Los sindicatos amenazan con una guerra judicial ante la concertación del Bachiller: "Hay 2.500 plazas públicas libres"

Sin embargo, esta decisión no ha gustado a los sindicatos, que ya amenazan con volver a llevar esta medida a los tribunales, cuestionando incluso que un Gobierno en funciones pueda adoptar este cambio.

Así, desde CSIF ya anuncian que van a tomar las medidas judiciales oportunas en cuanto esta modificación se publique -este miércoles- en el BOA, toda vez que consideran que la negociación con el Departamento de Educación ha sido “imposible”.

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“Lo rechazamos de lleno. Un Gobierno en funciones no tiene capacidad para hacer esto. Va a generar mucha inseguridad jurídica a los centros que quieran acogerse a esta medida. Nuestros servicios jurídicos ya están trabajando. Vamos a intentar pararlo en los tribunales”, ha señalado la portavoz de CSIF en Educación, Mónica de Cristóbal.

No en vano, desde CSIF ya tomaron medidas cuando se anunció por primera vez en el mes de noviembre, y están a la espera de que el TSJA se pronuncie al respecto.

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“No es necesario llevar a cabo este concierto. Hay 2.500 plazas de Bachillerato libres en la escuela pública. No hay necesidad”, ha añadido De Cristóbal.

Otros sindicatos como CCOO se han sumado al rotundo rechazo a la concertación del Bachillerato. El sindicato recalca que las necesidades de escolarización deben basarse “estrictamente” en una “planificación educativa pública” y no en “los intereses de las patronales del sector”, más todavía en un contexto de disminución de la natalidad.

Mientras, STEA también ha anunciado ya una “ofensiva judicial y en la calle” contra esta decisión. Tras un primer recurso contencioso-administrativo ante el TSJA, ahora estudian solicitar medidas cautelares para evitar su puesta en marcha, y no descartan una nueva huelga.

“La red pública tiene capacidad para 2.500 alumnos más y se desvía el dinero de los impuestos al beneficio de las entidades privadas”, lamenta STEA. Un ejemplo de ello es que, solo en Zaragoza capital, este curso hay más de 700 plazas de Bachillerato ofertadas sin cubrir.

La consejera de Educación, Tomasa Hernández, ha reconocido que esperaba esta reacción de los sindicatos, aunque ratifica que la ley ampara esta decisión.

“Pueden impugnarlo, por supuesto, no hay ningún problema. Nosotros tenemos el amparo de la ley orgánica de educación que lo permite y es una decisión política que resultó validada en las últimas elecciones. Iba en el programa, a nadie se le ocultó”, ha remarcado la consejera.

“Profundo malestar en Fapar”

Igualmente, desde las asociaciones de padres y madres, aunadas en FAPAR, muestran un “profundo malestar” con la noticia anunciada por la consejera de Educación para concertar el Bachillerato el próximo curso escolar, que vinculan únicamente con un “punto de vista ideológico”.

“No entendemos que una medida de estas características, que modifica sustancialmente el mapa de la escolarización en Aragón y especialmente en las ciudades, sea adoptada por una consejera en funciones, que se va a despedir de su responsabilidad educativa con el mayor daño a la Escuela Pública en los últimos años”, exponen.

Alegría entre la patronal de escuelas católicas

Por otro lado, desde Escuelas Católicas defienden que esta era una “reivindicación histórica” que favorece la “libertad de elección” y que permite que los niños puedan “completar toda la educación” en un mismo centro.

“Nosotros tenemos una propuesta transversal en las distintas etapas de la vida del alumno, desde Infantil, Primaria y Secundaria y ahora con la posibilidad de acabar en un Bachillerato concertado. Son proyectos que realmente tienen un atractivo y un sentido en el panorama educativo aragonés”, apunta su secretario autonómico, José Ignacio Pontaque.

Esta asociación agrupa unos 90 centros católicos repartidos por Aragón, y muchos de ellos ya solicitaron en noviembre su voluntad de impartir el Bachillerato concertado, por lo que esperan que ahora la gran mayoría vuelvan a pedirlo.

División política

Este anuncio también ha generado una intensa división política. Para el PSOE, esta medida es una de las primeras “cesiones” del PP a Vox, y lo consideran “un desprecio absoluto” hacia la escuela pública.

“Parece que para el presidente en funciones los servicios públicos no son una prioridad, posiblemente porque no los haya necesitado nunca. Para el presidente, su política es transferir fondos para las empresas privadas”, ha denunciado el diputado Jorge Pastor.

Desde Vox han celebrado esta decisión, pero creen que llega “tres años tarde”, puesto que ya estaba contemplada en el pacto que suscribieron con el PP en agosto de 2023.

“La consejera dijo que la concertación llegaría siempre y cuando hubiera presupuestos aprobados en 2026. Ahora no manifiesta alusión al presupuesto. Esto no es serio. Lo que ayer era imposible, ahora será una realidad por arte de magia. El Gobierno de Azcón mintió y perjudicó a las familias solo para chantajear a Vox”, ha apuntado Rouco.

En el PP han mostrado su “satisfacción” por una medida que, dicen, promueve “principios fundamentales” como la “libertad de elección, la calidad educativa y la equidad”.

“No es una ocurrencia ni una improvisación, sino una decisión muy meditada. Ya fue anunciada por el presidente Azcón en el último Debate sobre el Estado de Aragón y está respaldada por una planificación seria que busca ampliar la oferta educativa. Cada vez más familias demandan poder continuar el itinerario educativo en el mismo centro”, ha señalado la diputada Elena Allué.