El Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar los datos del segundo trimestre de 2018 sobre los efectos de la crisis económica en los Juzgados. Estadísticas que se pueden comparar con ejercicios anteriores tanto en lo concerniente a la primavera como el primer semestre. En el caso de la provincia de Salamanca, son negativas en la mayoría de los aspectos, trasladándose ya a la Justicia la incertidumbre económica actual ante unas previsiones poco halagüeñas.

La recesión provocó hace una década un importante aumento del paro, sobre todo en provincias como la charra, donde la construcción tenía un importante peso en la economía local, pero también con un sector servicios marcado por la temporalidad. Por eso, muchos despidos fueron forzados y terminaron en los Juzgados al reclamar los trabajadores. Los procesos llegaron a duplicarse, pero en 2012 iniciaron una senda a la baja.

En 2017, sin embargo, la conflictividad laboral aumentó en comparación con el año anterior. De hecho, volvieron a subir cinco años después. Así, 622 despidos terminaron en los juzgados salmantinos, una treintena más, como puede apreciarse en el gráfico adjunto. Este año ha comenzado también al alza, con 292 denuncias durante el primer semestre, una treintena más que el mismo periodo del año pasado.

El Consejo General del Poder Judicial también recoge datos sobre los concursos de acreedores, lo que comúnmente se conoce como ‘suspensión de pagos’, que vuelven a aumentar tras romper el año pasado la tendencia a la baja iniciada en el año 2013. Durante el primer semestre hubo veintiuno, la mayoría en primavera, el peor dato en cinco años.

También la evolución de la crisis económica puede percibirse a través de los datos de ejecuciones hipotecarias, procesos de reclamación de la vivienda que terminan en los Juzgados de Salamanca, que se mantienen. Entre enero y junio se registraron 83, cerca del centenar del año pasado, a un ritmo de un desahucio cada dos días.