Juan Carlos I no debe pedir perdón por hablar bien de Franco

Hace unos días se publicaron en Francia las memorias de Juan Carlos I. En ellas, el Rey emérito dedica varias referencias a Francisco Franco, generando un nuevo debate sobre su relación con el dictador. Juan Carlos reconoce abiertamente —como recoge la realidad histórica de España— que fue Franco quien lo nombró heredero a título de Rey. “¿Por qué mentir, si fue una persona que me hizo Rey?”, afirma en el libro.

La tensión entre Franco y don Juan de Borbón, padre del emérito, fue constante durante décadas. Aun así, don Juan decidió entregar a su hijo al dictador cuando éste tenía apenas diez años, con el objetivo de asegurarle una formación que pudiera sostener una eventual restauración monárquica y, para que engañarnos, enderezarlo.

El futuro rey recibió educación en centros de élite y terminó hablando cinco idiomas: español, inglés, francés, italiano y portugués. Su formación —y las circunstancias políticas que más tarde facilitarían la Transición— estuvieron marcadas por la influencia directa de Franco.

El final del franquismo y la apertura hacia la democracia española se articularon alrededor de tres figuras clave: Adolfo Suárez, Torcuato Fernández-Miranda y Juan Carlos I. Cada uno desempeñó un papel determinante en un momento decisivo de la historia reciente.

Adolfo Suárez apostó por un cambio “de la ley a la ley”, abriendo espacio político a todas las sensibilidades, incluyendo al Partido Comunista de Santiago Carrillo. Esa decisión generó el rechazo de sectores militares y tensiones con figuras como Gutiérrez Mellado, al que algunos consideraban un traidor.

Torcuato Fernández-Miranda, por su parte, fue el arquitecto de la Ley para la Reforma Política de 1977. Su aprobación en las Cortes franquistas permitió desmantelar legalmente el régimen y sentó las bases del nuevo marco democrático. Además, fue el profesor de derecho de Juan Carlos.

Juan Carlos I asumió el rol de impulsor de la Transición y cedió el poder al pueblo español a través de la legitimidad de la soberanía popular. Su actuación resultó determinante para consolidar el cambio político.

Ante este contexto, resulta esencial defender la memoria histórica en toda su complejidad. España no puede permitirse tergiversar, sancionar ni censurar su propio pasado. Solo reconociendo los hechos —con sus aciertos y errores— es posible avanzar y construir un futuro fundamentado en una comprensión honesta de nuestra historia.