La agricultura y ganadería en Europa, y en concreto el modelo tradicional de agricultura familiar en Aragón, está en grave peligro por las erráticas políticas contenidas en el Pacto Verde Europeo.

Un compendio de iniciativas legislativas dictadas desde los despachos de Bruselas, respaldadas por todos los partidos políticos excepto Vox, que están asfixiando la economía de los agricultores y ganaderos aragoneses.

El Pacto Verde Europeo es el responsable de los desproporcionados condicionantes medio ambientales de la PAC, como de los elevados costes energéticos. Y, en consecuencia, de la pérdida de competitividad del campo aragonés. Sin poder hacer frente a la entrada masiva de productos de terceros países, que no reúnen ni las exigencias medioambientales ni laborales que se le exigen al productor europeo.

Así, Bruselas, no sólo penaliza la producción agroganadera bajo una supuesta sostenibilidad medioambiental. Sino que utiliza la agricultura y la ganadería como moneda de cambio para poder vender productos industriales y tecnología a esos terceros países.

Sirva de ejemplo el ofrecimiento de la presidenta de la Comisión europea para negociar “exclusivamente” los aranceles industriales impuestos por EEUU, y no los relativos a la producción agroganadera, que tanto daño pueden provocar a algunos sectores de nuestra región, como el vitivinícola.

Aquí se demuestra el escaso interés, tanto de la Comisión Europea como del gobierno de España, en la defensa de nuestros agricultores y ganaderos, que se sienten abandonados ante la pérdida de su patrimonio. De la herencia de sus hijos.

En Aragón, pequeños o medianos productores constituyen la realidad del sector. Explotaciones familiares en su mayor parte, y que, debido a su baja rentabilidad, ven limitadas la posibilidad de realizar nuevas inversiones o el relevo generacional. Por ello, muchos de esos pequeños propietarios se ven abocados a la venta a bajo precio de sus tierras, a grandes fondos de inversión.

En este contexto, la Ley de Agricultura familiar de Aragón, aprobada de forma apresurada en el último periodo de sesiones de la anterior legislatura con el respaldo del cuatripartito (PSOE, CHA, Podemos y PAR) y de IU, pero que no contó con el de la mayoría de las organizaciones que representan al sector, lejos de resolver problemas ha creado otros nuevos, y ha generado un profundo descontento en el sector agrario de nuestra región.

Una Ley con más componente ideológico que práctico, cuyo impacto tras el primer año de aplicación no ha podido ser peor. Porque se ha registrado un incremento del número de agricultores y ganaderos que han abandonado la actividad, respecto a años anteriores.

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Aragón, si bien vemos necesario proceder a una reforma más profunda de la Ley, creemos que la derogación de varios artículos de manera urgente mitigará algunos de los efectos perversos que se están manifestando con su aplicación. Especialmente en lo relativo a la eliminación de barreras a la incorporación de jóvenes a la actividad. Y permitirá un desarrollo más equilibrado y seguro del sector agrario, contribuyendo a la cohesión social y territorial de Aragón.

En este sentido, en VOX, haciéndonos eco de las numerosas quejas expresadas por agricultores y ganaderos, considerábamos urgente derogar ciertos artículos de esta ley para paliar los perjuicios que ha generado su aplicación. Pero también pare el fortalecimiento de la seguridad jurídica y económica del sector.

En concreto aquellas restricciones que impiden el desarrollo de proyectos de transmisión de explotaciones agropecuarias familiares y la construcción de nuevas explotaciones ganaderas, tanto intensivas como extensivas.

Además, la limitación de la distancia entre 5 y 10 kilómetros de superficie agraria para la recepción de nutrientes supone una grave afección para las explotaciones ganaderas familiares.

Pero también la dificultad de acceso de jóvenes agricultores a estas tierras, al imponer condicionantes y limitaciones a la transmisión de tierras en zonas regables de interés nacional, en un exceso de intervencionismo administrativo.

U otras exigencias que dificultan el desarrollo de proyectos de jóvenes que desean quedarse en el medio rural. O la sucesión y continuidad de explotaciones agrarias familiares, pues el elevado umbral con el que la ley definía la unidad mínima de cultivo estaba generando conflictos familiares y dificultando la gestión del patrimonio agrario. Y, de nuevo, el ejercicio del derecho de propiedad y la transmisión de las fincas agrarias.

Gracias al apoyo mayoritario de las Cortes de Aragón, a la toma en consideración de la proposición de Ley impulsada por VOX, se corregirán estas erráticas situaciones, abriendo el camino a una reforma más completa y necesaria de la Ley de Agricultura familiar de Aragón.

*Santiago Morón, portavoz de VOX en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.