acusada, también por el mismo procedimiento, obtuvo un teléfono móvil marca Samsung cuya venta luego anunciaba en Internet, afirmando que lo vendía con certificado de compra y garantía.