Vemos habitualmente que el ayuntamiento (los ayuntamientos en general) proponen obras en el espacio público, ya sea para reurbanizar calles, mejorar parques, renovar infraestructuras, o cualquier otro proyecto que afecte a ese espacio público, y que suelen tener mayor o menor contestación social, tenida en cuenta o no por los gestores públicos.

Los políticos se presentan a las elecciones con programas y promesas que casi nadie lee ni exige. Como no hay mecanismos para controlar si se cumplen o no sus promesas, durante sus mandatos ejecutan obras que los servicios técnicos municipales estiman necesarias para que la ciudad mejore continuamente.

Sin embargo, como acertadamente escribía recientemente Luis Pastor Lasmarías, los ayuntamientos (las administraciones en general) suelen confundir información con participación. Normalmente encargan un proyecto (o anteproyecto) que es expuesto a los habitantes, o explicado a los más afectados. Es entonces cuando surgen las críticas y las alegaciones. Estas, cuando se redactan, han requerido de un gran esfuerzo, y cuando se presentan, sus redactores están convencidos de que tienen la razón. Pero casi siempre se sienten defraudados y comienza una “rebelión” cívica que insiste y presiona para que sus consideraciones sean tenidas en cuenta. Y ese esfuerzo se merece que la contestación a sus escritos sea igual de razonada, de argumentada, cosa que no suele ocurrir.

En cuanto a los programas electorales, hemos visto que la nueva línea circular de autobús se ha llevado a cabo, pero en el resto de proyectos, las cosas podrían hacerse de otra manera, buscando la participación desde el primer momento.

Un dirigente municipal debería pisar la calle y hablar con los ciudadanos, interesarse por sus problemas y necesidades, salir de la torre de marfil sin complejos, como suele hacerse cuando se está en la oposición. Y es con ese conocimiento como pueden priorizarse las intervenciones (en este caso en el espacio público). Una vez se decide ejecutar un proyecto, los técnicos encargados de redactarlo deberían reunirse con los residentes de la zona afectada hasta encontrar soluciones que respondan a sus necesidades de manera consensuada. Esto sí sería verdadera participación, pasando a ser el período de información pública (esta vez sí información) un simple mecanismo de obligada tramitación para corregir posibles errores no detectados con anterioridad.

Esto evitaría pronunciamientos de colectivos que no están de acuerdo con las soluciones y que simplemente demuestran que no están de acuerdo con unas obras que no les parecen correctas.

¿No hubiera sido mejor que la reforma de la plaza de San Miguel (que ahora mismo de plaza solo tiene el nombre) se hubiera diseñado junto a los vecinos colindantes, que son los que la van a disfrutar, y antes de redactar un proyecto llegaran a acuerdos sobre cómo la quieren? Por cierto, se ha puesto mucho énfasis en si una pérgola se hace o no y si un carril por sentido o más, pero nadie ha puesto en evidencia que la iglesia de San Miguel necesita “su” plaza, que la dote de la dignidad necesaria. Por contra, se ha diseñado un carril de circulación hacia la calle de San Miguel delante de su puerta que va contra toda lógica. Y la parte de la plaza que queda entre las calles Reconquista y Antonio Agustín, pues de plaza tiene poco. Podría concluirse que la plaza seguirá “rota” por la circulación rodada, aunque menos que ahora. Siendo positivos, algo es algo.

Y sí, estas reuniones previas y este modo de hacer las cosas se puede llevar a cabo. De hecho, la corporación anterior ya lo hizo con la apertura de la calle Hayedo o con la construcción del centro cívico Hispanidad, sin que dieran lugar a ningún conflicto.

Creemos que es el camino a seguir.