El Procurador del Común se ha dirigido a la Consejería de Educación para que haga un seguimiento de las “necesidades” que pudieran existir en cuanto a medios materiales y humanos, con el fin de que el servicio educativo prestado al alumnado del primer ciclo de educación infantil “sea de calidad y se garantice la igualdad de oportunidades” en los centros escolares públicos de Castilla y León.

Asimismo, el Defensor ha pedido que las aulas correspondientes a esta etapa educativa cuenten con el suficiente número de Técnicos en Educación Infantil en atención a las peculiaridades del alumnado, debiendo tenderse al incremento de la dotación de dichos profesionales. Así, asegura que aunque “no pueden apreciarse irregularidades” por parte de la Administración educativa, a tenor de la normativa reguladora, implora a hacer haber un seguimiento de las necesidades que pudieran existir en cualesquiera centros públicos a raíz de las demandas que se vayan produciendo o se produzcan en cada caso concreto, de tal modo que todos los centros estén dotados de los medios materiales y humanos que permitan prestar un servicio educativo de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades conforme a lo exigido en el artículo 112.1 de la Ley Orgánica de Educación”.

Según recoge Tomás Quintana en la queja presentada, “los centros públicos que ofertan el primer ciclo de educación infantil carecen en muchos casos de los espacios específicos que se requieren para el alumnado, así como que el material y mobiliario puesto a disposición de dichos centros no se ajusta a las necesidades del alumnado al que va dirigido”. La Consejería de Educación ha respondido y ha informado de que en los colegios públicos de educación infantil y primaria en los que se ha escolarizado alumnado de primer ciclo de educación infantil se han llevado a cabo las “obras indispensables para adaptar las aulas a las necesidades” del alumnado. Para ello, las Áreas Técnicas de Construcciones de las Direcciones Provinciales de Educación evaluaron los espacios existentes para adecuarlos a la normativa concerniente a los requisitos de espacios en el primer ciclo de educación infantil.

Además, indican que el pasado 4 de mayo se publicó la licitación del contrato “suministro de equipamiento para aulas de primer ciclo de educación infantil en centros públicos de educación infantil y primaria (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - Next Generation EU), dividido en dos lotes, correspondiendo el primero de ellos a los centros de las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria, y el segundo a las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

A través de este contrato, según los datos que ofrece la Consejería se han equipado 43 aulas de 2-3 años y 81 unidades de 1-2 o aulas mixtas. Todo el material es homologado para primer ciclo de educación infantil.

Falta de técnicos

Por lo que respecta a las ratios de los Técnicos de Educación Infantil, el Procurador recoge que las ratios “no son las que corresponde para garantizar la debida atención de los alumnos”. Ante lo que la Consejería de Educación ha informado que la asignación de estos profesionales es de 351, cumpliéndose en todas las aulas la ratio establecida en el Decreto 12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan los contenidos educativos de primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y establece los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo.

Además, la Consejería ha facilitado a un cuadro en el que se desglosa por centros el número de Técnicos Superiores de Educación Infantil para el curso 2023-2024, siendo en todo caso un número de entre 2 y 4 profesionales por aula, salvo para el CEIP “Arcipreste de Hita” de El Espinar (Segovia) y para el CEIP “Lola Herrera” de Tudela de Duero (Valladolid), en los que son 6 profesionales para cada centro.

Horarios y calendarios

Finalmente, otro motivo de la queja se centra en el calendario y los horarios fijados para el primer ciclo de educación infantil, que no se consideran los adecuados a las rutinas de los alumnos. A lo que Educación expone que el horario lectivo de oferta obligatoria será de cinco horas, y con carácter general, estará comprendido entre las 9 y las 14 horas. El resto del horario será voluntario y no lectivo para el alumnado pudiendo los centros desarrollar distintas actividades complementarias y extraescolares en función de la demanda de las familias, que podrán funcionar durante todo el periodo de apertura del centro fijado en su calendario escolar. Las familias serán informadas por el centro de la oferta de estas actividades y de las condiciones económicas de las mismas.

Para el Procurador del Común “aunque se establece un mismo calendario para las etapas de educación infantil y de educación primaria, la normativa fija un horario de oferta obligatoria, un máximo de horas que el alumno puede permanecer en el centro, y una flexibilidad en relación con las actividades y programas fuera del horario lectivo de oferta obligatoria, con la que poder atender a las necesidades de las familias” y para ello vuelve a insistir “exige la debida aportación de medios materiales y personales, por lo que la Administración ha de estar vigilante en este punto”.