La Junta de Castilla y León se mantuvo entre las autonomías con mejor ejecución presupuestaria de España durante el ejercicio pasado. El Ministerio de Hacienda constata que la Comunidad fue la tercera del ranking autonómico con mayor porcentaje de obligaciones reconocidas sobre créditos totales, con un 93,9 por ciento, sólo por detrás de Cantabria, con un 95,25 por ciento; y Madrid, con un 94 por ciento.

El grado de ejecución presupuestaria del Ejecutivo regional se sitúa muy por encima de la media para el conjunto de las autonomías, que se colocó en el 91,25 por ciento. El farolillo rojo de la tabla lo ocupó La Rioja, con el 82,24 por ciento.

El Gobierno regional descendió no obstante un puesto y empeoró ligeramente el dato de 2022, cuando fue la segunda con mayor porcentaje de ejecución, con un 94,3 por ciento, de un listado que también lideró la autonomía cántabra.

Ejecución del Presupuesto de Castilla y León ICAL

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, destacó, en declaraciones a Ical, que Castilla y León es la tercera autonomía en nivel de ejecución presupuestaria, pero la primera entre las regiones pluriprovinciales. “Siendo más extensos que los demás y con mucho mundo rural y pequeñas obras, tenemos un nivel de ejecución muy alto”, dijo.

El consejero portavoz afirmó que los datos publicados por Hacienda revelan que Castilla y León es una autonomía que “actúa adecuadamente en sus finanzas” y sentenció: “Somos una referencia en sostenibilidad presupuestaria si se suma que la Comunidad, tiene menos deuda que la media, abona sus facturas a los proveedores por debajo del dato del conjunto de las autonomías, está entre las más solventes, según Moody´s, y cuenta con uno de los mejores datos de ejecución presupuestaria”.

Carlos Fernández Carriedo apuntó que este es un elemento que “no siempre es conocido” pero “ofrece solvencia, garantía y estabilidad, factores de atracción de inversiones y de confianza”. “Es conocido que somos los primeros en educación o dependencia, pero no se sabe que estamos entre los primeros en cuanto a gestión de la Hacienda Pública”, comentó.

Modificaciones presupuestarias

Las cifras que publicó esta semana Hacienda, recogidas por Ical, ponen de relieve que las cuentas de Castilla y León contaron con unos créditos totales de 13.602,19 millones de euros, después de unas modificaciones presupuestarias al alza de 849,38 millones, que se agregaron a una cuantía inicial del 12.752,8. Gastos corrientes (214,77 millones); transferencias corrientes (220,35) y transferencias de capital (366,15) acumularon las modificaciones principales, junto a pasivos financieros (38,44), gastos financieros (1,94) e inversiones reales (-70,38). Así, las obligaciones reconocidas a finales del año, sobre créditos totales ascendieron a 12.773 millones de euros, el 93,9 por ciento del total.

En este sentido, Carriedo aclaró que las modificaciones presupuestarias respondieron a los “importantes ajustes” que hubo que hacer ante la llegada de fondos de la UE, a lo que se sumó el impacto de la inflación, que obligó también a “ajustes mayores” que en otras ocasiones, por ejemplo, por la subida salarial a los empleados públicos que hubo que acometer con carácter retroactivo y en otras partidas.

Análisis por capítulos

El informe del departamento que dirige María Jesús Montero, analiza las obligaciones reconocidas sobre créditos totales en cada uno de los capítulos de las grandes cifras de la Comunidad del año pasado, donde destaca que las operaciones no financieras alcanzaron un grado de ejecución del 93,39 por ciento (11-420,22 millones en obligaciones reconocidas), con un 97,72 por ciento para las corrientes (9.453,56 millones de euros comprometidos), frente a un 77 por ciento para las de capital (1.966,66 millones). Asimismo, la ejecución de pasivos financieros alcanzó el 99,93 por ciento (1.303 millones) y en activos, el 70,93 por ciento (49,75 millones).

El consejero de Economía y Hacienda afirmó que el nivel de ejecución de las inversiones fue “muy elevado”, si se tiene en cuenta que algunos licitadores renunciaron a obras una vez contratadas por la inflación o retrasos en la ejecución por falta de materias primas. “Esto ha sido generalizado en todas las administraciones públicas”, recordó.

Bajando al detalle, el grado de ejecución más elevado fue el de gastos de personal, con el 99,25 por ciento (4.738,19 millones de euros de obligaciones reconocidas), seguido por el de transferencias corrientes, con el 98,2 por ciento (2.439,18 millones). Asimismo, en gastos corrientes en bienes y servicios se alcanzó el 94,98 por ciento (2.053 millones); y en gastos financieros -intereses de deuda- el 87,66 por ciento (223,12 millones). Por lo que se refiere a las operaciones de capital, el nivel de compromiso en inversiones reales se situó en el 79,43 por ciento (748,43 millones), y en transferencias, en el 75,58 por ciento (1.218,22).