En pleno siglo XXI, con la emergencia climática en el centro del debate global, España se enfrenta a un desafío monumental en materia de rehabilitación energética. Según datos recientes del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), a este ritmo, nuestro país tardaría nada menos que 600 años en renovar energéticamente el parque de viviendas actual.

España cuenta con aproximadamente 25,7 millones de viviendas, de las cuales una alarmante cifra (91%) carece del adecuado aislamiento térmico, ya que fueron construidas antes del año 2007, cuando entró en vigor el actual Código Técnico de la Edificación. Esto supone un grave problema no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también económico y social.

El ritmo actual de rehabilitación energética se sitúa entre el 0,11% y el 0,15% anual, lo que equivale a unas 30.000 viviendas rehabilitadas en 2023. De seguir así, apenas se alcanzarán 285.000 viviendas en 2030, una cifra muy alejada del objetivo planteado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de rehabilitar 1.200.000 viviendas para ese mismo año. A pesar del impulso económico dado a través de los Fondos Next Generation, el incremento anual apenas ha crecido un 10% en los últimos años, una cifra insuficiente dada la urgencia de la situación.

La rehabilitación energética no solo es una cuestión ambiental. Los beneficios económicos para propietarios y residentes son claros: una reducción en el consumo energético de hasta el 50% y una revalorización inmobiliaria que podría alcanzar el 20%. Además, mejora significativamente el confort y la calidad de vida, resolviendo problemas comunes como humedades y pérdidas térmicas.

Para afrontar este reto con seriedad, los administradores de fincas colegiados proponen la obligatoriedad de la rehabilitación energética para las comunidades de propietarios. Esto debe ir acompañado de incentivos fiscales contundentes, como deducciones en IRPF e IBI, así como la aplicación del tipo reducido del IVA para este tipo de actuaciones. Otra propuesta clave es la creación de un fondo obligatorio para asegurar la ejecución efectiva de estas obras, evitando que la decisión dependa únicamente de acuerdos individuales en juntas vecinales, que a menudo retrasan o bloquean el proceso.

Además, es fundamental simplificar la burocracia asociada a la rehabilitación y para ello es necesario establecer una "ventanilla única" que agilice los trámites administrativos y permita coordinar mejor los esfuerzos de arquitectos, técnicos y administradores de fincas colegiados involucrados en estos procesos.

El CGCAFE también advierte de que para alcanzar los objetivos de sostenibilidad marcados por Europa para 2050 –la neutralidad de emisiones– es imprescindible un marco legal estable y claro, acompañado de ayudas económicas constantes y accesibles. La intermitencia en las políticas de ayudas ha sido uno de los grandes obstáculos hasta ahora, desanimando a muchas comunidades y propietarios individuales.

Este desafío exige una visión integral y proactiva por parte de las administraciones públicas, que deben entender que la rehabilitación energética no es un gasto, sino una inversión estratégica con múltiples retornos positivos. Es hora de que nuestros líderes políticos y sociales asuman esta realidad con determinación y urgencia, proporcionando no solo los recursos económicos, sino también la estabilidad normativa necesaria.

La pregunta clave que debemos plantearnos como sociedad es: ¿queremos seguir avanzando al ritmo actual, esperando más de seis siglos para adecuar nuestras viviendas a las exigencias ambientales del futuro inmediato, o apostamos decididamente por un cambio que garantice calidad de vida, ahorro energético y sostenibilidad real en un plazo razonable?

No actuar con rapidez y eficacia nos sitúa frente a un horizonte preocupante, con conflictos comunitarios crecientes y viviendas cada vez más obsoletas. Es responsabilidad de todos implicarnos en un futuro sostenible y eficiente energéticamente. Es momento de pasar de la preocupación a la acción.

*Antonio Javier Calvo Rodrigo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.