El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, criticó ayer que el PP provincial que preside Toni Pérez celebre la derogación de la tasa turística "mientras sus alcaldes suben impuestos en los municipios donde gobiernan". E insistió con el mantra de que se trata de un "cobro municipal que solo pagan los turistas".

Pero por mucho que se repita una y otra vez este mantra, no se acerca más a la realidad. La tasa turística aprobada por el Botánico es un impuesto más también para los valencianos. Un impuesto con el que se ha intentado ocultar el nulo éxito de sus gestiones para que los ayuntamientos reciban del Estado la financiación que requieren para sostener los servicios municipales, por lo que han tratado de repercutirlo en el bolsillo de los ciudadanos.   

La derogación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana pasa hoy por el pleno del Consell para que se tramite de urgencia, tal y como anunció el pasado lunes en Londres con motivo de la World Travel Market el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP).

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Y en su afán porque no se derogue, lo que no dice Compromís y el resto de partidos de izquierdas que apoyaron hace dos años el nuevo impuesto (el PSPV-PSOE de Ximo Puig y Podemos), es que "turistas" son considerados también los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que viajan dentro de los límites geográficos de la región.

Además, en una cifra nada desdeñable. El último informe de Mercado Emisor Valenciano (2º trimestre 2023 y año 2022) elaborado por el Área de Competitividad Turística (Turisme Comunitat Valenciana) afirma que el mercado "interior" (el de la propia Comunitat Valenciana) "es el primer mercado nacional en la región con una cuota del 52,5%".

Según ese mismo informe, durante 2022 se registraron 9,5 millones de viajes intracomunitarios. Eso sí, el 55,1% de escasa duración, en fin de semana. Y aunque la mayoría se alojaron en viviendas de familiares o amigos (42,2%) o en su segunda residencia (33%) -que no pagan tasa turística como el alojamiento regulado-, un 17% se vio obligado a pagar la tasa por pernoctar en un hotel o en un piso de alquiler.

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Y según datos que maneja el Patronato de Turismo Costa Blanca procedentes de la Generalitat, "en 2022, la Comunidad Valenciana registró 27.276.572 pernoctaciones, de las cuales 14.993.685 (54,96%) fueron de españoles y 12.282.885 (45,04%) de extranjeros. Del total de pernoctaciones, 3.692.482 eran de residentes de la Comunidad Valenciana, un 13,53%".

A eso habría que añadir las pernoctaciones extrahoteleras reguladas: apartamentos, campings y turismo rural. De las 12,7 millones de pernoctaciones en este segmento del mercado, un tercio (4,3 millones), fueron realizadas por españoles. Por lo que si la propia Comunitat Valenciana se lleva más del 50% de todo el mercado nacional en su territorio, más de 2 millones de pernoctaciones extrahoteleras de los propios valencianos fueron gravadas con la tasa.

Un argumento que fue recogido por la mayor patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, Hosbec, en su comunicado contra el nuevo impuesto el 23 de noviembre del año pasado: "Es un impuesto que agrava todavía más la presión fiscal de los valencianos, una de las más altas de España, y que van a pagar un 30% de los turistas que proceden de la propia Comunitat". 

Sin embargo, Compromís sigue insistiendo en que la tasa turística es "más necesaria que nunca, en estos momentos en que los gastos municipales aumentan por muchos factores, y los ayuntamientos están viéndose muy limitados presupuestariamente". Al respecto, ha mencionado que "la mayoría de los ayuntamientos" están subiendo distintos impuestos para 2024.

Para concluir con un mensaje que el PP define como "turismofóbico": "No entendemos cómo el PP sigue prefiriendo ahogar a las familias valencianas subiendo impuestos y cargando sobre ellos la presión fiscal, mientras ponen el cartel de 'Welcome to paradise!' a quienes visitan sin pedirles nada a cambio", declaró el nacionalista Perles.