El Procurador del Común tramitó durante el pasado año un total de 2.569 expedientes de los que 2.527 correspondieron a quejas formuladas por los ciudadanos y 42 a actuaciones de oficio. Además y según el informe de la institución del defensor del pueblo en Castilla y León, el pasado año aumentó el número de quejas que, aunque de una única reclamación, representaban a colectivos.

Por provincias, Zamora lidera las estadísticas con un total de 515 reclamaciones, el 20 por ciento del total, seguida por León, con 403 quejas, y por Valladolid, con 260. A continuación se sitúan Burgos con 211, Ávila con 166, Salamanca con 155, Palencia con 136, Segovia con 98 y Soria con 42.

Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, con un total de 518. Del extranjero llegaron tres quejas y de procedencia desconocida un total de 20 expedientes.

En cuanto a la distribución por áreas de las quejas destacan, un año más, las incluidas en Fomento, que fueron las más numerosas con un 37 por ciento del total, seguida de las reclamaciones del área de Bienes y Servicios municipales con el 14 por ciento, Medio Ambiente con un 9 por ciento y Función Pública con un 9 por ciento.

Les siguen Familia e Igualdad de Oportunidades, con un 7 por ciento; Industria, Comercio y Seguridad Social, con un 5 por ciento al igual que Hacienda, 4 por ciento Interior, extranjería y emigración, 3 por ciento Sanidad y Consumo, 2 por ciento Educación y con un 1 por ciento Agricultura, Ganadería, Justicia, Cultura y Patrimonio.

Además han aumentado las consultas recibidas que no han derivado en queja y que asciende a más de un centenar.

Entre las 42 actuaciones de oficio destacan las referentes a la pobreza hídrica, la escolarización corregida para niños prematuros, los planes especiales del Camino de Santiago, el acompañamiento en las UCIS pediátricas, los problemas de las tuberías de fibrocemento, vertederos ilegales o los protocolos del Síndrome de Diógenes.

Además de otras que están en trámite como el retraso en la valoración de la discapacidad, la eliminación del amianto o asbesto en instalaciones educativas, protocolos de actuación a enfermos autoinmunes o deficiencias en la atención sanitaria en diversas zonas de Castilla y León.

Asimismo, desde el año pasado el Procurador del Común ha asumido nuevas funciones como garante de la transparencia. En 2016, la Comisión de Transparencia ha recibido 100 reclamaciones frente a denegaciones expresas o presuntas de solicitudes de información pública dirigidas por los ciudadanos a administraciones y otras entidades de Castilla y León.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley, se han asumido las funciones para actuar en caso de que cualquier ciudadano vea vulnerados sus derechos.

En 66 de esas reclamaciones se ha adoptado algún tipo de Resolución por la Comisión; 35 de aquellas reclamaciones han sido estimadas, total o parcialmente, y por tanto se ha ordenado ala Administración o Entidad afectada que proporcione la información solicitada en cada caso; de estas 35 resoluciones estimatorias, siete se han dirigido a la Administración autonómica, 25 a entidades integrantes de la Administración local, dos a Universidades Públicas y una a un Colegio Profesional.

El informe anual del Procurador del Común se presentará en las Cortes de Castilla y León en el primer trimestre de este año, al igual que en 2016.