El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control del Congreso de los Diputados. Efe
La verdad termina pulverizando el muro de propaganda levantado desde Moncloa y sustentado por socios y ministros serviles. El Ejecutivo cruza una línea sin precedentes al recurrir a una maniobra tan anómala como temeraria: ordenar una desclasificación de secretos oficiales a priori interesada y quirúrgica, concebida para exculparse y blindar su permanencia en el poder. Sin embargo, el tiro le sale por la culata. Pese al sesgo y a la evidente mutilación temporal de los 40 documentos filtrados y otros excluidos, las pruebas son tan demoledoras que se vuelven en su contra, dejando al descubierto una absoluta falta de responsabilidad del Estado. Como analizan hoy la práctica totalidad de medios, incluyendo los más próximos al sanchismo, como El País, al desgranar el contenido de los informes frente a las alertas previas del CNI, y como denuncia El Debate al destapar la trampa de esta "desclasificación 'fake'", el intento de moldear la realidad salta por los aires: existían avisos explícitos y reiterados. La inacción deliberada, la falta de refuerzos y el desamparo institucional al que se somete a Ceuta constituyen una flagrante dejación de funciones que ministros y portavoces encubren con mentiras descaradas en sede parlamentaria, en tertulias y platós afines, aun siendo públicos. La clara subordinación ante Rabat encuentra su diagnóstico más descarnado en la tribuna de Marcial Martelo de la Maza en EL ESPAÑOL: "No hay otra explicación más que el entreguismo de Sánchez", advirtiendo de que "la explicación más plausible es que, chantajeado, Sánchez ha acordado convertir Ceuta en un escenario de caos, creando las condiciones necesarias para justificar su cesión gradual a Marruecos".
A este temerario abandono fronterizo se suma la complicidad encubridora hacia el régimen alauí. Como desvela la cobertura de 20 Minutos con el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la Policía acredita la planificación y el guiado activo por parte de agentes marroquíes, dinamitando la versión oficial que niega la implicación de Rabat. Esta sumisión diplomática deriva en una causa penal de enorme calado: tal y como subraya The Objective, la Audiencia Nacional investiga los hechos como un ataque grave a la integridad territorial. Frente al deber de colaborar con los tribunales, el poder político opta por demoler la separación de poderes. Como alerta El Independiente al documentar los ataques del Ejecutivo contra la "imparcialidad" de la jueza María Tardón, y como denunció ABC en su editorial sobre la ofensiva contra los instructores, el Gobierno ataca sin pudor a los jueces que se niegan a plegarse a sus consignas.
Un blindaje político que solo se sostiene gracias a terminales propagandísticas entregadas a la causa monclovita. Como retrata con crudeza Cristian Campos en EL ESPAÑOL: bajo el revelador título de "Dos admiradores, dos amigos, dos esclavos, dos siervos", confiesa haber "sentido vergüenza ajena viendo la entrevista de Cintora y Palomera a Pedro Sánchez", retratando la genuflexión de ciertos medios para tapar la verdad. Esa misma hostilidad sectaria contra los contrapesos se repite en cada tribunal que investiga la podredumbre interna del régimen. Señala El Confidencial cómo el cerco judicial sobre dirigentes clave del PSOE, exministros y el círculo íntimo del presidente desata una cacería contra los magistrados para eludir la rendición de cuentas.
La quiebra institucional culmina en la naturaleza de sus alianzas parlamentarias. Como sostiene La Razón al analizar la humillante factura de la amnistía, la impunidad a los golpistas del 1-O no trae reconciliación, sino la reafirmación desafiante de su unilateralidad con insultos al Estado como "Puta España" y "Visca Catalunya Lliure". A ello se añade la cesión moral intolerable de consentir el tercer grado a terroristas de ETA condenados a miles de años de cárcel a cambio del apoyo de Bildu, ultrajando a las víctimas. Como advierte hoy El Mundo sobre el coste del bloqueo parlamentario y denuncia OKDiario al señalar el atrincheramiento en la prórroga perpetua para esquivar el control parlamentario, España soporta el autoritarismo de desgobernar sin Presupuestos Generales del Estado. La mentira recurrente, la falta de transparencia, la desprotección territorial y la corrupción colman la paciencia cívica. La deslealtad institucional y la traición se consuman ante nuestros ojos; el hartazgo ciudadano es ya el clamor unánime de una sociedad que se niega a que la ambición de un gobernante sectario, soberbio, narcisista, mentiroso y sin escrúpulos, con el apoyo de sus fieles incondicionales, liquide el Estado de derecho.
