Pedro Sánchez. EFE
Si algo nos ha enseñado el mandato del presidente del Gobierno en ejercicio, es lo débil que se muestra nuestro ordenamiento jurídico frente a la vulneración de todos sus principios, valores, controles y, en definitiva, cómo es relativamente fácil que un autócrata haga y deshaga a su antojo. También nos ha enseñado la alta tolerancia que los ciudadanos españoles tenemos frente a los abusos del poder, lo poco que cuidamos nuestras instituciones, así como que primamos nuestra ideología y la anteponemos a las reglas del juego, es decir, que nuestras instituciones democráticas valen menos para nosotros que nuestra ideología, lo que equivale a decir que, para nosotros, es preferible sacrificar las instituciones y el ordenamiento jurídico que sacrificar las posiciones de poder que el partido más afín a nosotros tenga en un momento concreto del tiempo. Luego el poder, para nosotros, se residencia en los partidos políticos, en lugar de residenciarse en la ley, resultando que los partidos políticos carecen de control porque la ley electoral no es representativa y solo propicia que los partidos se representen a ellos mismos y que favorezcan sus intereses partidarios, los cuales, en buena medida, han sido la corrupción económica y moral de la política.
El artículo noveno de la Constitución proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, concepto jurídico este de la arbitrariedad que exige, según doctrina del Tribunal Constitucional –ese Tribunal de sesgo jurídico en función de la mayoría ideológica, lo cual es contrario a derecho– que las actuaciones y las resoluciones de los poderes se ajusten a una motivación jurídica reforzada y que la aplicación de esa motivación de ley sea razonable al caso concreto. Sin esto, toda actuación del ejecutivo, del legislativo o del judicial carecen de refrendo. La arbitrariedad está proscrita en nuestra Constitución desde este artículo noveno, que permite la interdicción de los poderes públicos. A lo largo de este mandato, con mucha intensidad desde luego, pero también en anteriores Administraciones Públicas, la arbitrariedad campa a sus anchas en el ejercicio de la política y, cuando esta se ejerce desde el poder, es imposible controlarla, no importa que límite constitucional o legal se traspase, porque la mayoría parlamentaria no controla y la minoría no puede controlar.
En esta legislatura las cadenas nos han gustado a todos, y nos da igual que Fernando VII o quien le emule, se salte la senda constitucional. El grupo parlamentario socialista y el partido que lo sustenta, tienen la mayor responsabilidad en la permisividad y el refrendo que, con sus votos, han dado al presidente del Gobierno. O son unos lerdos y no saben el desvalor que la política contraria a derecho supone para la sociedad y para sí mismos, o son, sencillamente, unos estómagos agradecidos capaces de tragar con cualquier cosa con tal de estar sentados en el escaño y acceder a una jubilación máxima por dos legislaturas de trabajo. Cuando en los años antecedentes, estamos viendo como el Partido Conservador de Reino Unido es capaz de forzar la dimisión de su primer ministro por una fiesta en tiempos de confinamiento, y un mes y medio después poner de patitas en la calle a la sucesora, por su discrepancia frente a una ley fiscal, o cuando, hoy mismo, vemos como el Partido Laborista fuerza la dimisión de su premier por motivos que, aunque políticamente atendibles, no representan, ni mucho menos, el asalto al Estado que vemos en nuestro país, cuando esto pasa al lado, y comprobamos que la sociedad británica no consiente el ejercicio abusivo del poder, mientras nosotros permitimos que nos desvalijen jurídicamente todo nuestro entorno normativo, deberíamos llamarnos a la reflexión, en lugar de vociferar, desde nuestra ancestral soberbia, que damos lecciones de democracia a todo el mundo.
No se las damos a nadie. O mejor dicho, les damos lecciones de lo que no se debe hacer. La opinión pública tampoco ha sido muy responsable con respecto a la tolerancia que se le ha dado a un ciudadano, por muy presidente del Gobierno que sea, en el ejercicio del poder. En este caso, el ala de prensa progresista (en otros tiempos es al revés) ha sacrificado el interés colectivo de ver a los medios ejercer como cuarto poder, en favor de mantener ese seguidismo tan incompatible no ya con el oficio y sus principios, sino con la simple responsabilidad que cada periodista tiene, como ciudadano privilegiado, por tener voz, de poner las cosas en su sitio. No ha sido así. La ciudadanía desvalida, la soberanía del pueblo pisoteada por un déspota y por quienes lo toleran. Asistimos a lo inconsentible como si nada, permitimos que nos humillen a la cara y encima les votamos. No sé quién es peor, si el déspota que regenta el Palacio de la Moncloa, o nosotros mismos
