CSIF ha denunciado la presión laboral en la Inspección de Trabajo y ha pedido por escrito a la Dirección Territorial una evaluación de riesgos psicosociales de los empleados públicos, unos doscientos cincuenta en la Comunidad Valenciana, ante "la falta de información" sobre las bajas por Covid en la pandemia en este organismo.

El sindicato forma parte de una plataforma que había convocado para este miércoles una jornada de huelga en los centros de inspección de toda España en protesta por "la carencia de medios humanos, materiales y tecnológicos que los empleados sufren cada día mientras intentan realizar sus funciones". Con ella se quería denunciar también las "presiones laborales a inspectores y subinspectores que resultan inaceptables y vergonzosas para esta institución", informa en un comunicado que recoge Efe.

Las movilizaciones que los diversos sindicatos estaban realizando reivindican un mayor reconocimiento a estos profesionales y más medios personales y materiales. La negociación con el Ministerio de Trabajo ha dado como fruto este martes una tregua de tres meses. Como destacan los diferentes representantes del comité de huelga se ha llegado a un acuerdo de mínimos y así han decidido desconvocar el paro previsto para este miércoles en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Entre sus peticiones, CSIF reclamaba una evaluación de riesgos psicosociales al personal de Inspección de Trabajo en la provincia de Valencia para identificar los posibles riesgos y determinar las medidas que pueden adoptar los empleados públicos.

La división tras el acuerdo

CSIF también demanda saber las cifras de los positivos confirmados desde 2020 y los activos en la actualidad, además del número de bajas por Covid desde que comenzó la pandemia y, si se han producido, la cifra de fallecidos, entre otros datos. Del mismo modo, reclama resultados y fechas de las últimas mediciones de CO2 realizadas por los técnicos de prevención en el centro de trabajo. El sindicato pregunta si la Inspección de Trabajo dispone de filtros HEPA y medidores de CO2 en sus instalaciones, así como saber las actuaciones llevadas a cabo en el organismo para reducir el riesgo de contagio por Covid desde el año 2020.

Comisiones Obreras, por su parte, ha puntualizado a través de otro comunicado que la decisión de desconvocar la huelga se ha adoptado por una apretada mayoría de las organizaciones que integran la plataforma. Esta había aceptado las condiciones ofrecidas por la Administración de transformar en estructurales 200 puestos de funcionarios interinos vinculados a vacantes. Además, ofrece 6 millones de euros en productividad excepcional que se repartirá en una horquilla entre 2.100 y 1.100 euros entre todos los miembros de la plantilla.

Ante la fragmentación de la plataforma, CC. OO. ha indicado que no ha querido romper la unidad de la plantilla. Por ello, no ha tomado ninguna decisión que contribuyese a dividir a los trabajadores, aunque considera que el papel de esta plataforma ha quedado agotado en este momento. CCOO subraya que no hubiera desconvocado la huelga pues considera que las dos medidas aceptadas son un parche que no solucionan los problemas que arrastra la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.