El Centro Logístico de Riegos de Levante Margen Derecha de Rojales acogió ayer un foro para el análisis socioeconómico de los continuos recortes de caudales en el trasvase Tajo-Segura. En él, los expertos abogaron por incrementar los recursos contencioso-administrativos de en Tribunal Supremo para buscar la nulidad de los "caudales ecológicos del Tajo" como la mejor solución jurídica al problema.

Andrés Molina Giménez, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (UA), expuso claramente cómo "el fracaso de la vía legislativa para cancelar el Acueducto Tajo-Segura mediante el Estatuto de Castilla-La Mancha (abril de 2008) ha evolucionado a una estrategia de reducción progresiva del trasvase por vía reglamentaria: planificación hidrológica y reforma de la regla de explotación.

También, por medio de decisiones administrativas en los trasvases mensuales. En su opinión, "el objetivo es desnaturalizar el trasvase, vaciarlo de contenido; no tocar su estructura legislativa, pero reducir al máximo, indirectamente, las aportaciones".

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Ante esta situación, el profesor Molina adelantó que será inevitable incrementar "la presentación de recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo, buscando la nulidad de pleno derecho los caudales ecológicos".

Para ello, los afectados deberían exponer como principales motivos de nulidad, las insuficiencias en el proceso participativo, la ausencia de concertación con el sector, la arbitrariedad en la fijación de los caudales ecológicos, el hecho de que los caudales ecológicos son contrarios a la Ley (infracción del principio de legalidad), ya que impiden la aplicación efectiva de los objetivos previstos en la legislación que regula el acueducto. 

Según Molina, "tanto si se lograra su anulación como si no, existen fundamentos jurídicos más que suficientes para plantear una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que la elevación de los caudales ecológicos causará un perjuicio en los usuarios del acueducto que estos no tienen el deber jurídico de soportar".

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Y es que el profesor expuso que "los usuarios tienen un derecho subjetivo reconocido por la legislación del acueducto del trasvase, que se va a ver seriamente menoscabado, generándoles perjuicios actuales, efectivos, individualizables, y que son susceptibles de ser evaluados. Y esos perjuicios no pueden ser compensados con la aportación de agua de otra procedencia, toda vez que los costes del agua desalada o regenerada son muy superiores, por lo que el perjuicio patrimonial es evidente".  

Empleo y Medio Ambiente

Por su parte, Alberto del Villar García, expuso que "el regadío es una actividad estratégica en la región que desempeña una labor esencial en la creación de valor de las actividades económicas regionales. Por sí sólo, el sector genera una producción de más de 1.900 millones de euros, con una aportación al VAB nacional de unos 870 millones de euros, y emplea a unos 30.100 trabajadores".

Además, de forma indirecta genera unos 2.740 millones de euros y aporta unos 67.000 empleos en la región. A esto se añade que los cultivos de regadío son un sumidero de carbono, cuyo resultado neto anual se estima en la fijación de entre unas 707.276 y 1.208.084 toneladas CO2/año. 

Por último, el profesor Joaquín Melgarejo, director de la Cátedra del Agua UA y la Diputación de Alicante, estimó que desde la toma de posesión de la ministra Teresa Ribera del Ministerio de Transición Ecológica en junio de 2018, se han producido de forma arbitraria, en contra de las recomendaciones de la Comisión Central de Explotación, una reducción de 147,3 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura.

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Y, ha insistido en que "cada hectómetro cúbico que se deja de trasvasar tiene un impacto económico (VAB, valor añadido bruto) de 4 millones de euros y una repercusión negativa sobre el empleo de 86,3". 

Así, ha explicado el profesor, "el monto total de pérdidas económicas producidas como consecuencia de las decisiones arbitrarias de la ministra, no motivadas, para la cuenca receptora de los caudales procedentes del trasvase Tajo-Segura durante estos 4 años ascienden a 590,8 millones de euros. De los cuales a la provincia de Alicante le afecta en unos 180 millones de euros".