Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón y Maria Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón.

Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón y Maria Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón.

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CEOE y Cepyme reivindican el diálogo social ante la amenaza del recorte de fondos de PP-Vox

Las organizaciones empresariales defienden el modelo aragonés de concertación como un instrumento de interés general y clave para la paz social.

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CEOE Aragón y CEPYME Aragón quieren reafirmar el valor del diálogo social como uno de los grandes activos democráticos y económicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Las organizaciones empresariales subrayan que “el diálogo social no es un privilegio, ni una concesión coyuntural del poder político”, sino que, aseguran, es “un instrumento de interés general, reconocido por el ordenamiento jurídico, que mejora las decisiones públicas, anticipa conflictos, refuerza la estabilidad económica, favorece la paz social y contribuye a un Aragón más competitivo y atractivo para la inversión”.

Aragón cuenta, recuerdan, con una trayectoria singular en España en este ámbito. Desde el primer Acuerdo Socioeconómico de Aragón de 1989, la comunidad ha mantenido una cultura ininterrumpida de concertación entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos. Esta tradición responde, afirman, a “una manera aragonesa de entender la política económica y social: negociación, responsabilidad, respeto institucional y acuerdos útiles”.

Durante décadas, este modelo ha acompañado avances en estabilidad laboral, formación, prevención de riesgos laborales, negociación colectiva, defensa del tejido productivo, digitalización, lucha contra la despoblación y atracción de inversiones.

Las organizaciones también recuerdan el respaldo constitucional de este modelo. En este sentido, indican que la Constitución Española no limita la participación pública a los partidos políticos, ya que el artículo 6 reconoce su papel en el pluralismo político, mientras que el artículo 7 atribuye a sindicatos y asociaciones empresariales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales.

Asimismo, destacan que esta arquitectura institucional tiene reflejo en el Estatuto de los Trabajadores, que reconoce la negociación colectiva como resultado del acuerdo entre representantes de trabajadores y empresarios con rango de ley.

En el ámbito autonómico, señalan la importancia de la Ley 1/2018 de diálogo social y participación institucional en Aragón, que protege el diálogo social como factor indispensable para la cohesión social, el progreso económico y la competitividad. Según recuerdan, esta norma reconoce a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas como expresión del interés general socioeconómico de la comunidad autónoma.

Sobre la financiación del sistema, las entidades empresariales aclaran que “la financiación prevista no es una retribución personal ni un privilegio, sino un instrumento para atender los gastos derivados de una función esencial reconocida institucionalmente”.

En este contexto, advierten de la necesidad de no confundir conceptos. “La función institucional debe contar con financiación pública adecuada, transparente y evaluable”, afirman, al tiempo que precisan que la actividad ordinaria de las organizaciones empresariales se financia con recursos propios. Además, añaden que quienes integran sus órganos de gobierno “no reciben asignaciones retributivas, no disponen de coche oficial ni ejercen su responsabilidad desde el privilegio”.

Las organizaciones defienden que toda partida pública puede y debe evaluarse con criterios de eficacia, transparencia y rendición de cuentas, pero diferencian entre el debate presupuestario legítimo y el cuestionamiento del modelo institucional de participación. En su opinión, debilitar el diálogo social “no mejora la gestión pública: la empobrece y desplaza los problemas a espacios menos ordenados y más conflictivos”.

Finalmente, CEOE Aragón y CEPYME Aragón defienden “un marco de interlocución útil, legítimo y necesario para Aragón” y recuerdan que representan a miles de empresas, pymes y autónomos. Su papel, aseguran, es “representativo, técnico, territorial y social”.

“El diálogo social ha permitido abordar problemas complejos desde la responsabilidad compartida: empleo, formación, absentismo, prevención de riesgos laborales, competitividad, digitalización, simplificación administrativa y necesidades del medio rural”, afirman. También, añaden, “ha contribuido a la paz social, fruto de una forma de trabajar basada en el acuerdo, la negociación y el respeto institucional”.

“Nuestra posición es firme, pero constructiva. Pedimos respeto institucional, transparencia, criterios objetivos y voluntad de diálogo”, concluyen, al tiempo que reclaman que se escuche a las organizaciones empresariales antes de adoptar decisiones que afectan al tejido productivo y que no se debilite un modelo útil para Aragón.

De esta manera, CEOE Aragón y CEPYME Aragón reiteran su compromiso con la transparencia y su voluntad de trabajar por la competitividad de las empresas, el empleo, la cohesión territorial y el interés general.