Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La abogada general del TJUE avala excluir a Castilla y León de ayudas europeas agrarias de 10 M€ por controles deficientes
El pronunciamiento no es definitivo, pero suele marcar el sentido de la sentencia final del TJUE.
Más información: La Junta garantiza las ayudas europeas agrarias de 10 M€ con independencia de la decisión del TJUE: "Tranquilidad"
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La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio hoy la razón a la Comisión Europea sobre su decisión del 8 de junio de 2022 por la que se excluye a España y a Castilla y León de la financiación de la Unión Europea del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). La cantidad de la que se podría haber beneficiado la Comunidad es de casi 10 millones de euros. El dictamen de la corte de Luxemburgo no es definitivo pero suele marcar el sentido de la sentencia final.
Sin embargo, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que es la corte de primera instancia de la justicia europea, dio la razón a España, que denunció la decisión de Bruselas a la justicia europea. Así, el TGUE señaló en noviembre de 2024 que los controles y las exigencias impuestas a los agricultores en virtud no estaban determinadas de manera suficientemente precisa para que las autoridades españolas pudieran controlar efectivamente su cumplimiento. “El Tribunal General considera que España puede sostener fundadamente que, en este caso, la Comisión Europea no podía considerar que la falta de control de condicionalidad que constituyera un incumplimiento”, concluyó.
Ante esta sentencia del TGUE, la Comisión Europea presentó un recurso al TJUE. Hoy la abogada general letona del TJUE, Laila Medina, se posicionó a favor de la decisión de Bruselas. “Ningún elemento del artículo del reglamento europeo permite entender que un Estado miembro quedaría exento de su obligación de efectuar controles de condicionalidad”, apuntan las conclusiones de la abogada general del TJUE recogidas por Ical.
La decisión que tomó el ejecutivo comunitario se refería, concretamente, al modo de aplicación del sistema de condicionalidad en Castilla y León con respecto a los años de solicitud 2016 y a los siguientes. Bruselas argumenta que hubo infracciones en los controles vinculados a las ayudas. En primer lugar, vio deficiencias sobre el alcance y la calidad de las inspecciones sobre el terreno y cree que hay falta de pruebas de que se realizaran controles en los años de solicitud 2016 y 2017 en relación con la prevención de la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura.
La segunda infracción de controles atañe a la conservación de hábitats naturales de flora silvestre (especies vegetales) en los años de solicitud 2016 y 2017; las infracciones tercera y cuarta se refieren a las deficiencias en las inspecciones practicadas por España. Según la Comisión Europea, existían serias dudas sobre la eficacia de los controles de los requisitos de identificación de animales de la especie bovina y de animales de las especies ovina y caprina en los años de solicitud 2016 a 2018.
Además, la Comisión detectó deficiencias en los controles realizados por España, ya que, en su opinión, existían serias dudas sobre la eficacia de los controles del registro de animales de las especies bovina, ovina y caprina en los años de solicitud 2016 y 2017. A pesar de algunas medidas correctoras adoptadas, esas deficiencias persistieron en el año de solicitud 2018, según Bruselas.
Por lo que se refiere a los controles que eran responsabilidad de la Junta de Castilla y León, Bruselas observó deficiencias en las actas de inspección, especialmente en los casos en los que no se había detectado ninguna infracción. Así, criticó la falta de una lista de las parcelas inspeccionadas sobre el terreno, la ausencia de firmas de los beneficiarios en los informes y la falta de detalles sobre los elementos paisajísticos en los casos en los que es aplicable la norma relativa a las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM).
