Marcos Zaragoza (PP),a su entrada en los juzgados de Villajoyosa para declarar como investigado.
El lío policial en Villajoyosa no cesa: el alcalde convoca a la desesperada tres vacantes clave de inspector por dos vías
Tras un año de parón desde la aprobación en Pleno de la RPT y con causas en los tribunales, el consistorio de Marcos Zaragoza (PP) ejecuta a contrarreloj la reestructuración de la cúpula del cuerpo.
Más información: Fiscalía pide el archivo de la vía penal para el alcalde de La Vila por los ascensos en la policía local, pero afea su ‘opacidad’
El cuerpo de la Policía Local de Villajoyosa vuelve a tensionarse cuando se pone en marcha la cuenta atrás del calendario electoral. La gestión del equipo de gobierno encabezado por el alcalde, Marcos Zaragoza (PP), ha sumado un nuevo capítulo a la convulsa trayectoria del cuerpo armado con la apertura simultánea de dos procesos administrativos para cubrir de forma inmediata la escala técnica del personal policial.
Por un lado, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Alicante ha publicado las bases acordadas mediante la Resolución de Alcaldía n.º 2026-3925 para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de tres plazas de inspector encuadradas en el Subgrupo A2. Por otro lado, con apenas dos días de diferencia en su difusión pública mediante el tablón de anuncios municipal, la Alcaldía ha decretado la apertura de una convocatoria interna de urgencia para la asignación temporal de funciones de esos mismos tres puestos.
La duplicidad de convocatorias para idénticas responsabilidades vuelve a colocar bajo la lupa la política de Recursos Humanos del consistorio vilero. La justificación oficial para acudir a esta fórmula provisional queda explicitada en la propia norma reguladora, la cual determina como causa habilitante “la existencia de puestos vacantes pendientes de provisión cuando resulte imprescindible asegurar la continuidad del servicio”.
Según recoge el texto firmado por el primer edil, “la existencia de tres puestos vacantes de Inspector/a, de los cuatro previstos en la vigente RPT, hace necesario adoptar temporalmente una medida organizativa que permita mantener una estructura de mando suficiente y garantizar la adecuada organización, coordinación, supervisión y continuidad de los servicios policiales mientras se culmina el procedimiento para su cobertura reglamentaria”.
Sin embargo, el trasfondo de esta prisa administrativa no se explica únicamente por razones operativas de última hora. La Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana fija de manera estricta las proporciones orgánicas en las plantillas municipales, impidiendo mantener la figura de dos intendentes si la escala técnica no se sustenta al menos en cuatro inspectores.
En la actualidad, el organigrama del municipio presenta una marcada distorsión: conviven un comisario interino con plaza de intendente en propiedad al que se han rebajado cometidos (J. A.); un intendente con plaza en propiedad (J. C. M.); y un único inspector en propiedad (J. L. A.). Esta asimetría en la cúpula del cuerpo explica la necesidad legal de dotar de forma urgente la escala inferior de mando.
La paradoja reside en los tiempos manejados por la corporación municipal. Aunque la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que estructuraba estas plazas fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria el 27 de noviembre de 2025 y publicada formalmente en el BOP el 17 de diciembre de 2025, el equipo de gobierno ha dejado transcurrir cerca de diez meses antes de activar los mecanismos de selección.
La repentina urgencia por cubrir estos puestos de forma temporal -por un periodo que “en ningún caso podrá exceder de un año”- contrasta con el prolongado margen de inactividad previa. Fuentes del entorno municipal vinculan este acelerón al horizonte de las elecciones municipales de mayo de 2027 y a la necesidad de blindar jurídicamente la cadena de mando antes de adentrarse en la recta final del mandato.
Además, este movimiento se produce en un escenario sumamente convulso, salpicado por continuas polémicas y causas judiciales que han salpicado a la cúpula consistorial. Entre los episodios más controvertidos figura la causa abierta a raíz de las denuncias formuladas ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en la gestión del personal y los nombramientos en el cuerpo policial. A ello se suma la marejada generada tras la sustitución de la plaza de bibliotecario para reconvertirla en un puesto de intendente, una decisión que desató duras críticas políticas e institucionales.
![Estado en que se encuentran las instalaciones de Protección Civil de Villajoyosa y una imagen de archivo de los voluntarios.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11340117.jpg?p=w:1706\/h:960&h=vQiDnlNi"])
Aunque la Fiscalía llegó a solicitar el archivo en la vía penal de las investigaciones abiertas al alcalde por presunta opacidad en los ascensos de la Policía Local, los reproches al modelo de gestión de personal no han dejado de sucederse. En este complejo marco judicial y administrativo, la asignación temporal de funciones abre un proceso urgente con un plazo de presentación de instancias de tan solo tres días hábiles, supeditando la selección a un baremo que primará la experiencia, la formación y la antigüedad en la plantilla municipal.
Las bases estipulan claramente que esta medida “constituye exclusivamente una medida organizativa excepcional” y que “en ningún caso la asignación temporal comportará merma de las retribuciones correspondientes al puesto de origen”, garantizando las retribuciones del puesto de inspector mientras se dirime el proceso selectivo definitivo. El desenlace de ambas convocatorias determinará si Zaragoza logra encauzar la estructura legal de su Policía Local o si, por el contrario, esta cobertura de urgencia añade más malestar en el seno del cuerpo policial.
