La organización agraria Asaja exige a la Junta de Castilla y León que intermedie para evitar que el parque eólico de la empresa leonesa Hijolusa ubicado en Palencia "dañe los intereses agrarios del municipio leonés de Santas Martas, interfiriendo en los sistemas de riego y laboreo propio de fincas de regadío tanto con los postes o apoyos como con el tendido eléctrico y su servidumbre".

Un parque eólico que consta de nueve aerogeneradores que suman una potencia total de 31,05 MW, con los que se alcanzará previsiblemente una producción neta de 109.678 MWh/año y que, según cálculos de Hijolusa, cubrirá las necesidades de energía de unas 50.000 personas al año, además evitar la emisión a la atmósfera del equivalente a 517 toneladas al año de dióxido de azufre, 214 de óxido de nitrógeno y 109.000 de dióxido de carbono. 

Asaja denuncia que 36 de los 59 kilómetros de este tendido de alta tensión transcurren por la provincia de León atravesando las tierras de los nuevos regadíos de Payuelos, en los municipios de Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún.

El presidente de Asaja, José Antonio Turrado, explica que "el hecho de que pase un poste eléctrico por una finca afecta al agricultor y siempre es un problema. Si encima es en una zona de regadío, los postes interfieren en el sistema de riego, además de producirse un riesgo laboral al manipular tubos de riego con esa electricidad".

"Lo que no tiene sentido -añade- es que se instalen parques eólicos a decenas de kilómetros de donde hay que evacuar esa electricidad, porque supone colocar un mayor número de tendidos eléctricos", explica.

Como "mal menor", Asaja pide que estos proyectos eólicos contemplen que las líneas sean subterráneas, que "aunque sale más caro, al menos demuestra sensibilidad con los agricultores", indica. 

Asaja espera que "la oposición a este proyecto, manifestada por los agricultores afectados y por los ayuntamientos implicados, haga reflexionar a los fondos de inversión para que opten por su retirada, y de no ser así, que la Junta de Castilla y León, como responsable último, no permita su aprobación".