Rueda de prensa del vicepresidente y miembro de Vox, Alejandro Nolasco
Vox exigirá incrementos en servicios sociales y contra los incendios en la negociación de los Presupuestos de Aragón
Las cuentas serán la primera piedra de toque para aplicar cuestiones recogidas en el pacto de investidura suscrito entre PP y Vox
Más información: Aragón da el primer paso para los Presupuestos de 2027 con un techo de gasto récord: hasta 8.398 millones de euros
Partido Popular y Vox arrancan en el Gobierno de Aragón semanas para cerrar el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027, los primeros en la Comunidad desde 2024.
La aprobación del techo de gasto en la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes significó el punto de partida de un proceso que pondrá sobre la mesa algunos de los asuntos pactados para la investidura del presidente Jorge Azcón.
El abanico de propuestas va desde una mayor consignación a la lucha contra los incendios hasta teóricos incrementos en materia de servicios sociales, residencias de mayores o el servicio de ayuda a domicilio. Precisamente, áreas sobre las que Vox tiene competencias a nivel autonómico.
Así lo avanzan fuentes de la formación remitiéndose al texto firmado junto al PP. El acuerdo menciona, entre otras cuestiones, un aumento de las plazas en residencias y centros de día del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y también ampliar los conciertos. Se trata de un conjunto de medidas aplicables a lo largo de todos los Presupuestos de la legislatura.
Por otro lado, en materia de incendios aparecen los anillos de seguridad alrededor de los cascos urbanos, diversas menciones a la limpieza de los montes y la necesidad de llevar la colaboración público-privada a la gestión forestal.
Todo ello gana más peso tras uno de los peores veranos que se recuerdan en esta cuestión y después de meses marcados por el conflicto laboral entre la DGA y el operativo de extinción Infoar.
Medidas fiscales
En la negociación presupuestaria vuelven a escena otros frentes que se quedaron en el tintero. Es el caso de la bonificación al 99% del grupo II del impuesto de Sucesiones y Donaciones. El acuerdo PP-Vox especifica su puesta en marcha desde el próximo ejercicio 2027.
Lo mismo sucede con el impuesto medioambiental sobre la emisión de gases contaminantes, el de las grandes áreas de venta y de Actos Jurídicos Documentados. Este último capítulo tiene como objetivo favorecer la adquisición de vivienda para familias numerosas o jóvenes.
Otro interrogante pasa por la aplicación de cuestiones transversales de estos primeros meses de legislatura en las Consejerías del partido de Alejandro Nolasco: la prioridad nacional y la inmigración, la seguridad o el sector primario.
Sin ir más lejos, la nueva Ley de Vivienda superó su primer trámite en las Cortes bajo la primera premisa y seguirá la tramitación en esta dirección.
Desde finales de septiembre
Así las cosas, los plazos de la tramitación apuntan a prolongarse durante cerca de dos meses. El debate y votación del techo de gasto en las Cortes podría llegar en el último pleno de este mes de septiembre (días 24 y 25).
La aprobación definitiva pondrá en marcha la cuenta atrás y el siguiente paso serán las comparecencias de los consejeros en la comisión del ramo. Se abrirá finalmente el plazo de enmiendas de los partidos y, hacia diciembre, el Ejecutivo podría poner el punto y final a dos prórrogas consecutivas.
Es habitual que sean los partidos de la oposición quienes más enmienden. No obstante, desde Vox no descartan e incluso ven factible repetir la fórmula de 2023.
Entonces, enmendaron una propuesta de Aragón-Teruel Existe relativa al servicio de radioterapia en la provincia de Teruel y la ampliación de camas en el Hospital Obispo Polanco. Con ella se buscaba incrementar la dotación presupuestaria en dicho capítulo.
En cifras
El techo de gasto trae consigo una cifra récord para el Gobierno de Aragón. Los 8.398 millones de límite no financiero son la cantidad más alta hasta la fecha, como también eran los 9.145 presentados en diciembre de 2026 que no se llegaron a aprobar.
El proyecto fallido previo a las elecciones anticipadas llevaba consigo un tope no financiero de 7.979 millones.
