La ciudad de Alicante tiene enfocado su futuro en el sector turístico. La diversificación del sector, con turismo familiar, de fin de semana, estival, de cruceros, sanitario, deportivo o de congresos se está sustentando por el momento en el aumento de los apartamentos vacacionales ya que la planta hotelera no es suficiente para acoger a tantos visitantes. Pero ¿podrá continuar así cuando se construya en nuevo Centro de Congresos?

Tal y como ha venido informando este diario, la ciudad de Alicante cuenta con 3.758 viviendas vacacionales reguladas (más las de la economía sumergida) en la ciudad, que dan lugar a cerca de 17.260 plazas. Frente a esto, la planta hotelera de sus 134 establecimientos apenas llega a 9.246 plazas (los últimos ofrecidos por alcalde hablan de 7.300 plazas). Una situación que debe regularse como lo están haciendo otras ciudades, como Madrid, San Sebastián, Sevilla o incluso Nueva York.

Solo el nuevo Centro de Congresos cuyos primeros pasos se han dado esta semana con la aprobación del proyecto del arquitecto madrileño Juan Pablo Rodríguez Frade, supone un incremento de visitantes de un tercio de esa planta hotelera: con un auditorio con capacidad para 2.000 personas, otro para 500 y una sala de conferencias para 300 asistentes, así como un aparcamiento en el que quepan unos 300 vehículos. 

El problema aparejado a esta situación es que, en breve, Alicante se puede encontrar como Valencia con un aumento inusitado de los precios de los hoteles debido al incremento de la demanda y la escasa oferta, como cada vez que hay una gran feria en la ciudad del Turia. Algo muy perjudicial para economía de la ciudad.

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Ayer mismo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), tras la Junta de Gobierno de la ciudad anunció "un plan de acción para equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad" la "suspensión temporal de las licencias municipales con carácter inmediato mientras dure la aprobación de la nueva ley, el endurecimiento del régimen sancionador, el refuerzo de la plantilla de inspectores y la publicación de un listado oficial de VUT con licencia y su ubicación real".

Es una medida que en Alicante ya ha pedido Compromís en pleno municipal, pero que el actual Gobierno municipal del popular Luis Barcala pide posponer hasta tener este uso inmobiliario regulado por el Plan general estructural que preparan sus técnicos de Urbanismo. Impedir las licencias significaría el aumento exponencial de la economía sumergida y la posibilidad de no acoger más visitantes. 

Así se lo exponía el propio alcalde a la consellera de Turismo, Nuria Montes, a inicios de este mes en la reunión que mantuvieron Ayuntamiento y Generalitat. "Tenemos un déficit importante de camas disponibles y necesitamos una mayor oferta, que regularemos a través de modificaciones en el planeamiento", resumió el alcalde alicantino.

Barcala habló con Montes, en lo que coincidió con la consellera alicantina, de la "necesidad de suelo dotacional de uso hotelero se regulará a través de modificaciones en el planeamiento y recalificaciones". Y el instrumento no puede ser otro que modificaciones puntuales del PGOU actual y en la tramitación del nuevo. No tardaron en llegar las críticas desde la izquierda, opuestos a los apartamentos turísticos y a aumentar la planta hotelera.

Entre tanto, desde la Generalitat ya se plantea como la próxima ley importante de la conselleria de Montes (ahora están inmersos en la de la energía), la regulación de la vivienda vacacional. Siempre, según fuentes de la conselleria, dejando autonomía y proporcionando herramientas a los ayuntamientos y comunidades de vecinos para que ellos decidan el camino a emprender.

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Además, quieren reforzar la plantilla de inspectores, actualmente 11 en toda la Comunitat Valenciana (4 en Alicante, 4 en valencia y 3 en Castellón) y las sanciones, apoyándose en planes de Inteligencia Artificial para localizar los pisos ilegales. Y es que el problema con el que se encuentran ahora los inspectores es que apenas hay denuncias y tiene que actuar de oficio.

La izquierda también se queja de que son escasas las intervenciones de estos inspectores, aunque se hayan duplicado las que PSOE, Compromís y podemos hacían hace tan solo unos meses cuando estaban en el Gobierno de la Generalitat. Y también son pocas las multas. Pero es que, como explican desde la Conselleria, el mecanismo sancionador inicia un periodo en el que el "incumplidor" puede regularizar su situación o sacar del mercado el piso, por lo que rara vez se llega a la sanción real.