Pedro Sánchez en un fotomontaje con un smartphone y un pegaso. Omicrono
Cada cierto tiempo asistimos a una nueva crisis en Ceuta, Melilla o Canarias. Cambian las imágenes, cambian los protagonistas y cambian las cifras. Lo único que no cambia es la sensación de que España ha acabado aceptando como inevitable una presión permanente sobre sus fronteras.
No creo que sea casualidad. Desde hace años Marruecos mantiene una estrategia de presión sobre España utilizando distintos instrumentos diplomáticos y migratorios. No siempre adopta la misma intensidad ni responde a las mismas circunstancias, pero el patrón se repite con demasiada frecuencia como para despacharlo como una simple sucesión de coincidencias.
Lo más preocupante no es únicamente esa presión. Lo realmente preocupante es la respuesta del gobierno español. Un Estado no puede limitarse a gestionar crisis sucesivas sin preguntarse por qué se producen ni qué mensaje transmite cuando siempre reacciona mal y casi nunca se anticipa.
Existe además una dimensión que no debería quedar enterrada bajo el debate político: el coste humano. Las sucesivas crisis en la frontera de Ceuta han dejado numerosas víctimas mortales. Cada una de esas vidas merece algo más que unos días de titulares. Si las autoridades marroquíes permiten, facilitan o no impiden salidas masivas en condiciones de extremo riesgo, asumen una grave responsabilidad política y moral por sus consecuencias. Y España tiene igualmente el deber de actuar con mayor previsión para evitar que estas tragedias vuelvan a repetirse.
No propongo respuestas grandilocuentes ni aventuras militares. Propongo algo mucho más exigente: ejercer las obligaciones normales de cualquier Estado serio. Defender las fronteras, reforzar los medios disponibles, coordinarse con la Unión Europea y dejar claro que Ceuta y Melilla forman parte de España y que esa realidad no está sometida a negociación.
Conviene recordar un hecho histórico. Ceuta y Melilla pertenecen a España desde siglos antes de la creación del actual Estado marroquí. Esa realidad histórica no resuelve por sí sola las diferencias políticas existentes, pero sí explica por qué millones de españoles consideran irrenunciable su soberanía.
Es aquí donde aparece la responsabilidad del Gobierno. El Ejecutivo presidido por el autócrata y corrupto Pedro Sánchez ha transmitido una imagen de debilidad política e institucional. Un Gobierno sin una mayoría parlamentaria estable y sin nuevos Presupuestos Generales del Estado difícilmente proyecta fortaleza hacia el exterior. Cuando un país parece concentrado en resolver sus propios problemas internos, otros actores perciben margen para aumentar la presión.
Hay algo más que no debería pasarse por alto. Un Gobierno permanentemente condicionado por escándalos y sospechas de corrupción, con un presidente al que una parte creciente de la sociedad reprocha graves carencias en materia de calidad democrática y respeto institucional, difícilmente puede afrontar una crisis exterior con la autoridad y la serenidad necesarias. Cuando buena parte de la energía política se consume en resistir el desgaste interno, en mantener precarias mayorías parlamentarias y en sobrevivir a las controversias que rodean al poder, la defensa de los intereses nacionales corre el riesgo de quedar relegada. Y eso es especialmente grave cuando enfrente existe un Estado que parece dispuesto a comprobar hasta dónde llega nuestra capacidad de respuesta.
No comparto la idea de que la firmeza diplomática sea incompatible con el respeto a los derechos humanos. Es exactamente al contrario. Un Estado que controla eficazmente sus fronteras protege mejor tanto su soberanía como la vida de quienes son empujados por decisiones políticas irresponsables a emprender rutas extremadamente peligrosas.
Existe además un elemento que sigue alimentando el debate público: el caso Pegasus. La falta de explicaciones plenamente convincentes ha mantenido vivas sospechas en una parte de la opinión pública. En democracia, la transparencia fortalece a las instituciones; el silencio prolongado suele producir el efecto contrario.
España necesita recuperar una auténtica política de Estado respecto a Marruecos. Una política basada en la cooperación cuando sea posible y en la firmeza cuando sea necesaria. Porque un Estado no pierde autoridad el día que sufre una crisis; empieza a perderla el día que transmite la impresión de que ya no sabe cómo evitarlas.
Y para recuperar la política de Estado es necesario que quien la perjudica con su corrupción, indecencia democrática y usos autocráticos abandone el Gobierno.
P.D. (En breve, en este mismo blog, tendrán ustedes noticias sobre lo que la inteligencia (?) marroquí obtuvo del móvil del presidente. Mis fuentes han descubierto cosas que compartiré en apenas unos días).