La Mesa redonda celebrada ayer para dar a conocer los planes de cuenca de los ríos españoles entre los años 2021 y 2027 contó con la participación de los regantes. Acudió Juan Valero de Palma, secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore). Pero el malestar fue visible. Acusan a la ministra de hacer más guiños al ecologismo que a los agricultores.

Los datos del Ministerio sobre llegar a los 8,6 m3/s en 2027 , filtrados por la tarde, no dejan lugar a la duda. Desde el Ministerio quieren ir reduciendo paulatinamente las aportaciones de unas cuencas a otras y cambiarlas por agua de las desaladoras, cinco veces más cara. Y prometen que harán plantas fotovoltáicas para abaratar el coste.

Los regantes acusan al Ministerio para la Transición Ecológica de ceder a los argumentos de los ecologistas. Concretamente a los expresados en la Mesa por Erika González, de Ecologistas en Acción, que según los agricultores apeló a la vuelta al secano en provincias como Almería, Murcia y Alicante.

José Antonio Andújar, vicepresidente de Fenacore, aseguró que esas premisas responden "al desconocimiento de la historia y el hambre que se ha pasado en el Levante históricamente. Al desconocimiento de lo que antes era la otra España vaciada que tanto les preocupa ahora".

En este sentido, exigió al Ministerio que lean lo que decían los regeneracionistas y economistas como Tomás Martínez en la época. "Volver al secano es volver a la pobreza y el hambre. El regadío es ecológico porque no contamina, hace un buen uso del agua y mantiene el mundo rural", destacó.

La justificación

En su intervención la ministra Teresa Ribera aseguró que “nuestro país ya está experimentando serias alteraciones del régimen hídrico y las previsiones a medio y largo plazo alertan de una reducción de la disponibilidad de agua, del aumento de las superficies áridas o semiáridas y de una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos”.

Y en este sentido, aseguró que "los Planes Hidrológicos no pueden seguir avalando prácticas del pasado que nos han conducido a la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de las masas de agua y el deterioro de nuestros ríos”.

En suma, ir sustituyendo el agua transferida desde cuencas por el agua desalada: "la nueva planificación pretende mejorar las garantías de suministro, lo que dará mayor protagonismo a la desalación y a la reutilización como fórmulas para equilibrar la oferta con las demandas, sobre todo en los territorios que sufren estrés hídrico".

Acueducto del trasvase Tajo-Segura.

En este sentido, Ándujar se preguntó por la contaminación difusa por boro que produce el agua desalada en los cultivos, así como el CO2 emitido por las centrales para conseguir la electricidad necesaria en el proceso de desalación. 

PSOE y PP, enfrentados

Para el Consell, el hecho de que se haya aplazado el aumento de caudales ecológicos en el Tajo hasta 2026 "es un primer paso el plan del trasvase Tajo-Segura porque garantiza el envío de agua para los regantes alicantinos los próximos años".

En su acto del domingo en Alicante, Ximo Puig, aseguró que se estaba negociando dejarlos en 7 m3/s. Y al final eso es sólo hasta 2026, cuando llegará el verdadero corte del grifo.

"El Ejecutivo central se compromete a realizar mientras tanto obras de mejora por valor de más de 500 millones de euros que permitirán consolidar el acceso a los recurso hídricos", añadieron.

Río Tajo a su paso por Toledo, uno de los lugares donde se calculará el caudal.

Frente a él, el nuevo presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, ha acusado esta tarde al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de “permitir la sentencia de muerte del Segura y de la huerta de la Vega Baja con su incapacidad para defender los intereses de la provincia de Alicante y con su servilismo ante Pedro Sánchez”. 

“Ximo Puig ha sido incapaz de defender el agua para esta provincia pese a que le hemos oído decir que el trasvase es irrenunciable. ¿Qué va a decir ahora? Nos engaña y nos dice una cosa, pero permite otra”, ha zanjado Pérez.

Todavía más contundente se ha mostrado la también popular y vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante, Ana Serna, desde la institución. Ha acusado  a Puig, de “ser cómplice de Pedro Sánchez en el crimen económico y medioambiental” que supondrá para la provincia de Alicante el incremento gradual del caudal ecológico del Tajo, hasta alcanzar los 8,6 m3/s por segundo en el año 2027. 

“La ministra Teresa Ribera va a ir reduciendo progresivamente las aportaciones al trasvase hasta matarlo, porque ese ha sido siempre su objetivo”, ha señalado Serna.

Para la diputada “es evidente que el president Puig conocía las intenciones de la ministra Teresa Ribera y, por tanto, ha estado engañando a agricultores y regantes y al conjunto de la sociedad de la provincia de Alicante”, concluyó.