La sentencia que condena a la Administración valenciana por no dar equipos de protección a los médicos alicantinos al inicio de la pandemia es la primera de España que fija unas indemnizaciones para los profesionales afectados: entre 5.000 y 49.000 euros, en función de si simplemente trabajaron durante ese periodo o tuvieron que ser hospitalizados por Covid-19.

El fallo, dictado por el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, afecta directamente a 154 trabajadores de la provincia que han presentado reclamaciones por la desprotección entre los meses de marzo y junio de 2020, en una querella que se ha articulado desde el Sindicato Médico. El juez acepta las indemnizaciones solicitadas desde el sindicato, adelantadas por El Español, al considerar que "su cuantificación es proporcionada a las circunstancias". 

El abogado que ha llevado el caso, Guillermo Llago Navarro, explica que ya dispone de al menos otras 3.000 peticiones de indemnización de facultativos de toda la Comunidad Valenciana. De hecho, ya se han presentado otra denuncia en los juzgados de Valencia, que fue admitida a trámite el pasado 30 de noviembre exactamente por los mismos hechos. 

Navarro considera que la cifra de profesionales que van a reclamar "probablemente irá a más" tras conocerse el fallo con las indemnizaciones. De hecho, y aunque las denuncias que se están articulando están relacionadas con el personal médico, en la propia sentencia se hace referencia a que la desprotección afectó a "todos" los colectivos sanitarios.

Por el momento colegios profesionales como el de Enfermería no han optado por la vía judicial para reclamar a la Administración valenciana una compensación ante una posible falta de seguridad durante la primera ola. 

La siguiente batalla se librará en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, donde la Conselleria de Sanidad presentará recurso contra la decisión del juzgado de Alicante. Será la segunda vez que el alto tribunal autonómico aborde el tema: en mayo de 2021 anuló un primer fallo condenatorio al considerar que ya debía incluir las indemnizaciones a los médicos.

En el caso de que la resolución judicial se haga firme la Generalitat tiene un problema importante. La oleada de reclamaciones de los médicos, sumada a la posibilidad de que otros profesionales decidan reclamar incluso a nivel particular, podría traducirse en un agujero millonario para las arcas valencianas. 

A nivel político, la sentencia es una bomba de cara a la comparecencia que la consellera de Sanidad, la socialistas Ana Barceló, tiene previsto hacer el martes que viene en las Cortes para dar cuenta de su gestión de la pandemia. Tanto el portavoz de Sanidad del PP, José Juan Zaplana, como el de Ciudadanos, Fernando Llopis, han adelantado que exigirán "responsabilidades" por el fallo, así como por el elevado número de contagios entre sanitarios en la Comunidad Valenciana. 

Trabajar con "peligro" y "sufrimiento" 

La sentencia del juzgado de Alicante es muy dura con la actuación de la Administración valenciana. Considera que, en esencia, "la Administración demandada incurrió en un cumplimiento tardío y defectuoso de las medidas de prevención de riesgos laborales".

"Este incumplimiento supuso un evidente daño moral o inmaterial en perjuicio de los trabajadores demandantes, traducido en el sufrimiento y angustia que suponía trabajar en condiciones insuficientes desde el punto de vista de la seguridad, con riesgo y peligro para su salud y de las personas cercanas a ellos", indica el juez. 

En en estos "daños morales" donde, según el fallo, se justifican las diferentes indemnizaciones: "Es evidente que el daño moral fue mayor en función de las
consecuencias perjudiciales que sufrieron cada uno de los sanitarios y de las circunstancias en que se encontraron cada uno de ellos, según su distribución en los cuatro grupos descritos en la demanda y en el escrito de ampliación".

"Es decir, el daño moral fue mayor para el personal que sufrió contagio con hospitalización, seguido del personal que sufrió contagio con cuarentena y baja, seguido del personal que tuvo que hacer cuarentena sin contagio y seguid, finalmente del personal que no sufrió ni contagio, ni tuvo que hacer cuarentena", dice.

La sentencia concluye señalando que "el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado".

Por ello condena "a la Conselleia de Sanidad de la Generalidad Valenciana a la adopción inexcusable de las medidas de protección, previa evaluación de los riesgos y puestos de trabajo por los servicios de prevención correspondientes", así como a dotar a los profesionales de los medios de transporte y protección individual en la atención domiciliaria sea en jornada ordinaria o en atención continuada".

Finalmente, dicta las indemnizaciones correspondientes que tendrá que abonar a los médicos: 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados; 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de Covid-19; 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de coronavirus y que precisaron ingreso hospitalario.