Cajetines para las llaves de las viviendas de uso turístico.
Confirmado por la Ley de Propiedad: si tienes un piso turístico, la comunidad podrá cobrarte un 20% más
La normativa permite a las comunidades de vecinos imponer recargos y limitar el uso turístico de las viviendas bajo mayorías específicas establecidas por ley.
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La Ley de Propiedad Horizontal confirma que las comunidades de vecinos pueden imponer condiciones económicas más exigentes a las viviendas de uso turístico, incluyendo un aumento de hasta el 20% en su participación en los gastos comunes.
Los pisos turísticos llevan años en auge en España, impulsados por el tirón del alquiler vacacional y plataformas digitales. Sin embargo, esta tendencia no siempre encaja bien en la convivencia diaria de los edificios residenciales, donde muchos vecinos ven alterada su tranquilidad.
La rotación constante de inquilinos, el ruido, el uso intensivo de zonas comunes o la falta de control sobre quién entra y sale del inmueble son algunas de las quejas más habituales. A esto se suma una percepción creciente de que estos pisos generan un desgaste mayor en los servicios.
Qué dice la ley
Ante este escenario, la normativa trata de equilibrar intereses. El artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que la comunidad puede actuar frente a este tipo de actividad, siempre siguiendo determinados requisitos.
En concreto, el Boletín Oficial del Estado recoge que será necesario "el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios" para aprobar, limitar, condicionar o incluso prohibir el uso turístico de una vivienda en el edificio.
La ley también abre la puerta a medidas económicas. Según el propio texto legal, con esa misma mayoría se pueden acordar "cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad".
Hasta un 20% más
Ese incremento tiene un límite claro. El BOE especifica que estas modificaciones "no supongan un incremento superior al 20 %", lo que fija el techo que puede aplicar la comunidad a los propietarios de pisos turísticos.
Además, la norma deja claro que estos acuerdos "no tendrán efectos retroactivos", por lo que solo se aplicarán a partir de su aprobación.
Ante cualquier duda, los expertos recomiendan revisar detenidamente la Ley de Propiedad Horizontal, ya que en ella se detallan tanto los derechos como las obligaciones de los propietarios en este tipo de situaciones.
Otros acuerdos clave
Más allá del caso de los pisos turísticos, el artículo 17 regula múltiples decisiones relevantes dentro de una comunidad. Por ejemplo, establece que la instalación de energías renovables o nuevas infraestructuras de telecomunicaciones puede aprobarse con el respaldo de un tercio de los propietarios.
También fija que las obras de accesibilidad, como la instalación de ascensores, requieren mayoría simple, pero obligan a todos los vecinos a asumir el coste, incluso si supera doce mensualidades de gastos comunes.
En otros casos, como la creación o supresión de servicios de portería o vigilancia, la ley exige una mayoría cualificada de tres quintas partes. Y para modificar elementos esenciales del edificio o el título constitutivo, la unanimidad sigue siendo la regla general.
En Alicante
En la Comunidad Valenciana, el control sobre las viviendas de uso turístico se ha endurecido de forma notable desde 2024 y 2025, con un giro normativo que pone el foco en la convivencia vecinal.
Desde abril de 2025, la Generalitat exige que cualquier nueva licencia en edificios residenciales cuente con el respaldo expreso de la comunidad de propietarios, mediante una mayoría cualificada de tres quintos ( 60%), en línea con la normativa estatal.
En Alicante ciudad, la regulación es aún más restrictiva. El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la modificación del PGOU que limita el crecimiento de este tipo de alojamientos con un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante, lo que en la práctica frena nuevas licencias en zonas saturadas. La ciudad mantiene también una moratoria de licencias de dos años y refuerza las inspecciones.
