Sant Joan 'blindará' las viviendas de Nou Nazareth para los vecinos: el arraigo será clave para comprar

El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant planta cara a las posibles irregularidades en la joya de su corona urbanística. El consistorio ha anunciado este miércoles que establecerá baremos de puntuación específicos para la adquisición de las futuras viviendas de protección pública (VPP) en el sector de Nou Nazareth.

El objetivo es rotundo: garantizar que los santjoaners tengan prioridad absoluta frente a inversores o solicitantes foráneos.

Esta medida busca atajar cualquier intento de "mala praxis" por parte de las promotoras, tras las denuncias por presunta comercialización irregular que ya investigan tanto el Ayuntamiento como la Conselleria de Vivienda.

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¿Quién tendrá prioridad para comprar? El alcalde, Santiago Román, ha detallado que, además de cumplir los requisitos legales de la Generalitat, los interesados deberán demostrar su vinculación con el municipio a través de cuatro criterios de puntuación:

Empadronamiento: Se premiará la antigüedad en el municipio. También sumarán puntos aquellos que, aunque no vivan actualmente en Sant Joan, lo hayan estado en años anteriores.

Centro de trabajo: Quienes trabajen en Sant Joan pero residan fuera también podrán puntuar, aunque con una valoración inferior a los empadronados.

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Mayores de 65 años: Se reservará puntuación extra para las unidades de convivencia que cuenten con una o más personas de esta franja de edad.

Discapacidad: Las familias con miembros que tengan una discapacidad igual o superior al 33% tendrán preferencia en el baremo.

El Ayuntamiento habilitará un registro municipal de demandantes para evitar que las promotoras gestionen las listas de espera a su antojo. Los interesados deberán inscribirse en este listado municipal antes de que las viviendas salgan a la venta de forma oficial.

Transparencia

"Queremos que cuando comience el proceso se cumplan los principios de seguridad jurídica, transparencia y arraigo", ha subrayado el alcalde del Partido Popular.

Esta nueva normativa se inspira en el modelo que el municipio ya ha planteado para las 525 viviendas de alquiler proyectadas en el sector de L’Alqueria, consolidando una política de vivienda que "blinda" el suelo público para el uso de sus propios vecinos.

El pasado viernes, 27 de febrero, el Ayuntamiento anunciaba que había detectado, a través de correos electrónicos y publicidad en medios digitales, que la promotora adjudicataria de esta parcela municipal licitada en 2025 estaría comercializando las futuras VPP en una inmobiliaria de Alicante.

Román se ha mostrado especialmente duro con este tema tan sensible y explicaba que se había planteado incluso la posible revocación de la adjudicación, ya que la parcela continúa siendo de titularidad municipal.