De defender la costa de Alicante de los ataques piratas, la torre Placia pasó a estar encajonada entre chalets. Después de años de batalla judicial sobre si demolían estas viviendas o se trasladaba la fortificación, el Ministerio de Cultura avala la propuesta del Ayuntamiento para desmontarla y reconstruirla.

El origen de este problema está en 1996 cuando se aprobó el Plan Parcial La Condomina, como explica la resolución ministerial. Esta actuación "afectó a gran parte de la Huerta de Alicante y modificó de forma sustancial la fisonomía de la zona".

Eso se tradujo en que esta Torre que había presidido la zona pasó a estar "rodeada de viviendas unifamiliares" a las que se les había concedido licencia de obras en el año 2000. Y así se inició una batalla judicial de más de dos décadas.

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El propietario de la torre acudió a los tribunales para recurrirlo hasta que en 2004 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anula la licencia. Así ordena al Ayuntamiento de Alicante la adopción de las medidas necesarias, incluida la demolición, que posibiliten la restauración de la legalidad patrimonio cultural vulnerada.

A pesar de esa sentencia tuvo que pasar una década y fue en 2014 cuando el mismo tribunal pide que se ejecute. Así requirió al Ayuntamiento a que procediese a demoler cuantas construcciones, obras o viviendas vulnerasen el espacio comprendido en un radio de 25 metros desde la Torre Placia. De haberse cumplido, se habrían demolido 11 viviendas unifamiliares construidas y habitadas.

Ese mismo año el Ayuntamiento inicia expediente de solicitud de traslado del considerado como Bien de Interés Cultural ante la Generalitat Valenciana. Y esta lo traslada al Ministerio de Cultura, por considerar que era competencia del Estado.

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¿Y si se quita de allí a dónde se llevaría? Este es otro de los aspectos que se ha abordado para aprobarlo ya que se tiene en cuenta la importancia de un monumento en su entorno. Por eso el Ayuntamiento de Alicante presenta propuesta para trasladar "por causa de interés social" la torre desde su actual emplazamiento en la calle Clara de Campoamor a la parcela delimitada por la calle Juana Francés y las avenidas pintor Pérezgil y Conrado Albaladejo.

En este largo proceso, el Ayuntamiento compra en 2017 a los propietarios la torre para "proceder a la licitación del proyecto e inicio de las obras de traslado". Pero tienen que pasar otros cuatro años para que presenten en Madrid el Proyecto Básico y de Ejecución de las Obras. Inmediatamente reciben el no por respuesta porque "la solución impuesta por sentencia judicial para poner en valor el monumento en otro emplazamiento producirá el efecto contrario al pretendido, reduciendo a mínimos el valor cultural de la construcción".

Ahí se vuelve a un cruce de envíos entre Ayuntamiento y Ministerio que dura dos años para ajustar la propuesta y que esta salga adelante. Este es el que finalmente se ha resuelto y en el que se detalla cómo se realizará.

Las condiciones

"Actualmente la tecnología digital puede avalar un traslado piedra a piedra con las mismas garantías con las que con anterioridad se han llevado a cabo traslados de piezas de cantería", indica esta resolución.

Así, marcan una serie de criterios para su cumplimiento. Entre ellos que "deben garantizarse principios básicos como los de autenticidad, mínima intervención,
discernibilidad de actuaciones, rigor científico y respeto de todas las épocas existentes".

Eso implica una serie de pruebas que se tendrán que hacer por parte de los expertos que justifiquen que se están cumpliendo esas condiciones. Entre ellas mencionan que la nueva cimentación debe "incluir soluciones que eliminen el riesgo de ascensión capilar, evitando que la fábrica histórica se contamine de eflorescencias provenientes del cemento".